Bajo la máxima de obligar a la banca a sacar de debajo de las alfombras créditos ruinosos enmascarados de sanos y forzar su limpieza, los reguladores endurecieron la exigencia de dotaciones varias veces durante la crisis. Su capacidad de desinfectar el balance de activos tóxicos es evidente, pero la banca española ha alzado la mano con una demanda directa a la Comisión Europea para que revise el régimen porque esconde el efecto pernicioso de ‘invitar’ a las entidades a poner a empresas contra las cuerdas para recobrar su deuda si saltan en las alarmas como ‘sospechosos’ de declararse morosos.
La “preocupación” la puso de manifiesto el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortazar, ayer al mismo vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, durante las jornadas ‘Retos y Oportunidades de la Banca’. En una nada usual decisión de aprovechar el turno de preguntas para interrogar al ponente, Gortazar se levantó, cogió el micrófono y explicó que exigir hacer hucha sin que el crédito sea moroso y simplemente porque haya indicios de probable impago estimula a “forzar la liquidación para evitar que no se pueda pagar”.
El banquero hace suya la que ha sido una queja a gritos por parte de empresas y expertos sobre la falta de ‘piedad’ del sector financiero en los últimos años, adoptando medidas drásticas y obligando a compañías a presentar preconcursos y concursos de acreedores para renegociar financiaciones o simplemente recobrar deudas. Nadie escapó al nuevo sesgo, ni siquiera empresas medianas de renombre o de primera lid altamente endeudadas. Se puso en cuarentena la política general de refinanciaciones, forzando a las empresas a sanear cuentas con apresuradas ventas de activos y ajustes de calados en plantillas, porque de repente las refinanciaciones empezaron a pasar una factura en dotaciones y que escalaba si el final era el impago.
El ejecutivo de CaixaBank explicó a Dombrovskis que los bancos han aprendido a sangre los errores cometidos por los excesos del pasado, ahora “tienen capacidad de reestructurar” deudas para que el cliente baje o mejore su apalancamiento y salvar los puestos de trabajo, pero hace falta el voto de confianza -y el alivio económico- replanteando las reglas. Sería bueno, dejó caer, que se establezca “una distinción clara entre los que no se pagan y los créditos reestructurados. ¿No deberíamos tener una escala distinta para esto?”.
“Tendremos este aspecto en cuenta porque estamos interesados en que la empresas continúen funcionando”, respondió el vicepresidente del Ejecutivo Europeo y el que es uno de los responsables comunitarios directamente involucrados en promover medidas para acelerar la limpieza de los balances. De hecho subrayó que la sensibilidad por esta situación ha hecho ya que la UE lanzase una propuesta sobre sistemas de reestructuración de deuda para dar a las empresas una segunda oportunidad. Luego, Bruselas recoge el guante.
La queja sobre la sobrecarga de saneamientos es vieja en la banca porque ha estrangulado sus cuentas en los peores momentos de la doble recesión, si bien ha contribuido a que hoy la morosidad sea del 4,7% en línea con el 4,4% promedio europeo y cuando el crash inmobiliario la disparó por encima del 13% -sin incluir la losa del ladrillo-. De hecho el sector se ha movido en los últimos tiempos para intentar que el Gobierno lime parte con la supresión de los llamados 'Decretos Guindos' promovidos en 2012 y que obligaron al sector a provisionar en muy pocos meses casi 80.000 millones de euros para forzar el reconocimiento de impagos ‘maquillados’.
Su argumento es que el régimen de provisiones simplemente ha cambiado con la entrada en vigor en enero pasado de la normativa internacional IFRS9, que impone acopiar hucha en función de las pérdidas esperables y no de las ya declaradas. Sería retirar las reglas nacionales para jugar en idéntico campo de juego que el resto de sistemas bancarios. Pero es casi una historia de suma y sigue, donde se han trufado incluso enfrentamientos entre instituciones.
El BCE y la Eurocámara, a uñas por las dotaciones
Como el nuevo régimen es casi un traje ad hoc para cada entidad según su historial de impagos y para evitar el riesgo de que algunos bancos infradoten el problema, el BCE intentó imponer unos suelos mínimos. Pero tuvo que descafeinar sus indicaciones y dejarlas en unas guías de voluntario seguimiento porque la Eurocámara se le echó encima, instigada al parecer por la banca italiana cuyos balances, cargados de problemas, no soportarían una fuerte presión. El resultado es que el BCE sugiere -no impone- que para nuevos morosos se acumulen provisiones por el cien por cien del riesgo en siete años si dispone de aval -hipotecas- o dos años si carece de él. Bruselas regulará en el futuro para todos. Su proyecto está ya sobre la mesa y tampoco gusta, pero hay tiempo y margen para madurarlo durante el proceso parlamentario.
Para la banca la carga regulatoria es un tema clave. No el único. De hecho, el primero que hizo uso de micrófono para plantear a Dombrovskis inquietudes fue el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez. Se interesó sobre cuando será realidad el Fondo Común de garantía que protegerán los ahorros de clientes a escala europea; el mercado de capitales y que no sean tan dependientes del crédito bancario y las ‘singularidades’ regulatorias nacionales. Razón: su no creación impide la existencia de un mercado único efectivo.
Según el ejecutivo europeo el desarrollo del mercado de capitales está lanzado porque hay acuerdo político, quitar normas nacionales es delicado para evitar distorsiones pero se avanza, mientras que en el fondo de garantía lo fió largo por su controversia. Países como Alemania quieren que otros como Italia, Chipre o Grecia limpien sus balances para no tener que asumir la garantía de depósitos de sus clientes si algún banco de los suyos quiebra. Luego, quizá acceda a modular dotaciones.. pero difícilmente a bajar la carga.
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