CNMC gana en la Audiencia el primer asalto contra el plan de Movistar Fusión

Movistar cede en el primer asalto judicial contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la nueva configuración de los paquetes convergentes de Fusión con el 'alquiler' de móviles por una cuota mensual extra. La Audiencia Nacional ha decidido no acceder a la petición de la operadora de telecomunicaciones española y no suspenderá cautelarmente la decisión del organismo regulador de exigir cambios en la oferta para cumplir con las restricciones como operador dominante. Defiende que el interés del grupo empresarial de mantener su oferta comercial no puede prevalecer "frente al interés público que persigue garantizar la competencia efectiva en este mercado". La compañía asegura que ya cumple con las exigencias. 

La oferta que es objeto de discusión entre ambas partes es la que lanzó la teleco hace un año. Incluyó los móviles como gancho comercial. En las principales tarifas de Fusión introducía la compra de un smartphone que encarecía de media unos tres euros al mes la factura. El organismo presidido por Cani Fernández dio la voz de alarma en verano en una resolución en la que aseguraba que este nuevo portfolio incumplía las obligaciones impuestas tras la compra de Digital+. La razón que esgrimía era la permanencia: había una cuota de penalización en caso de que el cliente que había adquirido ese dispositivo se marchaba antes del tercer año completo. La Comisión consideraba que la literalidad de estas condiciones iban en contra del compromiso de no imponer a sus clientes en España obligaciones de permanencia asociadas directa o indirectamente a servicios de televisión de pago para no entorpecer el cambio a otros competidores.

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Esto le llevó a exigirle dos alternativas. O bien modificar de manera importante las condiciones comerciales de la oferta, eliminando la opción de uso del terminal como parte inherente del servicio, tanto para los clientes que ya lo habían contratado como para los nuevos. O, en su defecto, renunciando al derecho a cobrar el valor actualizado del terminal cuando el cliente resuelva el contrato antes de los tres años previstos. Ante esta decisión, como era previsible, la operadora acabó presentando un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Dado que la sentencia tardaría en llegar planteó una medida cautelar.

Perjuicio de "difícil reparación"

La operadora presidida en España por Emilio Gayo defendió que la ejecución inmediata de esta resolución generaría consecuencias "de imposible o difícil reparación", tal y como queda reflejado en el auto judicial consultado por La Información. Está convencida de que generaría un perjuicio debido a la interrupción de la prestación de los servicios a los clientes en las condiciones que fueron contratados y la imposibilidad para ellos de recuperar el valor del terminal usado "con el consiguiente quebranto económico". Lamenta la "imposible o difícil" determinación de los problemas económicos derivados para todo el grupo.

Para la compañía la resolución de la CNMC que es objeto del recurso es nula de pleno derecho porque modifica "sustancialmente" el tenor de los compromisos asumidos por Telefónica, imponiendo unas obligaciones que no estaban previstas en las 'reglas' planteadas en 2015 "de forma contraria a la literalidad y el espíritu de los compromisos adquiridos". Recuerda que estas medidas fueron prorrogadas "de forma extemporánea y, por tanto, adolecen de vicio de anulabilidad".

Interés público

Para los magistrados de la Sala de lo Contencioso es especialmente necesario ponderar los intereses de los terceros porque conceder la suspensión de la resolución supondría el mantenimiento por parte de Telefónica de conductas supuestamente contrarias a esos compromisos. "Hay un interés público en la resolución que pretende defender el régimen de competencia efectiva en este mercado", asegura. En este sentido, entienden que el interés de la operadora por mantener sin cambios la oferta comercial hasta que exista una sentencia no puede prevalecer frente al interés público.

Esta suspensión obligaría, por tanto, a Telefónica a que se ejecute la resolución mientras que llega la sentencia definitiva de la misma Sala sobre la resolución. Hoy por hoy, los productos siguen manteniendo dispositivos electrónicos con una 'vida útil' de 36 meses. En las condiciones sigue apuntándose que las ofertas están sujetas a cuota por baja antes de que se cumpla ese periodo. Pero sí que ha habido un cambio, según explican fuentes cercanas a la compañía: se ha desvinculado el producto de conectividad (fibra y móvil) con el del teléfono. Por tanto, el cliente puede darse de baja de Fusión sin permanencias, manteniendo el pago por el 'smartphone' durante el resto del periodo. Esto era uno de los puntos clave.

Estos productos electrónicos se han convertido en un gancho relevante para las operadoras, después de años sin subvencionarlos. Por ejemplo sucedió durante el trimestre navideño para Vodafone, cuando los ingresos 'tradicionales' de conectividad cayeron pero fueron compensados con la venta de 'smartphones' y otros productos electrónicos como televisores o patinetes. En el caso de Telefónica, el peso es sensiblemente menor, pues la facturación por terminales rozó los 400 millones de euros durante el año 2021, un 51% más.

En paralelo a este tipo de casos, la Comisión también hace guiños a las operadoras de telecomunicaciones en su batalla regulatoria. La presidenta, Cani Fernández, abogó ayer en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicas del Congreso por que estos grupos 'tradicionales' y los nuevos, como Whatsapp y otros, se sometan a normas "equivalentes", de forma que "no haya discriminación" entre unos y otros. Esta es una de las reivindicaciones históricas que han hecho todas las compañías. Y la expresaron los principales grupos europeos, entre ellos la propia Telefónica, hace unas semanas ante la UE.