Sábado, 28.03.2020 - 19:13 h
Reformas pendientes en el sector energético

Ribera aprueba el recorte 'blando' a las gasistas tras una dura batalla en la CNMC

El Gobierno respalda a los consejeros de la Comisión que se opusieron a los planes del presidente Marín Quemada para las distribuidoras de gas.

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera
La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera / EUROPA PRESS

El Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde a la última circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con la propuesta de recortes a la retribución de las distribuidoras de gas en el periodo 2021-2026. El informe de la Secretaría de Estado de Energía acaba con meses de polémica interna en la CNMC, donde se enfrentaron dos sectores: el encabezado por el presidente del organismo, José María Marín Quemada, partidario de recortar más de un 19% los ingresos de las distribuidoras de gas y de cambiar radicalmente el modelo de cálculo y los defensores de recortes más suaves -9,6%-, en línea con la idea del Gobierno.

Con la aprobación del Gobierno, finaliza un culebrón de meses y un enfrentamiento de intensidad poco habitual con las empresas gasistas. Basta recordar que Naturgy, la compañía más afectada, anunció la paralización de inversiones. Las diferencias sobre la cuantía del recorte a aplicar llegó a partir la CNMC. El presidente, Marín Quemada,  defendió prácticamente hasta el último momento el plan de recortes del exdirector de Energía Fernando Hernández para el sector. Dicho plan pasaba por cambiar el modelo de retribución -para basarlo en los activos y no en el número de clientes- y por aplicar un tijeretazo que las empresas estimaron en julio de 2019 en cerca de 3.000 millones en cinco años.

La propuesta de Marín y de Hernández incendió el sector, provocó conmociones en Bolsa y generó un malestar entre las empresas distribuidoras y de almacenamiento -Naturgy, Enagás, Madrileña de Gas, Redexis, Nortegás y Gas Extremadura- que aún  se mantiene. El debate duró meses y Marín se resistió con fuerza a dar su brazo a torcer. Todavía en octubre, Marín Quemada aceptaba rebajar los recortes a las gasistas, pero a cambio de mantener el cambio de modelo retributivo propuesto antes del verano.

Polémica, presión y recelo

La combinación de polémica, presión de las empresas y recelos del Ministerio de Transición Ecológica,  llevó a aplazar la aprobación de la polémica circular de gas, prevista para diciembre pasado. Ahora, el visto bueno del Gobierno a la última propuesta de recortes despeja el camino. En esta ocasión, según fuentes al tanto del proceso, no ha sido necesario reunir a la Comisión de Cooperación, el organismo encargado de resolver las diferencias entre el Gobierno y la CNMC a la hora de aplicar sus respectivas competencias. El Ministerio de Transición ha entendido que la última propuesta de la CNMC se ajusta a sus orientaciones en política energética.

Pese a la rebaja de los recortes, las aguas tardarán en volver a su cauce. Las empresas afectadas han presentado alegaciones a la circular en las que dejan claro su descontento.  El sector rechaza de plano los cálculos realizados por Competencia y, sobre todo, los datos en los que se apoyan. Es una pelea  intensa porque hay mucho dinero en juego y algunas compañías, especialmente las más pequeñas, se juegan el grueso del beneficio. En términos de retribución media para el periodo 2021-2026, con la última propuesta de Competencia, la actividad de distribución pasaría de ingresar en torno a 1.420 millones de euros con la metodología vigente a los 1.283 millones con la nueva propuesta.

La disputa y los tribunales

El sector gasista -y su asociación Sedigás- mantienen la tensión a pesar de que la última propuesta despeja el horizonte del negocio. La última redacción de la circular de distribución de gas ya no mantiene el cambio de modelo en la retribución. Se mantiene el sistema que tiene en cuenta la demanda de cada compañía y se elimina así un punto de fricción que encaminaba la disputa con las empresas directamente a los tribunales.

Las empresas afectadas, especialmente las de menor tamaño, lo tienen claro y despachos de abogados especializados como Clifford Chance ya tienen contrato para preparar recursos. Todo porque el nuevo escenario para los próximos años está muy alejado de la certidumbre a la que se habían acostumbrado los grandes inversores institucionales. En los últimos años, los fondos han invertido en torno a 10.000 millones en redes de distribución de energía. Fondos de EE UU (Black Rock), de Reino Unido (CVC), de Qatar, Kuwait (KIA) o Noruega (Norges Bank) participan en el negocio.

Las compañías, por otra parte, no sólo manejan argumentos técnicos en su defensa. Se mueven en un doble frente: el técnico jurídico, en el que cuestionan las justificaciones de la CNMC para aplicar la tijera, y el "político", que critica la aprobación de medidas duras para las empresas por un consejo en el que la mitad de los consejeros han cumplido ya su mandato y está en funciones. Este último punto ha sido considerado -y desestimado-por el Consejo de Estado. El organismo, que tiene carácter consultivo, ha avalado las circulares de Competencia aunque hayan sido aprobadas por un pleno en la que la mitad de sus miembros han sobrepasado los seis años de mandato.

 

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