Los inversores de la mayor gestora de flotas de VTC de España vuelven a hacer algo de caja en el segundo año desde el rescate ejecutado por Uber. Los accionistas españoles de Moove Cars, entre los que están Jaime Castellanos (exLazard) y Juan María Riberas (Gestamp), han ingresado otros 15 millones de euros por el ‘variable’ incluido en el acuerdo de venta del 30% de los títulos al gigante estadounidense. De esta forma, estos socios se han repartido a través de un dividendo buena parte de esa cantidad. El sector, incluido el del taxi, sigue en vilo a la espera del dictamen del Tribunal Supremo sobre la ratio 1-30 y algunas otras limitaciones planteadas por la regulación española tras el pronunciamiento del TJUE.
El origen de la operación hay que encontrarlo en febrero de 2021, en plena tormenta sufrida por el sector de la VTC tras el estallido de la Covid, Moove Cars daba entrada a Uber -la plataforma con la que trabaja en exclusiva- al venderle un tercio de los títulos. Hasta esa fecha, Moove estaba controlado por el ‘hedge fund’ King Street Capital con el 70% y el restante lo mantenía la sociedad Mirtosan, en la que están el propio Castellanos, y Juan María Riberas (Gestamp) a través de diferentes sociedades familiares, además de otros inversores como Manuel María Puga, consejero delegado y cofundador de Moove Cars y antiguo directivo de Adif. Esa transacción, además de una línea de crédito de hasta 230 millones de dólares, tenía una primera contraprestación de 5 millones de dólares y un desembolso de hasta 185 millones en los siguientes ocho años “dependiendo de la evolución y de ciertas condiciones”.
En el primer semestre de este año ha habido un desembolso. Según queda constancia en la documentación de Mirtosan consultada por La Información, se han cumplido “una serie de hitos” por lo que Mirtosan recibió en febrero la cantidad de 15 millones de euros en dos tramos -el primero de 12,9 y el segundo de 2,1 millones-. Ante esta situación, en tres juntas de socios dieron luz verde al reparto de 10,3 y 2,7 millones de euros y de 866.000 euros a través de diferentes reducciones de capital con devolución de aportaciones a los socios. Esto es una suerte de ‘dividendo’.
Uber confirmó en agosto en el reporte trimestral de resultados ante el regulador bursátil estadounidense (SEC) que se había suscrito una “adenda” al acuerdo con Moove Cars, para liquidar ciertos acuerdos de contraprestaciones contingentes. Además de este pago, la compañía dirigida por Dara Khosrowshahi tiene prestados 249 millones de dólares -33 millones más que el que se firmó inicialmente en febrero de 2021- a la compañía española. Además cuenta con la opción de ejercer una opción de compra sobre una serie de títulos del gestor de flotas. Y, por ahora, han decidido optar por no mover ficha.
En contraste con todos estos movimientos, King Street no ha notificado ningún tipo de reparto, ni tampoco el pago por parte de Uber en sus cuentas anuales de 2022. El 40% de la española Moove Cars lo controla a través de una sociedad luxemburguesa con el nombre Stone Peak Plum Investments II S.à r.l. Lo único a lo que hace mención es que el valor neto de esa participación es de apenas 45 millones de euros. Según esa misma documentación consultada, el resultado de 2022 para la empresa de VTC arrojó unas pérdidas de 3,7 millones.
Uber tiene la opción de comprar a un precio pactado acciones de Moove Cars desde este año y, al menos por ahora, ha decidido no ejercerla
Esta no es la primera vez que los socios españoles se reparten parte del dinero en el marco de la operación. En febrero de 2021, tras la venta del 9% de las acciones que le correspondían a Mirtosan, todos ellos se repartieron 12,9 millones. Se trataba de la mitad de la prima de las acciones acumulada después de las diferentes ampliaciones de capital. Y lo hacían gracias a que se había producido una reducción importante de la deuda de la sociedad tras la refinanciación ejecutada por el grupo estadounidense: recibió de manos de Uber el repago de la totalidad de los préstamos que ellos formalizarlo lo que les permitió cancelar casi 30 millones.
Todos miran al Supremo
Mientras todos estos movimientos accionariales se producen en la mayor flota de VTC, todo el sector -también el del taxi- sigue muy pendiente de lo que suceda en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso debe pronunciarse sobre dos aspectos determinantes de la regulación: la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxis y la posibilidad de establecer una segunda autorización regional para prestar el servicio que han exigido varias comunidades autónomas en base al llamado ‘decreto Ábalos’ de 2018. El TJUE ya se pronunció en contra de la ratio, pero abriendo la puerta a establecer esa segunda licencia. Lo hizo después de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Supremo optó, como adelantó La Información, por no plantear su propia pregunta y se quedó satisfecho con el posicionamiento de los magistrados en Europa.
En uno de los procesos, dio 10 días para alegaciones a principios de este mes de septiembre a todas las partes por lo que todo apunta a que habrá una sentencia en un periodo relativamente corto que será la que marque el camino para el resto -hay varios procedimientos abiertos a la vez y miles de sentencias reclamadas judicialmente a la espera de esta jurisprudencia-. Pero mientras esto sucede, en verano se hizo pública la desestimación por el Alto Tribunal de un recurso presentado por Vector, una filial de Cabify, en la que solicitaba una indemnización al Estado de más de 237 millones de euros por la ‘luz verde’ al decreto de 2018.
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