La cadena de helados La Menorquina, el primer fabricante en España y cuyo dueño es el grupo Lacrem, que también comercializa las marcas Farggi y Frigécrème, busca alternativas al fondo de solvencia para empresas estratégicas de la SEPI (Fasee). El instrumento del holding público para rescatar grandes compañías no va a seguir adelante con el análisis de la ayuda pública de 70 millones de Lacrem, holding de la cadena. La empresa catalana llevaba más de un año con el expediente bajo análisis y ha optado finalmente por recibir el rescate por parte de uno de sus accionistas, el fondo Cheyne Capital, según distintas fuentes consultadas por La Información.
Cheyne ha canjeado parte de su deuda por acciones y ha reforzado así la solvencia del grupo. Tras la conversión, la compañía tiene un patrimonio neto de 26 millones de euros y una estructura de capital con muy poca deuda. Se encuentra en una situación de solvencia mejor que la que tenía previa a la llegada del coronavirus, en concreto con más patrimonio neto de lo que tenía en el 2019 y un ratio de patrimonio neto sobre capital social de más de 100 veces. La compañía, que confirma a este medio la operación, explica que el grupo "afronta su crecimiento con optimismo e innovadoras estrategias comerciales".
El rescate de Lacrem llevaba analizándose en el seno de la SEPI desde marzo del pasado año. Los asesores PKF Attest y Broseta por la parte financiera y jurídica, respectivamente, fueron los encargados de estudiar esta operación. La petición era de 70 millones de euros, entre préstamos participativos y ordinarios, el mix habitual que utiliza el Fasee para inyectar dinero en las compañías, quienes deben devolver dicho importe en un periodo aproximado de cuatro años -o más-. No obstante, el examen se ha ido dilatando en el tiempo, a la vista de que la compañía habría tenido problemas para acreditar que cumplía todos los requisitos de elegibilidad, señalan otras fuentes.
El movimiento de Cheyne, conocido en España por haber sido prestamista de compañías en apuros como Deoleo, le da todavía más poder en la empresa y diluye la participación de la familia fundadora, los Farga, que hace tres años se pusieron en manos del fondo Black Toro para en 2017 para resolver las primeras turbulencias a medida que aumentaba la deuda. Dos años más tarde, la compañía se acercó Cheyne, que inicialmente se mantuvo solo como prestamista en sustitución de la banca -es principalmente un fondo de deuda- y más tarde entró en el capital, canjeando por primera vez deuda en acciones.
La Menorquina ha restablecido su situación patrimonial y cuenta con una solvencia superior a la de antes de la crisis del coronavirus
La situación de la empresa ya era complicada en el año previo a la pandemia, cuando cerró en pérdidas, según se desprende de la memoria anual de la sociedad cabecera de los negocios Lacrem SA, que depende de una mercantil con el mismo nombre radicada en Luxemburgo. Las ventas se rebajaron y se situaron en los 43 millones de euros, mientras que el resultado de explotación fue negativo en 25 millones. Los números rojos se elevaron hasta los 57 millones de euros. A través de una de sus filiales, Cheyne sería el administrador único de esta última compañía, según la documentación consultada.
Con 70.000 clientes directos anuales y 1,6 millones de pedidos, el grupo Lacrem es el principal fabricante de helados en España. Cuenta con casi 80 distribuidores en el país y 14 delegaciones propias. La venta de helados se diversifica por varios canales: restaurantes, bares y quioscos, heladerías, tiendas de proximidad, supermercados y grandes superficies. Según su página web, la empresa también distribuye otras gamas de productos congelados complementarios de primeras marcas españolas e internacionales.
Rescates frustrados de la SEPI
Esta operación evidencia que ya son varios los rescates millonarios que tantean al fondo de rescate de la SEPI y finalmente no se materializan. De hecho, la propia Belén Gualda, presidenta del holding público, lo deslizó el pasado año. Al de Lacrem se une el de la compañía audiovisual Mediapro, que recibió finalmente la ayuda de su socio Orient Ontai; Cabify, que terminó renunciando a su solicitud; la cadena hotelera Selenta, que fue adquirida por el fondo canadiense Brookfield por más de 400 millones de euros, o Naviera Armas, cuya buena parte de sus activos terminaron en manos del grupo italiano Grimaldi.
A estos se unen muchos expedientes en eterna fase de análisis y que tampoco terminan por resolverse, como el de la hotelera Room Mate de Kike Sarasola, la firma de ingeniería Abengoa o la siderúrgica Celsa. Otros han tenido que ser reformulados y pasar a ser analizados por el fondo de Cofides (Fonrec), perteneciente al Ministerio de Industria. Dos casos: el grupo de aerolíneas Albastar y la agencia de viajes Pangea. La razón principal del cambio es que solicitaron el requisito mínimo de ayuda para entrar en la SEPI (25 millones), pero rebajaron sus exigencias de capital posteriormente.
La SEPI ya ha efectuado 17 rescates a través del Fasee. Una cifra que equivale al reparto de 2.048 millones de euros, muchos menos de los que todavía maneja el fondo (dispone del 62% de los 10.000 millones con los que fue dotado), lo que evidencia que, salvo que Bruselas no conceda una nueva prórroga, gran parte de este dinero se quedará sin repartir. La SEPI ha entrado ya en la recta final para conceder este tipo de ayudas y tiene 24 casos por analizar (la hotelera Abba, el grupo turístico Meeting Point y Bluebay, entre muchos otros), por lo que deberá agilizar trámites antes del 30 de junio, último día para dar ayudas.
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