No es un secreto. Al Gobierno no le gusta ni poco ni mucho el proyecto minero de la multinacional australiana Berkeley en Salamanca para extraer uranio, procesarlo y almacenar residuos. El polémico plan de la compañía minera tiene más de diez años y su efecto más concreto son los rallies periódicos que protagoniza en la Bolsa cada vez que se mueve un papel en los despachos. Pese al recelo del Gobierno y a la oposición de la mayoría de los partidos políticos con representación el Congreso, Berkeley ha conseguido armar un cepo legal que impide, al menos de momento, que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, el mismo que ha conseguido un pacto para cerrar todas las nucleares en 2035, de todos los pasos necesarios para clausurar el proyecto.
Berkeley ha conseguido armar un escudo de autorizaciones efectivo. Su plan no sólo consiste en extraer uranio en Retortillo (Salamanca). En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.
La minera australiana se mueve bien entre la maraña de permisos. Su primera baza fue la autorización previa de emplazamiento que obtuvo en 2015 del ministerio de Industria y Energía que dirigía José Manuel Soria (PP). El permiso era por cinco años. Berkeley estuvo atenta. En 2019, un año antes, solicitó la prórroga de la autorización al Ministerio de Transición, que trasladó el caso para informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo que preside Josep María Serena ha informado favorablemente la prórroga. La razón, explican fuentes al tanto del proceso, es que el Consejo no podía oponerse porque en cinco años, ninguna de las condiciones impuestas en 2015 ha variado. Una negativa del CSN hubiera desembocado en un pleito seguro.
Partido con prórroga
El partido está en prórroga, pero no acabado. Tras la decisión del CSN quedan pendientes tres más:la extensión de la autorización previa, que es muy probable si el Ministerio de Transición no desea un pleito inmediato; la autorización de construcción y la autorización de explotación. La carrera de obstáculos para Berkeley no ha hecho sino comenzar. De momento, ha conseguido algo tangible: un subidón en su cotización en Bolsa -por encima del 50% en la jornada del jueves- que ha duplicado el valor de sus acciones en lo que va de año.
Es un escenario de agitación que fue adelantado hace ya más de un año por el exconsejero del CSN Jorge Fabra. En un voto particular contrario a la aprobación de permisos a favor de Berkeley hasta que no se aclare la maraña de permisos, Fabra señalaba que "la vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a ineficacia reguladora y a confusión administrativa". El exconsejero añadía que "no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción)" hasta que no se unificaran todos los expedientes.
La pelota, una vez más, está en el tejado del Gobierno. El expediente se encuentra en manos de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental. Pero el silencio dura meses. También en los tribunales. En octubre de 2019, la Audiencia Nacional rechazó un recurso contencioso administrativo de los ecologistas de Salamanca el proyecto de la mina. La propia Audiencia decidió plantear el caso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo. El asunto sigue pendiente.
Los tribunales y la Bolsa
Berkeley ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
En el Congreso, Unidas Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, negocia una enmienda al proyecto de ley del Clima para prohibir la extracción de uranio en España y vetar a Berkeley. Los contactos en torno a la enmienda coinciden con nuevos anuncios públicos de la multinacional. En ellos, declara estar "lista para invertir los 87 millones de euros iniciales en el Proyecto minero Retortillo ". Según los datos de la compañía, esa inversión inicial creará 500 puestos de trabajo. Berkeley añade en sus comunicaciones públicas que lleva invertidos ya "86 millones de euros desde que comenzó el proyecto en 2012".
