Proceso de renovación en el regulador 

La insufrible agonía de la CNMC: cuando cada reunión acaba en una emboscada

María Fernández, vicepresidenta de la CNMC, con el presidente José María Marín.
María Fernández, vicepresidenta de la CNMC, con el presidente José María Marín.
APIE

Cada reunión, una emboscada. Así describen la situación que vive la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) fuentes internas del organismo. La coincidencia del proceso de renovación del "superregulador" con la asunción de nuevas competencias, un nuevo equilibrio entre fuerzas políticas y reformas en sectores económicos clave como la electricidad y el gas, han convertido al organismo creado en 2003 en una olla a presión donde cuece a una temperatura cada vez más elevada la mezcla de intereses empresariales, políticos y personales. Cada reunión, emboscada.

Los choques entre distintas "sensibilidades" en el seno de Competencia no son nuevos. Las diferencias entre el presidente José María Marín Quemada -presidente también de la Sala de Competencia- y la vicepresidenta María Fernández -al frente de la sala de Regulación- han  sido continuos. Ambos han cumplido con el mandato de seis años -como otro tres consejeros-, pero mantienen el pulso en asuntos sensibles como las circulares para recortar los ingresos de las grandes compañías eléctricas y gasistas.

Los enfrentamientos entre "sensibilidades" han sido duros en ocasiones, pero nunca se había llegado al punto de perder las formas, según las fuentes internas consultadas. Pero algo ha cambiado. En uno de los últimos plenos, donde se discutió la redacción final de la circular de retribución a la distribución de gas, el enfrentamiento se tradujo en palabras gruesas y un lenguaje poco ajustado al marco del debate -el pleno del organismo- y al nivel de los protagonistas, divididos entre los partidarios de aplicar un recorte "duro" a compañías como Naturgy o Madrileña de Gas -estos encabezados por Marín Quemada- y los partidarios de moderar el tijeretazo, con la vicepresidenta al frente.

Nuevas competencias

A lo largo de 2019, la CNMC, con competencias recuperadas tras una dura pelea con el  ministro del PP Álvaro Nadal, elaboró 14 circulares para decidir, entre otras cosas, cuánto dinero del recibo de la electricidad y del gas, debe ir a retribuir a las empresas del sector entre los  años 2020-2025 en la electricidad y 2021-2026 en el gas. Son miles de millones en juego. La Comisión se dividió mientras en los departamentos internos empezaban a proliferar fantasmas en forma de conspiraciones empresariales y políticas que se han mantenido hasta última hora y que han convertido el ambiente en prácticamente irrespirable.

En el debate interno no se  desperdicia ningún detalle. El hecho de que uno de los consejeros con mandato en vigor-Mariano Bacigalupo- esté casado con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado gran juego. Bacigalupo ha apoyado a los moderados en el debate de los recortes al gas. La misma posición que ha defendido el Ministerio de Transición Ecológica, con el exsecretario de Estado de Energía José Domínguez a la cabeza. El dato, objetivo, generó un relato conspirativo que ha alimentado la olla a presión en que se ha convertido la CNMC.

Según esa teoría, el inspirador de la circular más polémica de las aprobadas por la CNMC, la del gas, es un exconsejero de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), asesor del PNV en asuntos de energía. El habría sido el encargado de poner en limpio un supuesto pacto entre el PNV y el PSOE para echar una mano a las empresas del gas con el apoyo de Bacigalupo y de Ribera. ¿De locos? Es posible. Pero esa es la realidad de la tramoya y de los tramoyistas de la CNMC en los últimos meses.

Renovación del consejo

El agónico y agitado fin de mandato de Marín Quemada supone un punto de no retorno en la CNMC. El organismo tiene que renovar a la mitad de sus consejeros. Deben salir el presidente Marín y la vicepresidenta Fernández, junto con los consejeros Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés. Otros cinco consejeros, Bacigalupo, Maria Pilar Canedo, María Ortiz, Bernardo Lorenzo y Xavier Ormaetxea, nombrados en distintos periodos, se mantendrán en el cargo hasta 2021 o 2023, según los casos.

La renovación tiene como grandes claves la posibilidad de una mujer para la presidencia -la favorita de  Economía es la funcionaria Inmaculada Gutiérres Carrizo-; la entrada de consejeros a propuesta de ERC y de Podemos, y el control de la Sala que vela por los grandes negocios regulados. En todo caso, el Gobierno quiere un cambio rápido tras la agitación registrada en el sector energético por las circulares de la CNMC.

El mecanismo de elección de nuevos consejeros facilita el proceso ya que para vetar nombramientos se necesita mayoría absoluta en la Comisión de Economía del Congreso. Pero quedan muchas piezas a colocar en el tablero porque los movimientos no sólo afectan a la primera línea de la Comisión. Hay otros flancos a cubrir como la liberalización ferroviaria o la cuestión del cambio climático. En estos apartados, tanto el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como el aliado del Gobierno de coalición -Podemos- pueden reclamar voz propia.

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