Un día de octubre del año pasado el periodista saudí Jamal Khashoggi entró en el consulado saudí en Estambul. Pocos minutos después, el columnista de Washington Post antes protegido de Riad y entonces enfrentado al heredero Mohamed Bin Salman estaba muerto. Su deseo de conseguir papeles para casarse con su novia turca acabaron con un estrangulamiento y descuartizamiento de su cuerpo, cuyos restos aún no han sido encontrados.
En 2017 Mohamed bin Salman, aseguró en una conversación que usaría "una bala" contra el periodista si este no volvía al reino y dejaba de criticar a las autoridades de Arabia Saudí, informó el New York Times. La amenaza se cumplía al pie de la letra.
En España, la atroz crueldad mostrada con el disidente saudí era lluvia sobre mojado, tras la polémica suscitada por la venta de 400 bombas a Riad, en plena guerra en Yemen, que según explicó en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros la portavoz Isabel Celaá, "no atacarían a población civil". A ello se añadió la posterior firma de un contrato para la construcción de cinco corbetas por los astilleros de Navantia, operación que logró desbloquear en persona el presidente Pedro Sánchez, tras una serie de declaraciones de la titular de Defensa, Margarita Robles.
Pero la respuesta al asesinato del periodista fue mucho más enérgica en Alemania, donde la canciller Ángela Merkel impuso de forma inmediata restricciones a la venta de armamento al régimen saudí. Una de las empresas más afectadas por ese veto ha sido Airbus, el consorcio industrial, aeronáutico y armamentístico europeo, que ha visto sus cuentas castigadas por la decisión de Berlín.
Airbus ha registrado pérdidas por valor de 190 millones de euros, en relación a la entrega al régimen saudí de una serie de equipos para el servicio de seguridad de fronteras, correspondiente a un contrato de larga duración. Así lo puso de manifiesto la empresa en la presentación de resultados del primer trimestre, publicados el 30 de abril. El sobrecoste obedece a las barreras puestas por el Gobierno de Alemania a la exportación de material de defensa y doble uso al régimen de Riad. En marzo pasado, el Ejecutivo de Merkel decidió prorrogar la prohibición del intercambio comercial hasta el 30 de septiembre.
La consecuencia a la prórroga dictada desde Berlín no se ha hecho esperar. Airbus está considerando la posibilidad de emprender acciones legales contra el gobierno alemán, como resultado de los daños en sus cuentas que está provocando el veto a los envíos de armas a Arabia Saudí. Mientras este jueves el ministro de Exteriores español alegaba, ante el paso por aguas españolas de un cargamento de defensa saudí de camino a Yemen, que se trataba de armas no letales, el Ejecutivo de Merkel está decidido a no poner ninguna facilidad a Riad en este aspecto.
Desde Airbus tratan de negociar con el gobierno germano para lograr algo de flexibilidad en la normativa, para intentar conseguir una excepción para sus licencias de exportación, visto el daño que están sufriendo sus cuentas, según manifestó a la revista Jane´s Dirk Hoke, CEO de la división Defence & Space de la empresa. Pero la postura de Merkel es firme y todo apunta a que la compañía deberá recurrir a los tribunales germanos para tratar de lograr una compensación a las pérdidas apuntadas en sus balances, o para presionar a Berlín con vistas a lograr una excepción que parece bien lejos de estar a su alcance.
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