La Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente la ejecución de la multa histórica de más de 194 millones de euros a Apple y Amazon impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su acuerdo de distribución en España que restringía la competencia en el mercado de compraventa de productos en internet afectando a terceros revendedores de productos como el iPhone. El tribunal también ha accedido a frenar la prohibición de contratar con la administración pública hasta que se resuelva el recurso interpuesto por ambas compañías en esa Sala de lo Contencioso-Administrativo. A lo único a lo que no da luz verde es a la obligación de cesar en las conductas castigadas por el organismo presidido por Cani Fernández.
Los dos gigantes tecnológicos habían alegado como razón para frenar de manera temporal la ejecución de la resolución el impacto económico en sus cuentas, como queda reflejado en los dos autos de la Audiencia, a los que ha tenido acceso La Información. En el caso de Amazon, asegura que el pago íntegro de las multas supondría el compromiso inmediato de casi el 25% de los activos líquidos a 31 de diciembre de 2022 de todas las sociedades sancionadas -tres luxemburguesas y una estadounidense-. Insiste en que daría como resultado unas pérdidas de 720 millones de euros. Desde el lado de Apple, sus abogados defienden que el desembolso "podría poner en riesgo la habilidad, incentivos y capacidad para realizar inversiones en el mercado supuestamente afectado".
Los argumentos han sido acogidos y, como suele suceder en estos casos, se le exige la presentación de una garantía en forma de aval bancario . En concreto, a las sociedades Amazon Services Europe Sarl, Amazon Europe Core Sarl y Amazon EU Sarl se lex exigió en conjunto un total de 50,5 millones de euros. A Apple Distribution International Ltd (Irlanda) y Apple Inc (EEUU) se le reclamaban 128,6 y 15 millones de euros, respectivamente.
Otra de las peticiones de ambas multinacionales se centraba en la prohibición de contratar con la administración pública. Como avanzó La Información, en la resolución completa de la CNMC se contemplaba esta medida pues se trataba de una sanción por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Reclamaron la suspensión cautelar de esta medida y la Sala de lo Contencioso también ha admitido los argumentos.
Los magistrados entienden que hay que tener en cuenta que dados los tiempos de resolución medios que han mantenido tradicionalmente en el tribunal los efectos de dicha prohibición "se habrían agotado antes de que la sala hubiese dictado sentencia". ¿La razón? El periodo de ese veto público es de tres años. Es decir, que las empresas se habrían visto impedidas de la posibilidad de contratar con la administración -o con empresas privadas que contemplan la posibilidad de rescindir contratos con aquellas empresas afectadas por tal prohibición- "con un resultado difícilmente reversible a posteriori", como reza uno de los autos.
Hay una tercera petición que no ha sido admitida por la Audiencia Nacional. En la resolución de la CNMC se le exigía cesar las conductas referidas en ese acuerdo comercial entre ambas partes que restringía la competencia en el país. La Sala entiende que las razones que plantean las empresas se refieren a circunstancias que afectan al fondo del asunto, por lo que el momento procesal es anterior y no pueden decidir sobre ello ahora.
El acuerdo
La CNMC impuso la sanción a las dos compañías por pactar y ejecutar determinadas restricciones a la competencia en el mercado de compraventa de productos en internet que afectan a terceros revendedores de productos Apple y a productos competidores del fabricante del iPhone. Entre otras cláusulas, pactaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender los productos de la marca a través de la web de Amazon en España.
Esta multa, que llegaba después de casi dos años de investigación, es la más grande impuesta por el organismo en el sector tecnológico. El organismo consideraba que las cláusulas incluidas en el pacto firmado en el año 2018 entre ambas partes contribuyen a "cambiar la dinámica" de venta de productos Apple, restringen la competencia intramarca y constituyen una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.
La sanción es la segunda más alta de la historia de la competencia en España por cuantía, sólo por debajo de los 203 millones de euros a las seis principales constructoras españolas impuesta a mediados de 2022. Ambas empresas alegan la desproporción. La ley permite sancionar con el pago de hasta el 5% del volumen de negocios total mundial de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior. Estas cifras suponen algo más de 450.000 millones entre las dos filiales de Apple y más de 325.000 millones en el caso de Amazon. Pero, como precisaba la CNMC, el volumen de ingresos en el mercado de la comercialización de productos de productos de Apple en la tienda de Amazon en España supuso 894 millones por parte del dueño del iPhone y de 535 millones en el caso del gigante del comercio electrónico (más del 35% de cuota de mercado).
