Martes, 10.12.2019 - 22:06 h
La batalla llega al Tribunal Supremo

Los ecologistas intensifican el pulso legal con Berkeley por el uranio de Salamanca

La Audiencia Nacional tumbó un recurso contra la autorización de instalación nuclear que concedió a la empresa el Gobierno del PP.

La batalla legal por los permisos de la mina de uranio de Salamanca se mantiene.
La batalla legal por los permisos de la mina de uranio de Salamanca se mantiene. / EFE

Los ecologistas no tiran la toalla frente a la compañía australiana Berkeley. La Audiencia Nacional tumbó hace un mes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción de Salamanca y el Foro de Izquierdas-Los Verdes contra la autorización concedida a Berkeley en 2015 para iniciar el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Pero la batalla no ha acabado. El abogado de Ecologistas en Acción Salamanca, Manuel Serrano, ultima un recurso de casación que presentará ante el Tribunal Supremo antes del día 26.

La batalla legal sobre la mina salmantina continúa mientras la cotización de la empresa sigue los vaivenes políticos. En mayo, las elecciones municipales favorecieron la lista del Partido Popular en la localidad de Retortillo (Salamanca) y la compañía australiana dio un brinco positivo en Bolsa. Las últimas elecciones han tenido el efecto contrario y han dejado el valor en los 0,17 euros por acción, prácticamente la misma cotización de principios de año.

La evolución de las acciones de Berkeley no tiene nada que ver con su actividad real. Esta es nula, según destacan los críticos del proyecto. A falta de resultados positivos, la compañía juega con el cambio de divisas para lustrar los resultados. En los del último trimestre, Berkeley explicaba que había incrementado ligeramente los niveles de efectivo pese a la ausencia de actividad por el efecto de los cambios de divisa.

Un proyecto empantanado

Sin actividad real y con el proyecto empantanado en los despachos de la Administración y en los juzgados, la firma se aferra a los permisos y autorizaciones ya conseguidos para mantener sus expectativas. En el terreno administrativo, Berkeley cuenta con una autorización previa de Industria (año 2015) como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear, una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2015, bajo la presidencia de Fernando Marti (PP).

Las asociaciones y partidos contrarios a la mina de uranio saben que un traspiés en los juzgados puede ser un golpe trascendente para el proyecto. El Gobierno de Pedro Sánchez, aún en funciones, no es partidario del proyecto que se consolidó con una autorización previa con José Manuel Soria (PP) como ministro de Industria y Energía y Alberto Nadal como secretario de Estado de Energía.

Los críticos no lo tienen fácil. Ecologistas en Acción y Equo solicitaron a la Audiencia Nacional que revocara la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear a Berkeley Minera de España. La Audiencia ha rechazado la petición, con una doble argumentación: la escasa fundamentación del recurso contra la autorización y la falta de legitimidad para recurrir de uno de los demandantes, el Foro de Izquierdas-Los Verdes.

La decisión de la Audiencia Nacional obliga a los demandantes a hilar muy fino si quieren pasar el filtro del Supremo para un recurso de casación que siente jurisprudencia. Tienen que elegir si centran su argumentación en defender la legitimidad de un partido –Equo- para cuestionar una iniciativa del Gobierno como fue la autorización previa a la mina o si vuelcan su esfuerzo en defender que la autorización del Ejecutivo del PP se saltó pasos importantes como una obligada evaluación de impacto ambiental para el proyecto.

La batalla continúa

Lo que parece claro es que la batalla continúa. La situación de Berkeley tras diez años de polémica es incierta. La propia empresa lo admite. En el prospecto de salida a Bolsa en junio de 2018, advirtió de que su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar, y sin los cuales no podrá extraer el uranio de la mina salmantina. La sociedad sostiene que su proyecto en Salamanca es rentable, hasta el punto de "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa".

El polémico proyecto se complica porque, además, Berkeley ha ampliado el abanico del negocio en Salamanca y tiene en marcha trece sondeos para buscar metales que se utilizan en la fabricación de baterías para móviles y vehículos eléctricos. En concreto, espera encontrar litio, cobalto, tungsteno, estaño y tierras raras. Son anuncios que el exdiputado de Equo, Juantxo López de Uralde, pone en cuarentena porque, según explica, proyectos como el de Salamanca están ligados a la especulación financiera y no vinculados a la explotación de minerales.

En su último informe trimestral, Berkeley sostiene que sigue buscando reunirse con las autoridades "de forma colaborativa con el fin de facilitar una pronta resolución de los permisos requeridos para comenzar la construcción de la mina". La empresa necesita todavía la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, el visto bueno del CSN y la autorización definitiva del Gobierno. No lo tiene fácil.

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