La tormenta política sigue arreciando sobre la gestión del fondo de 10.000 millones de euros que Bruselas habilitó al Gobierno para que rescatara empresas estratégicas golpeadas por la crisis del coronavirus. Desde su puesta en marcha, algunas decisiones han estado envueltas de polémica, lo que ha llevado a la oposición a pedir cuentas al Ejecutivo. Una de las peticiones más reclamadas ha sido la comparecencia de los responsables de la SEPI, el organismo del Ministerio de Hacienda que decide qué empresas reciben estos rescates millonarios. Pero los partidos del Gobierno presentes en el hemiciclo han frenado esta posibilidad hasta el momento. La última ocasión ha sido el pasado martes 21 de septiembre, cuando PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de la asistencia de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, en la Comisión de Investigación de la Cámara Baja.
Así lo indican las fuentes parlamentarias consultadas, que añaden que los partidos con mayoría en la comisión de Hacienda votaron en contra. No obstante, el resultado no se resolvió por unanimidad, lo que habilitó a que dicha medida pasara a ser el primer orden del día de la próxima comisión (28 de septiembre), como refleja el acta del orden del día del Congreso de los Diputados. La petición fue presentada por Vox, si bien el Partido Popular optó por reclamar la comparecencia de la ministra María Jesús Montero, a la postre máxima responsable del ministerio que dirige la SEPI.
No es la primera vez que se frena la comparecencia de Belén Gualda en el Congreso. Ya en junio, distintas formaciones políticas como el Partido Popular y Vox reclamaron su presencia, sobre todo, a raíz de las informaciones que aparecían cada día sobre el polémico rescate de Plus Ultra por 52 millones de euros. La aerolínea, cuya cuota de mercado es muy reducida en España, fue una de las primeras empresas que se benefició del fondo de la SEPI para empresas estratégicas, lo que encendió todas las alarmas y terminó en los tribunales.
Los partidos de la oposición siguen muy atentos a las decisiones que se toman en torno a la SEPI y desde dentro del organismo. Sin ir más lejos, Carolina España, del Grupo Parlamentario Popular, afeó al Gobierno este martes de la eliminación de la unidad de control de la SEPI para los rescates, una medida que se tomó en verano y sobre la que no se comunicó nada al respecto de manera pública. La supresión de este organismo interno fue una de las decisiones del mandato de Gualda, que aterrizó en la presidencia de la SEPI el pasado mes de abril en sustitución de Vicente Fernández Guerrero. Gualda, hasta entonces presidenta los astilleros públicos de Navantia, había desarrollado parte de su carrera en la Junta de Andalucía, donde coincidió con la hoy ministra María Jesús Montero.
Ausencia en pleno análisis de rescates
A las puertas del verano y tras su regreso, la SEPI ha acelerado el análisis de solicitudes de rescates, dejando cerca de 20 expedientes en una fase intermedia de la resolución para recibir la ayuda. En verano, las empresas seleccionadas fueron Abba Hotels (30,9 millones de euros), Grupo Juliá (37 millones de euros), Abengoa (240 millones de euros) y Ferroatlántica (37 millones de euros). A la vuelta del periodo estival, otras cuatro firmas en apuros recibieron asesor: Técnicas Reunidas (320 millones de euros), Grupo Siro (90 millones de euros), Áreas (120 millones de euros) y Air Nostrum (103 millones de euros).
No obstante, el atasco es evidente. Casi el triple de empresas están en una situación más prematura, según se desprende de una respuesta parlamentaria del propio Gobierno. El Ejecutivo reveló recientemente que ha recibido al rededor de 60 peticiones de ayudas para el fondo de la SEPI, lo que evidencia un ritmo peticiones elevado desde su creación en julio del pasado año. No se conoce el nombre de las empresas responsables de todas estas solicitudes, pero desde el verano pasado han trascendido casos como el de la siderúrgica Celsa, que pide más de 700 millones, o grupos turísticos como Wamos (70 millones), Hesperia (55 millones) o Serhs (35 millones).
Hasta el momento, solo se han desbloqueado seis expedientes. El primero fue el de la aerolínea Air Europa, de la familia Hidalgo. Poco después llegó la ayuda a Duro Felguera, Plus Ultra y las agencias de viajes de Barceló y Globalia. Este verano la SEPI ha acelerado un poco más, con el expediente de la siderúrgica Rugui Steel y Tubos Reunidos. Se da por hecho que la próxima empresa en recibir la luz verde definitiva del Consejo de Ministros sea la hotelera Hotusa, del empresario Amancio López, que solicitaba cerca de 240 millones de euros.
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