La compañía italiana Enel Green Power ha logrado aplazar el pago pendiente con la Hacienda española de 87,1 millones de euros. La Audiencia Nacional ha dado luz verde a su petición y ha suspendido la millonaria liquidación para evitar "perjuicios irreparables" en la empresa líder en renovables, como ella misma expuso en su recurso ante la Justicia. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso acuerdan congelar esta deuda tributaria aunque supeditan su decisión a una caución a modo de garantía de pago.
De acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el abono de los 87,1 millones por deducciones indebidas en el Impuesto de Sociedades de 2011 conllevaría unos daños para la multinacional "de difícil o imposible reparación". Por ese motivo, y en contra del criterio de la Abogacía del Estado, adopta la medida cautelar de congelar el reembolso de esa cantidad fijada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Se trata de una reclamación que la firma de renovables del Grupo Enel (dueño del 70% de Endesa) acabó recurriendo. Sin embargo, el Tribunal Económico Administrativo Central resolvió el año pasado a favor del fisco obligando a la italiana a cumplir con la resolución de Hacienda.
Los magistrados se acogen a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar males mayores en esta multinacional líder del sector energético pero le recuerdan que debe garantizar que saldará las cuentas pendientes con el fisco. Es decir, la Justicia le obliga a depositar una fianza lo suficientemente alta como para que se avale el derecho al cobro de la deuda. Al respecto, le permite acogerse a los avales constituidos en la vía económico-administrativa siempre y cuando se trate de una cuantía suficiente y le da un plazo máximo de tres meses para constituirla. Sea como fuere, el ejercicio por el que ahora rinde cuentas con Hacienda fue clave para el negocio puesto que fue el año en que Enel fusionó sus dos de sus filiales de renovables.
Fusión en 2011
De este modo, en la operación participaron una filial propia con otra procedente de Endesa, de la que hoy es su máximo accionista. Se hizo a través de lo que se conoce como "régimen de neutralidad fiscal" que se pone en marcha para operaciones de reestructuración y, al suponer un recorte del coste fiscal, debe estar motivado suficientemente. Tal y como reconocía la propia Enel Iberia en sus cuentas anuales de 2019, recién presentadas en el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria confirmó en un acta fiscal que no existían razones económicas "válidas" que lo respaldaran. Con todo, la compañía italiana decidió impugnar la decisión del fisco y aportó toda la documentación de apoyo que atestigua "las sinergias conseguidas por efecto de la fusión, con el fin de demostrar la existencia de los motivos económicos válidos que la sustentan".
Tras el 'boom' de las renovables, Enel Green Power se convirtió en Endesa Renovables después de que la empresa presidida entonces por Borja Prado se hiciera con el 60% restante de la sociedad por 1.207 millones de euros que estaba en manos de su dueño, Enel. En el momento de la adquisición contaba con 1.700 megavatios de potencia instalada entre España y Portugal, la mayoría eólicos. Un volumen de negocio que los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional han tenido en cuenta a la hora de dar margen de pago para evitar que este cumplimiento con Hacienda tenga repercusión directa en el devenir de la empresa.
Otra pelea aún pendiente
Esta pelea del grupo italiano con la Agencia Tributaria española no es excepcional pues en los últimos años se han producido diversos litigios con empresas debido a la aplicación de ese régimen fiscal especial y a esa motivación para aplicarla. En la reforma fiscal del año 2015 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se introdujeron algunas novedades y se precisaron más cómo debían ser las regularizaciones fiscales en caso de que la empresa no lo hubiera aplicado correctamente.
Al margen de este caso, el grupo Enel y de Endesa mantiene otro litigio importante con Hacienda en España. En concreto, en el año 2018, la AEAT concluyó una investigación general de todas las sociedades del grupo. Se ordenó en el año 2016 y versaba sobre el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y las retenciones de los ejercicios entre 2012 y 2014. Este pleito se basa en la exigencia del pago de 141 millones de euros, procedentes de unas deducciones por minusvalías en ventas de acciones; de algunos gastos financieros, y de costes de desmantelamiento de centrales nucleares. Aún se encuentra en primera fase y todavía no ha dado el salto a los tribunales.
El de Enel no es aislado. Sirva como ejemplo resoluciones muy similares acordadas para empresas como el gigante tecnológico Oracle, el líder lácteo en Galicia Lactalis o Duro Felguera. En el caso del grupo asturiano, el pasado mes de marzo logró que la Audiencia Nacional suspendiera una deuda relacionada también con el impuesto de sociedades de varios ejercicios por importe superior a los 120 millones de euros. Hacienda exigió el pago de esta cuantía a comienzos de año e incluso notificó el embargo de inmuebles. No obstante, el 'respiro' que le ha dado la Justicia no le libra de tener que seguir negociando con la banca para lograr avales que le permitan acometer nuevos proyectos. De hecho, tampoco se descarta la búsqueda de un nuevo socio ante el cerrojazo del sector financiero debido a las actuales condiciones de la sociedad.
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