Sábado, 26.05.2018 - 21:49 h
La guerra del taxi continúa

La VTC, tras el decreto: ¿qué pasará con las 30.000 licencias pedidas desde 2015?

Se derogaron dos artículos sobre los que el TS debía sentenciar. Abogados y taxistas alertan de la posibilidad de no haber 'cancelado' esos permisos.

Fotografía VTC para portada uno
Protesta de los taxistas contra las VTC.

Un movimiento 'in extremis' que puede tener muchas implicaciones legales. El Gobierno aprobó este viernes en Consejo de Ministros un decreto ley con el que trató de blindar dos de las principales limitaciones a la actividad del sector VTC frente al taxi. La escenificación: tres días después de la vista oral del macrojuicio en el Tribunal Supremo. El objetivo es tratar de frenar la concesión de licencias, más allá de las reclamadas ya por vía judicial. Pero, ¿lo han conseguido?

Varias asociaciones de taxistas y abogados especializados no lo tienen claro: puede que esta derogación siga dejando la puerta abierta a las más de 30.000 licencias pedidas desde el año 2015 hasta este sábado.

Disparo... ¿con balas de fogueo?

El Gobierno decidió dar un golpe en la mesa. Aprobar un decreto ley con el que frenar la sangría. En la 'letra pequeña' de esa normativa incluye algo que puede dar un giro importante: una disposición derogatoria única. El Ejecutivo deroga los dos artículos del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) referidos a ese ratio de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis y a la obligatoriedad de llevar a cabo al menos el 80% de los servicios en la comunidad autónoma donde fueron concedidas (regla de habitualidad). Y estos pasan a convertirse en ley a través del decreto aprobado.

Esos dos artículos, el 181.3 y 182.5 del ROTT, son dos sobre los que se debe pronunciar el Tribunal Supremo tras la denuncia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es decir, en el caso visto para sentencia, el Alto Tribunal ha de hacer pública su posición sobre una normativa que, desde este sábado, no existe.

Las consecuencias pueden ser muchas. La pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá decidir si pronunciarse o no. Hay jurisprudencia, según explica una fuente jurídica con conocimiento del sector de la VTC, en la que el Alto Tribunal ha desistido de pronunciarse sobre reglamentos o decretos que ya estaban derogados.

Si finalmente se pronuncia, sigue habiendo el mismo problema: no hay artículos formales en el reglamento -ya derogados- sobre los que pronunciarse. Si decide no hacerlo, las decisiones de conceder permisos recurridos en los tribunales recaerán en órganos judiciales inferiores. "Y arrancará nuevamente una batalla judicial que se alargará durante dos o tres años", explica una fuente jurídica con conocimiento del sector.

Hoy hay no pocos tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas que han ido aparcando los pronunciamientos judiciales sobre la concesión de licencias reclamadas hasta 2015, a la espera de que el Alto Tribunal ofreciera su propia conclusión.

En estos momentos, gracias a un aluvión de peticiones principalmente desde que en noviembre de 2015 el Tribunal Supremo diera un golpe de efecto con las primeras sentencias favorables a conceder licencias pedidas desde 2013, hay más de 30.000 permisos reclamados en las administraciones (principalmente en Madrid y Cataluña). Y son esas las que ahora están en juego.

¿La 'nacionalización' de la regulación?

Otro de los efectos que acarreará este decreto ley tiene que ver con la regulación de las VTC. O, al menos, de estos dos aspectos clave de su actividad: la limitación geográfica y en número. Y es que el Gobierno corta así cualquier intento de comunidades autónomas y ayuntamientos de ordenar a su antojo el sector.

El golpe principal se lo ha llevado Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio dio luz verde a un polémico reglamento en el que, entre otras medidas, exigía una segunda licencia otorgada por la administración local para operar en el distrito de Barcelona. Sobre este aspecto, el ministro fue tajante este viernes: "Ha habido una proliferación de iniciativas dirigidas a limitar la operativa de las VTC, para mantener el 'statu quo' de los taxis, algo que vulnera la Unidad de Mercado".

Pero el caso de Barcelona no es el único. Los gobiernos de Baleares y Canarias, a petición de las patronales de taxistas de ambos archipiélagos, plantearon al Ministerio el desarrollo de una normativa específica para sus territorios con el objetivo de limitar la oferta de VTC.

¿Cabe recurso?

Con todo, ¿cabe recurso? Esta decisión del Gobierno sólo puede ser batallada en el Tribunal Constitucional. Y sólo pueden recurrir el propio presidente del Gobierno; al menos 25 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o los órganos ejecutivos (Gobierno) o legislativos (parlamentos regionales) de las comunidades autónomas afectadas. ¿La única razón que esgrimir? Si hay, realmente, urgencia para aprobar una medida que podía haberse iniciado hace varios años.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúa como un mero espectador. Fuentes oficiales del organismo regulador aseguran que ellos no tienen esa capacidad para reclamar ante el Tribunal Constitucional, por lo que esperan al pronunciamiento del Tribunal Supremo.

"Seguiremos luchando para que se regulen"

"No sé qué es mejor, si que el Gobierno haya cerrado la puerta de manera definitiva con sus amigos los inversores dentro o si que haya dejado la puerta abierta de par en par", apunta el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, quien lamenta que el Gobierno "nos la ha vuelto a jugar". "Nosotros seguiremos luchando para que se regulen", apunta.

Por su parte, desde la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), otra de las organizaciones del taxi que forman parte de la defensa del 1-30 contra la CNMC en el proceso del Supremo, muestra su preocupación con el futuro de las miles de solicitudes VTC que se han hecho desde noviembre de 2015. 

El enredo sigue más enredado que nunca. Después de este movimiento, el Tribunal Supremo tiene la pelota en su tejado. Mucho aún por dilucidar en estas próximas semanas.

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