Un poco de aire financiero para un 2020 repleto de frentes judiciales para La Finca, la promotora de una de las urbanizaciones más lujosas de España. La Audiencia Nacional le ha concedido algo más de tiempo y suspende el pago de los más de 18 millones de euros correspondientes a la sanción y las actas de liquidación firmadas por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. Esta pelea fiscal se incluyó dentro de los litigios con "efecto significativo" sobre la sociedad en la documentación entregada a los inversores en su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el pasado año.
Todo arranca hace varios años. La Agencia Tributaria lleva a cabo una inspección a La Finca Real Estate Management, una de las sociedades del holding que gestiona el negocio inmobiliario en esta urbanización. Esa investigación acaba en la firma en disconformidad de un acta de liquidación con el que le reclamaban más de 22 millones de euros entre impuestos no abonados, sanción y los intereses de demora. Después de un recurso presentado por la compañía ante el Tribunal de la Agencia Tributaria (TEAC), se admitieron algunos de sus argumentos y se rebajó algo algo más de 18 millones.
No se trata de una cantidad baladí para la promotora. La socimi La Finca Global Asset, que es la encargada de la promoción de oficinas en esta urbanización madrileña, facturó el año pasado un total de 50,6 millones de euros y logró unos beneficios netos de casi 12 millones, tal y como queda reflejado en el informe anual presentado ante el MAB. Ese mismo ejercicio pagó algo menos de un millón de euros de Impuesto sobre Sociedades, gracias al régimen especial de las Socimis al que se acogió a principios del año 2017.
Ese impacto es el que se suele utilizar en estas reclamaciones de suspensión por parte de las empresas con sanciones tributarias. La Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional estima que procede acordar esta medida cautelar "teniendo en cuenta el importe a que asciende la sanción". A esto suma otro factor que parece determinante: la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, no se opuso a su aprobación, siempre que se garantice su importen suficientemente. "No se aprecia la posibilidad de que se cause una perturbación grave de los intereses generales o de terceros", apunta.
Por el tamaño de las actas reclamadas por la promotora de las hermanas García Cereceda se incluiye en el grupo de otras que se han acordado por parte de la propia Audiencia recientemente. Es el caso de la compañía italiana Enel Green Power, que ha logrado aplazar el pago de 87 millones de euros para evitar "perjuicios irreparables" en sus cuentas. O el de Telefónica, que no tendrá que abonar 29 millones de euros reclamados por la Agencia Tributaria en concepto de IVA, después de alegar que su abono conllevaría una degradación del rating de la agencia Moodys.
Este litigio no es el único que tiene abierto la promotora española en el plano fiscal, pues hay otra acta de liquidación de la Agencia Tributaria que suma más de 3 millones de euros entre intereses de demora, sanción e impuestos debidos. Se basa en la misma inspección que se llevó a cabo sobre los ejercicios 2010 y 2011. Se presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, sin que se haya conocido aún sentencia firme.
Los otros pleitos
A esta pelea hay que sumar otras vinculadas al enfrentamiento que se vive entre las hermanas García-Cereceda tras la muerte de su padre y fundador de la sociedad, Luis García-Cereceda. Ambas surgen de demandas de Yolanda García-Cereceda, hermana de la accionista mayoritaria. Por un lado se encuentran la escisión de la sociedad inicial Procisa en tres -La Finca Global Assets, La Finca Real Estate Management y La Finca Somosaguas Golf-. Por otro lado está el recurso contra los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas de abril de 2018, en relación con un dividendo extraordinario abonado a los accionistas.
Por último se encuentra el 'Caso Villarejo' en el que tanto Susana García-Cereceda como Francisco Peñalver, promotores de la urbanización de lujo, están a un pie del banquillo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón finalizara antes del verano la investigación sobre el proyecto Land, relativo a los encargos de espionaje que parte del clan familiar hizo a José Manuel Villarejo.
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