La cotización de los estudiantes en prácticas fue recogida en la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023, sin embargo, la entrada en vigor de esta obligación se fue retrasando y no tuvo plenos efectos hasta enero de este año. Antes, solo los becarios que obtenían una remuneración por esta formación práctica hacían aportaciones a la Seguridad Social, ya que en la reforma de 2011 se fijó que era obligatorio solo si las prácticas eran remuneradas. Este diseño perjudicaba a miles de investigadores y estudiantes universitarios a la hora de acceder a la jubilación o a las pensiones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, por lo que el Gobierno ha lanzado un convenio que pueden suscribir los ex-becarios para "comprar" tiempo cotizado.
El problema es que tendrá un coste de 254,24 euros por cada uno de los meses que se quieran sumar como tiempo cotizado, de forma que para "recuperar" los cinco años que se establecen como máximo el precio ascendería a 15.254 euros, de acuerdo con los cálculos elaborados por La Información a partir de los datos de la memoria del análisis de impacto normativo de la orden ministerial ISM/386/2024. En este texto, el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que "como máximo, se acogerían a este convenio un 1% de sus posibles beneficiarios (35.734)", un pinchazo que atribuye en primer lugar al coste antes indicado y a que afecta al inicio de la carrera profesional.
Las estimaciones, que llevan la firma del departamento que dirige Elma Saiz, parten de las matriculaciones en universidades y formación profesional del curso 2021-2022 y avanzan que los ingresos por estas cotizaciones serían de 9,09 millones de euros al año. Una cifra que crecería si también lo hiciera el número de interesados frente a lo previsto, dado que los potenciales beneficiarios son más de 752.000 ex-becarios los que podrían abonar toda la cuantía en un solo pago o fraccionarlo en tantas cuotas como meses de cotización quieran conseguir, según recoge la orden publicada en el BOE. No obstante, el coste hace avanzar que solo los investigadores o estudiantes que hayan acumulado varios años en esta situación buscarán firmar el convenio.
Negociaciones sobre el Estatuto del Becario
Este era un compromiso que el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adquirió con los sindicatos y que ve la luz más de un año después de que se cerrara el segundo acuerdo para reformar el sistema público de pensiones -del que no formó parte CEOE-. No obstante, se cumple de forma descafeinada según denuncia CCOO. El Gobierno iba a ampliar de dos a cinco años el máximo canjeable, pero finalmente los que ya 'recuperasen' dos años en 2011 no podrán sumar ahora otros cinco, a pesar de que el Ministerio había ofrecido esta extensión para compensar la demora en tres meses de la entrada en vigor de la cotización obligatoria -prevista para octubre- por la presión de las universidades, con la negociación del Estatuto del Becario en curso.
Esta norma estaba impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz, aunque nunca ha llegado a ser aprobada a pesar de que el acuerdo con los representantes de los trabajadores fue presentado hace casi un año (junio 2023). Se trata de un fleco pendiente de la reforma laboral de 2021 y busca proteger más a los estudiantes que realizan prácticas en empresas o instituciones públicas, con independencia de si forman parte de su itinerario formativo o si obtienen una compensación económica por ellas. El texto se cerró tras una extensa negociación que se reabrió en una ocasión para intentar sumar a los empresarios al acuerdo y establece un límite máximo de 480 horas para las prácticas extracurriculares.
El ala socialista del Gobierno obstaculizó su aprobación en Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del pasado julio, porque desde la cartera que dirigía Nadia Calviño se entendía que estaba "verde". No obstante, de forma oficial se aludió a prioridades de agenda para esquivar su aprobación. Ahora el Ministerio de Trabajo tiene intención de sacarlo adelante en forma de proyecto de ley, es decir, llevándolo directamente al Congreso de los Diputados "en breve", según trasladaron fuentes del departamento a este medio hace unas semanas, si bien por el momento no se ha producido este movimiento. El equipo de Díaz tiene previsto hacer una consulta a los agentes sociales para confirmar que siguen en la misma posición, pero no habrá una nueva negociación, dado que CCOO y UGT han dejado clara su negativa.
