Duro Felguera se resiste a comulgar con la Agencia Tributaria. Tras todos los intentos posibles por evitar el pago de la multa de 123 millones de euros como consecuencia de una investigación sobre el Impuesto de Sociedades de los ejercicios entre 2010 y 2012, se ha llevado un revés en los tribunales. Ahora, y tras la inadmisión a trámite del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, a la compañía no le queda más remedio que hacer frente al pago. Eso sí, Duro Felguera sigue en sus trece y ha sacado toda la artillería legal con la que cuenta para tratar de trocear y retrasar el desembolso de esta millonaria cantidad.
El alto tribunal ha rechazado un recurso de casación presentado contra el auto de la Audiencia Nacional de marzo del pasado año por el que se aprobaba la suspensión del pago de la deuda con aportación parcial de garantías. El Supremo entendió que el recurso carecía de interés casacional, es decir, consideró que su estudio no era pertinente, más allá de las circunstancias concretas del caso. Pero Duro Felguera no se dio por vencida con esta respuesta del Supremo y ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones frente a esta providencia que se encuentra aún pendiente de resolución.
Sea como fuere, y tras el revés del Supremo, en mayo de este año Duro Felguera solicitó, por otro lado, la modificación de la medida cautelar adoptada por la Audiencia Nacional. Lo que pretende la mercantil, según informa la compañía en las notas explicativas a los estados financieros del primer semestre del año, es un cambio de las condiciones de la suspensión del pago. Un gesto que le puede valer para retrasar este desembolso.
Pese a todo, la decisión del alto tribunal marca un antes y un después ya que supone la firmeza del auto de la Audiencia Nacional y da el pistoletazo de salida al plazo de dos meses para que presentase las garantías a las que se condicionaba la suspensión del pago y que finalizaba el pasado 3 de junio. Según indica en la misma documentación, el Fisco no podrá en ningún caso cobrar esta cuantía sin que se pronuncie previamente la Audiencia Nacional, algo que aún no ha sucedido.
Más allá de la necesidad de que la sala de lo Contencioso falle en este sentido y que, según señalan fuentes conocedoras, "es solo cuestión de tiempo", este órgano judicial debe resolver "expresamente" la solicitud de modificación de condiciones de la suspensión a la que antes se ha hecho referencia. Un nuevo vértice a través del que Duro Felguera ha conseguido retrasar el pago de esta millonaria cantidad.
Por si fuera poco, y después de que todo esto ocurra, con anterioridad a la ejecución, la Agencia Tributaria "debería tramitar y resolver la solicitud" de aplazamiento del pago que presentó la compañía. En esta petición, Duro Felguera solicitaba dividir el pago en una primera cuota del 15% de la deuda el primer año, un 25% el segundo y 30% cada uno de los dos años restantes. En el informe al que se ha hecho referencia con anterioridad, la compañía de Acacio Rodríguez señala que en caso de que el Fisco rechace este acuerdo, esta podrá recurrir al TEAC y de nuevo a la Audiencia Nacional.
Según confirman, los plazos de resolución de este procedimiento se estima que sean de alrededor de un año y medio a contar desde la denegación del aplazamiento. Lo mismo puede ocurrir con la solicitud de suspensión tramitada ante el TEAC. Un conjunto de trabas que retrasa una y otra vez el pago de la deuda.
Blanqueo en Venezuela
Este no es el único problema de Duro Felguera. La compañía asturiana se encuentra inmersa en un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional en el que se investiga a una decena de personas por delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional. Se investiga la realización de pagos por importe total de alrededor de 80,6 millones de dólares en Venezuela a altos cargos de este Gobierno.
Tras varios meses de instrucción del caso, la causa fue declarada compleja, prorrogando las pesquisas durante 18 meses más. A la finalización de este periodo, el pasado 27 de marzo, el Juzgado de Instrucción Central número dos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, extendió este plazo por otros 18 meses.
Todo ello, pese a que el 'forensic' -investigación interna de la compañía- encargado a Grant Thornton y "la constancia de hechos que ofrece la documentación aportada a las Diligencias Previas del Juzgado Central de Instrucción", señala el informe semestral de Duro Felguera, no muestra "elemento ni evidencia ni indicio ni constancia alguno de que Duro Felguera, su órgano de administración o sus miembros, directivos, empleados o representantes hayan autorizado, conocido y (o) consentido pagos o concesión de ventajas o beneficios indebidos en favor de autoridades o funcionarios públicos de Venezuela para corromperles y obtener un ejercicio torcido de sus competencias".
Dimisión consejeros
La situación de la compañía es complicada. En apenas poco más de dos semanas, cuatro consejeros de Duro Felguera han abandonado la compañía. Los últimos en hacerlo han sido Loreto Ordóñez y Juan Miguel Sucunza Nicasio, dos de los independientes presentes en el máximo órgano de la firma que han achacado su salida "a la imposibilidad de atender con la debida dedicación sus funciones en la sociedad en esta etapa debido a la demanda y exigencia de otros compromisos ajenos a esta", tal y como comunicaban a la CNMV.
A medidos de septiembre, habían hecho lo mismo Marta Elorza y Alejendro Legarda. La primera señalaba que había asumido nuevas obligaciones profesionales que no eran compatibles con su cargo en Duro Felguera. Por su parte, Legarda alegaba motivos personales "dadas las divergencias con la dirección de la sociedad". Una retirada a tiempo siempre es una victoria.
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