Es una de las medidas estrella del Ministerio de Economía para la legislatura y todavía genera tensiones. La creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero ha puesto en contra a las entidades bancarias, que no han dudado en buscar las grietas a través de las que colarse para enmendar esta nueva figura administrativa que, en su opinión, solapa a otras entidades con labores similares. Para la batalla, la patronal AEB se ha armado con dos despachos de reconocido prestigio, Cuatrecasas y Díez-Picazo, para argumentar su negativa a esta suerte de ombudsman financiero.
La sensación que existe en el seno de la patronal presidida por Alejandra Kindelán y las entidades financieras que representa es que esta nueva figura traerá inseguridad jurídica y no será racional ni tampoco eficaz y eficiente. Ante todo, consideran que el modelo que rige en España con el papel de supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) o el Banco de España es suficientemente competente. La labor de los dos bufetes ahonda en la implicación que puede tener esta nueva figura, la cual podría llegar a tener tintes de inconstitucionalidad, explican las fuentes consultadas por La Información.
Los dos bufetes elegidos por la AEB son habituales asesores de cabecera de las entidades financieras. Díez- Picazo, fundado por Luis Díez-Picazo, padre del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ya saltó a los focos en 2018 por su defensa junto a las entidades financieras ante el aluvión de litigios por las cláusulas suelo. Cuatrecasas, por su parte, ha trabajado junto a otros bufetes europeos para la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) en el marco de la trasposición definitiva de las normas de Basilea, entre muchas otras labores.
El malestar
Uno de los puntos que más fricciones genera es la calificación de tasa a los 250 euros que cada entidad financiera debe abonar por cada reclamación que presente un cliente. Tampoco gusta que los veredictos de la nueva autoridad tengan carácter vinculante siempre y cuando no superen los 20.000 euros. Este último extremo, explican las mismas voces, no solo agota la vía administrativa, sino que entra de lleno en competencias propias de la jurisdicción civil.
Para más inri, en el sector consideran que el cuerpo legislativo del defensor del cliente financiero también podría ser contrario a la normativa europea, concretamente a la Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. A ello añaden que la experiencia con la creación de un defensor del cliente financiero no ha sido siempre positiva. Y como ejemplo mencionan el caso de Reino Unido, donde lleva años funcionando el Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO).
En los últimos meses, la AEB ha mantenido un perfil bajo respecto al plan de Economía con esta nueva figura administrativa. Las últimas declaraciones de uno de sus portavoces se realizaron en mayo, por parte del expresidente de la patronal, José María Roldán, quien llegó a expresar públicamente sus dudas y si la creación de este ente "merece la pena". En la rueda de prensa, Roldán también puso en duda la eficacia de esta medida. "Cuantas más autoridades tengamos, es más necesaria la coordinación", añadió.
La CECA y Economía
Lo cierto que la AEB no está sola en su cruzada. La CECA, la otra gran organización defensora de los intereses de las entidades bancarias y en especial de las cajas de ahorro, también defiende el modelo twin peaks, con reparto de funciones entre el regulador financiero y el supervisor bursátil, vigente en países como Australia o Países Bajos. Desde la organización explicaron que participaría en el proceso de consulta pública de la nueva ley para "aportar propuestas y reflexiones que contribuyan a mejorar la calidad técnica del anteproyecto de ley".
La unidad del sector financiero ha puesto un gran distanciamiento con el Gobierno. A través del Ministerio de Economía, la titular Nadia Calviño ha manifestado en distintas ocasiones su prioridad por crear un defensor financiero que ate en corto a las entidades financieras. Tras una primera aprobación en Consejo de Ministros, la ministra explicó la pasada semana que quería acelerar "al máximo los plazos" para llegar a la tramitación parlamentaria por la “importancia social” de este nuevo organismo. La previsión es que la autoridad esté lista en la primera parte de 2023.
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