El plan de acción para la Unión de los Mercados de Capital que se promueve desde Bruselas ya está en marcha. La Unión Europea firmaba hace unos días una larga lista de acciones encaminadas a cumplir tres objetivos principales en los próximos años: garantizar que la recuperación económica de la UE sea ecológica, digital, integradora y resistente haciendo que la financiación sea más accesible para las empresas europeas, en particular las pymes; facilitar y asegurar la inversión a largo plazo e integrar los mercados de capitales nacionales en un auténtico mercado único a escala comunitaria. Las acciones a implantar son muy diferentes, pero entre ellas destaca una: la posibilidad de crear una definición única de 'accionista' que ayude a conseguir estos tres objetivos.
En concreto, desde la UE se estudia dar este paso como parte de la evaluación de la Comisión respecto a la aplicación de la Segunda Directiva sobre los derechos de los accionistas, denominada DRS, cuya publicación está prevista, como muy tarde, en el tercer trimestre de 2023. En este sentido, resulta necesario llevar a cabo una armonización de las normas y las definiciones de 'accionista', pues el hecho de que cada país aplique las suyas propias impide un correcto desarrollo de la inversión transfronteriza.
Más allá de esta medida, la UE también evaluará la posibilidad de simplificar aún más las normas de cotización de los mercados públicos, tanto de los de pymes en expansión como los regulados; crear una plataforma única de información financiera y no financiera; y revisar el marco legal por el que se rigen aseguradoras y bancos, principales inversores, para fomentar la inversión independientemente del país en el que esté el valor o compañía.
Este plan de acción pone el foco en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo si se tiene en cuenta que las grandes ya cuentan con muchas de las actuaciones que aquí se disgregan. Otra de las líneas en las que se trabajará desde Bruselas en los próximos años persigue el fin de facilitar a este tipo de empresas el acceso a financiación. El objetivo es que, a más tardar en el cuarto trimestre de 2021, la Comisión analice las ventajas y la viabilidad de establecer un sistema de derivación que obligue a los bancos, cuando denieguen la solicitud de crédito de una pyme, a remitirla a un proveedor de financiación alternativa.
Inversión a largo plazo
Aún hay más. Otro de los objetivos marcados pasa por convertir a la Unión Europea en un lugar "aún más seguro" para que las personas puedan ahorrar e invertir a largo plazo. En este sentido, la Comisión llevará a cabo una evaluación de viabilidad con miras al desarrollo de un marco específico con estrategias, aplicaciones y materiales de aprendizaje destinados a aumentar la competencia financiera de los ciudadanos. Además, se buscará armonizar las normas de protección de los inversores a nivel UE y se reducirá la carga administrativa y los requisitos de información para los minoritarios.
En otro orden de cosas, Bruselas también persigue reducir los costes fiscales para los inversores transfronterizos y prevenir el fraude. Para conseguirlo, la Comisión presentará una iniciativa legislativa antes del cuarto trimestre de 2022 para aligerar la carga impositiva a nivel internacional. Además, estudiará otras maneras de introducir un sistema común, normalizado y a escala de la UE de desgravación en origen de la retención fiscal a cuenta, evitando problemas como los derivados de la doble imposición.
La última de las medidas que propone el plan de acción se basa en la supervisión. La Comisión trabaja en pro de un código normativo único reforzado para los mercados de capitales, evaluando la necesidad de una mayor armonización de las normas de la UE y haciendo un seguimiento de los avances hacia la convergencia de la supervisión. En el cuarto trimestre de 2021, hará balance de los logros en este ámbito y propondrá modificaciones. Con todo y con ello, pondrá la lupa sobre las mejoras que se puedan llevar a cabo tras el caso Wirecard. Todo un reto para los próximos años.
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