Reajustar dividendos exige un informe de auditoría que avale la crisis en la empresa

Las empresas españolas llevan semanas tratando de activar mecanismos para protegerse frente a las posibles consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Tanto es así que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Colegio de Registradores accedieron hace unos días a la petición de varias de ellas y permitieron modificar las propuestas de aplicación de resultados ya presentadas y, como consecuencia, los dividendos a repartir entre sus accionistas. Todo ello con el fin de poder tener un cierto margen de actuación frente a los eventuales problemas que pudiesen surgir. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido dicha modificación en el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado este miércoles otorgando a la norma total validez. Sea como fuere, hace ya varios días que las compañías, siguiendo al regulador, han llevado a cabo este tipo de cambios. 

Pero el peso de estas modificaciones, de llevarse a cabo, no será únicamente soportado por las propias compañías que decidan hacerlo, también tendrán mucho que ver los diferentes auditores y los administradores de cada una de ellas que, de acuerdo con la norma, adquirirán una mayor responsabilidad. En concreto, y siguiendo el texto del real decreto, la situación y los requerimientos serán diferentes para aquellas firmas que decidan hacerlo en función de si su junta de accionistas está convocada o si se espera hacerlo en un futuro. 

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En el primer caso, que ya ha sido el de algunas firmas como Liberbank, cuya junta se celebró este miércoles, el órgano de administración puede retirar de orden del día la propuesta de aplicación de resultados. Así lo hizo, mediante la publicación de un anuncio complementario a la convocatoria de junta unos días antes de su celebración el banco heredero de Caja de Asturias. Una vez que se supere esta situación excepcional, la entidad debe someter a la junta la nueva propuesta de aplicación de resultados. Para ello, el auditor debe emitir un informe en el que este indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

En el caso de aquellas compañías que hayan decidido anular 'sine die' su junta de accionistas y retirar así la propuesta de aplicación de resultado, como es el caso de Caixabank, será el órgano de administración de cada compañía el que tenga que justificar, con base a la situación excepcional que ha creado la irrupción del coronavirus en España, la sustitución de la propuesta de aplicación de resultado por una nueva. En este caso, al igual que en el de las firmas con juntas ya convocadas, el auditor también tendrá que realizar un escrito en el que de cuenta de que su opinión no ha cambiado tras esta nueva propuesta que dará lugar al pago de las retribuciones a sus accionistas. 

Es por tanto el del auditor uno de los papeles clave para llevar a cabo estas modificaciones. Será esta figura la que deba velar porque las diferentes compañías, al igual que hace con las cuentas anuales, justifiquen adecuadamente las modificaciones en la propuesta de aplicación de resultados, salvaguardando los derechos de los accionistas, perceptores del dividendo que se calcula a partir de la citada proposición.

Pero más allá de los 'vigilantes' de las cuentas, también tienen un papel esencial los consejeros -sobre todo los independientes- de las diferentes compañías que decidan llevar a cabo este tipo de cambios.  Serán los miembros de los máximos órganos de cada una de las firmas los que tengan que velar por, antes de que llegue el auditor, el mantenimiento de un criterio de parcialidad, evitando que se cancelen repartos a accionistas que podrían llevarse a cabo simplemente postergándose en el tiempo. 

Hasta este miércoles ha habido multitud de compañías de todos los sectores que han decidido modificar su propuesta de aplicación de resultado. Es el caso de la promotora Neinor, que ha aplazado su dividendo, Amadeus, Inditex, Coca-Cola o las ya citadas entidades financieras a las que se unen otras que han hecho lo propio con el reparto previsto para 2020. Además, en el caso de los bancos, existe una 'recomendación' del BCE que les insta a eliminar estos repartos en pro de aumentar el capital y poder financiar a familias, empresas y autónomos que lo necesiten.