Aena ha dado un giro al reglamento de su consejo de administración para obligar a sus consejeros a revelar sus causas penales. La empresa pública ha cambiado el artículo 13 -'Dimisión, separación y cese'- de su norma interna para introducir una nueva cláusula que impone a sus ejecutivos el deber de "informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales". Hasta ahora, este compromiso en aras de la transparencia no constaba en el código de conducta de la cotizada.
El reglamento previo obligaba a los miembros del consejo de Aena a poner su cargo a disposición de dicho órgano de gobierno en caso de que conductas o hechos imputables a cualquiera de ellos amenazase con causar graves daños a la sociedad, tanto a su patrimonio como a su reputación. El último cambio estrecha todavía más el cerco sobe los ejecutivos del grupo y extiende este deber a incidencias de cualquier índole "relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad". Entre las novedades que ha introducido el gestor aeroportuario en su normativa se cuenta un nuevo trámite indispensable para formalizar la salida de alguno de sus consejeros: desde ahora cualquier propuesta de dimisión deberá venir avalada por un informe de la Comisión de Nombramientos.
Hasta el momento, Aena enumeraba una serie de circunstancias que, por sí solas, justificaban que el consejo moviera ficha para apartar a uno de sus miembros del ejecutivo. Entre ellas, la pérdida de "honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia" o cualquier eventualidad que hiciera a un consejero incurrir en algún supuesto de incompatibilidad. Pero desde ahora, el consejo no podrá exigir la salida de uno de sus miembros sin un informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, que actualmente pilota el consejero independiente Amancio López Seijas, presidente del Grupo Hotusa quien fue reelegido en la junta del pasado 29 de octubre.
Solo con el aval de la comisión de nombramientos, el consejo de Aena podrá exigir la dimisión de uno de sus miembros y elevar a la junta general de accionistas la propuesta de separación de uno de sus ejecutivos. El cambio en el ordenamiento de la compañía sigue la línea que han marcado otras empresas públicas tales como Indra, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cuenta con un 18,7% del capital social de la empresa. La sociedad que preside Fernando Abril-Martorell impone a sus consejeros el deber de informar a la sociedad sobre su historial judicial desde 2012. Al igual que Aena, Indra ha incluido
La última actualización del reglamento interno de Aena obliga a que la mayoría de los cinco consejeros que componen la Comisión de Nombramientos cumplan con la categoría de independientes
La nueva responsabilidad que Aena impone a la citada comisión no es el único cambio que afectará al desarrollo de las funciones de este órgano, que cuenta entre sus filas con los consejeros dominicales Ángel Luis Arias Serrano y Chris Horn -en representación del fondo activista The Children Investment (TCI)-. La última actualización del reglamento interno del gestor aeroportuario impone que de los cinco consejeros que componen este órgano, que tendrán que ser no ejecutivos en su totalidad, "la mayoría sean independientes". La compañía ya cumple con esta condición, pues la plantilla de la comisión de nombramientos la completan los consejeros Irene Cano Piquero y Josep Antoni Duran i Lleida, ambos independientes como el propio López Seijas.
En última instancia, la actualización del reglamento de Aena refuerza los sistemas de control interno, en manos de la Comisión de Auditoría. El gestor aeroportuario ya atribuía a este órgano la responsabilidad de asegurar un mecanismo que permitiera a los empleados de la empresa informar de las irregularidades "de potencial trascendencia" relacionadas con la sociedad, desde cuestiones financiera o contables a incidencias de cualquier otra naturaleza. Aena introduce las garantías del denunciante respecto a la confidencialidad y el anonimato de este tipo de comunicaciones y extiende el empleo de este canal interno a otras personas relacionadas con la Sociedad -"tales como consejeros, accionistas, proveedores, contratistas o subcontratistas"-.
El giro en el reglamento interno de Aena se produce después del ejercicio más dramático de su historia -y el primero en negativo desde que en 2012 dio el salto al mercado bursátil-. El parón aéreo a causa de la pandemia golpeó a la compañía que ya pospone la recuperación a 2026. Además, el gestor aeroportuario se encuentra inmerso en plena batalla judicial por los alquileres de sus operadores comerciales. La compañía ha perdido terreno en los tribunales en esta refriega que aún está pendiente de la resolución final y que, por el momento, deja en el aire los 635 millones de euros por las rentas de sus tiendas, unos ingresos que la compañía anotó en su contabilidad al cierre de 2020 pero que todavía están pendientes de cobro.
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