Palabras y cifras impactantes. En la Cumbre del Clima-COP 25 que se acaba de clausurar en Madrid, el máximo mandatario de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, aseguraba que el camino de no retorno del planeta hacia las energías renovables será una oportunidad de crecimiento económico y un sumidero de creación de empleo, palabras corroboradas por la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, quién exponía que en España "podríamos crear entre 250.000 y 350.000 empleos" entre 2021 y 2030. "Hace un año -el 31 de diciembre de 2019- que cerraron las minas de carbón y aquí aún no hemos visto ni un solo euro ni un puesto de trabajo alternativo", claman sin embargo en las comarcas mineras españolas.
En Mieres o Langreo, el corazón de las cuencas mineras asturianas, la tasa de paro se sitúa en el entorno del 21%; en la cuenca castellanoleonesa alrededor del 18%; en Aragón el desempleo es más cercano a la media nacional, pero en todas ellas el paro juvenil es galopante, la despoblación avanza... Y ya no está la mina para trabajar y sacar carbón. Por ello, entre los habitantes y los dirigentes políticos y sindicales de las comarcas aparece una mueca mezcla de disgusto, incredulidad, y hasta de rabia, cuando escuchan lo de la transición justa.
"La transición hacia una economía baja en carbono supone una oportunidad de crecimiento de 26 billones de dólares que podría crear 65 millones de empleos para 2030", señalaba Guterres en Madrid, quien ponía como ejemplo a España: "Muchos gobiernos y negocios ya han entrado en la carrera para capitalizar la economía verde en un nuevo modelo, y España es un excelente ejemplo de cómo el diálogo con los trabajadores puede llevar a una sociedad más próspera", decía este jueves el secretario general de la ONU.
Ángel es un minero leonés, trabajador de una subcontrata minera, que quedó en el paro en diciembre pasado cuando cerró la explotación en la que trabajaba, "y así sigo, en el paro". Jefrey Fernández es uno de los últimos del pozo Salgueiro, de la empresa Uminsa en Torre del Bierzo (León), que está en el paro desde que en noviembre del pasado año cerró la mina en la que trabajaba Y ahí sigue, "parado", como la mayoría de mineros de la zona. "Todo se ha quedado en palabras vacías, en palabrería. Las transición justa no ha llegado aquí todavía. Es otro engaño más de todos los que hemos tenido que sufrir los trabajadores de la minería en los últimos años".
En octubre de 2018, la Administración central y los sindicatos firmaron el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027. El acuerdo ponía fin a la actividad minera del carbón en España y establecía una serie de compensaciones para los trabajadores y las regiones mineras, abocadas durante dos siglos al monocultivo del carbón como su única actividad económica. Un año después de aquel acuerdo, "parece que solo hay dinero para las prejubilaciones, pero de la reactivación económica, nada de nada, por el momento", asegura un sindicalista que estampó su firma en aquel acuerdo.
Incluso, en febrero, el Gobierno aprobó un plan dotado con 422 millones de euros, que hace unas semanas la ministra Teresa Ribera anunció que se incrementaría hasta los 600, para compensar el cierre de las minas de carbón, la centrales térmicas y las nucleares. Y sí, se han firmado ya algunos convenios para la recuperación medioambiental de minas, pero la parálisis institucional que vive España desde hace un año, con un ejecutivo en funciones, impide ir más allá, aseguran fuentes gubernamentales. Lo cierto es que en las comarcas mineras insisten: "aquí, de momento, nada de nada".
A la espera del dinero de la UE
El alcalde de Villablino y presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), el socialista Mario Rivas, lo viene dejando claro desde hace meses: "Está claro que debemos de ir hacia un a economía descarbonizada, pero aquí se echó el cerrojo a las minas de manera muy rápida, prematura y hasta un tanto desordenada y llevamos ya un año de parálisis en los municipios de mineros en los que no vemos como esa transición, que algunos denominan justa, llega y se acerca a las personas, es el mayor clamor que estamos haciendo desde Acom, que hay que abastecer a las personas con realidades, que hay que poner una partida presupuestaria sobre la mesa y empezar a ejecutarla".
Incluso el Secretario de minería de UGT-FICA, Víctor Fernández, y el máximo dirigente del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), José Luis Alperi, lo expusieron este jueves en la Cumbre del Clima. Ambos insisteron en la necesidad de que el último pacto firmado, el Acuerdo Marco 2019-2027, se cumpla íntegramente "a la mayor brevedad", al tiempo que reclamaron la creación de empresas y empleo alternativo allí donde se destruye, junto a una transición justa del carbón hacia nuevas actividades y que ningún excedente se quede sin recolocar.
Precisamente en los fondos europeos parece que puede abrirse una ventana de oportunidad para que haya una transición justa en las comarcas mineras españolas. La Comisión Europea prevé movilizar en el periodo 2021-2027, 35.000 millones de euros para la transición energética y de esta cantidad, 5.000 millones irán destinados directamente a las 50 regiones europeas (entre ellas seis españolas, Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Galicía y Andalucía) que más han sufrido por la descarbonización de la economía.
Planes para el 'proyecto Andorra'
El alcalde de Andorra (Teruel), Antonio Amador, que ve como la central térmica de Endesa, motor económico de la comarca, cierra irremisiblemente, espera que estos fondos "se repartan equitativamente y vayan a las regiones que más estamos sufriendo, creen oportunidades para el territorio y marquen el referente sobre cómo debe abordarse la transición ecológica en el resto de Europa". Y es que el carbón apilado para quemarse en la central térmica de Andorra, como sucede en la de Compostilla (León), se agota, y en poco tiempo ambas instalaciones dejarán de echar humo y CO2 por sus chimeneas. Los trabajadores de las subcontratas ya no están y los de Endesa se irán en breve de la central. Hay algunas recolocaciones y traslado de trabajadores a otras instalaciones de Endesa, pero el delegado de CCOO en la térmica de Andorra, Antonio Planas, considera que "esto no es una transición justa ni nada que se le parezca".
José Bogas, consejero delegado de Endesa, explicaba esta semana en el Panel de Empleo y Transición Energética de la COP 25 el plan de la compañía para sustituir los 1.100 megavatios(MW) de la planta de carbón de Teruel, por 1.725 MW renovables (solar y eólica), con una inversión de 1.487 millones de euros. En un principio, explicó Bogas, el 'proyecto Andorra' compatibilizará el desmantelamiento de la actual infraestructura térmica con la construcción del nuevo proyecto y se crearán “700 empleos anuales hasta 2026", y luego "se mantendrán 120 puestos de trabajo (la actual térmica emplea a 150 personas) estables".
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