La gestora de autopistas Abertis, del grupo ACS, se ha adjudicado el concurso para gestionar cuatro autopistas en Puerto Rico dentro del proceso de privatización puesto en marcha por el país latinoamericano. Lo ha hecho tras presentar una oferta de 2.850 millones de dólares (2.700 millones de euros) por las últimas autopistas públicas de peaje que gestionaba la administración isleña, y que representan el 60% del tráfico total del país.
De esta forma, Abertis será la encargada de rehabilitar, operar y mantener las cuatro autopistas de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66 durante los próximos 40 años, después de presentar la oferta más competitiva de todas las presentadas a la licitación. Lo hará a través de su filial puertorriqueña Metropistas, de la que es accionista mayoritario.
ACS y Mundys inyectarán capital
Para financiar la operación, Abertis ha anunciado una ampliación de capital de 1.300 millones de euros a aportar por sus accionistas principales, ACS y Mundys. La operación también permitirá sanear un balance al que también hay que cargar la adquisición de la autovía SH-288 en Texas (Estados Unidos), valorada en 1.532 millones de dólares.
La compañía asegura que esta operación, que también se financiará con nueva deuda bancaria y con caja disponible, permitirá mantener una estructura de capital óptima y preservar su calificación crediticia. La operación se cerrará antes de fin de año y las concesiones comenzarán a operarse a partir del 1 de enero, siguiendo los estándares de operaciones, seguridad, calidad y sostenibilidad de Metropistas.
Abertis, presente en Puerto Rico desde hace dos décadas, ya gestionaba dos autovías, la PR-5 y la PR-22, así como el Puente Teodoro Moscoso. Las tres carreteras adquiridas, calificadas como "altamente estratégicas" al conectar con el área metropolitana de San Juan y el sur y este de la isla, suponen el 60% del tráfico total del país. En 2022 generaron 153 millones de dólares de ingresos y su tráfico creció un 8% en los seis primeros meses del presente año.
Abertis ha destacado que Puerto Rico cuente con un sistema legal "sólido, organizado y bien desarrollado" donde se aplican las leyes federales de Estados Unidos. "Esta operación supone un importante refuerzo en uno de nuestros mercados prioritarios como es el americano, y es la confirmación de que nuestra estrategia de crecimiento es clara", ha expresado José Aljaro, consejero delegado de la compañía.
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