Enagás se anticipó al último viraje de la política energética de Moncloa. Se trata de la reciente apuesta de Pedro Sánchez por levantar un gaseoducto de 800 kilómetros entre España e Italia bajo el Mediterráneo. El presidente del Gobierno lanzó por sorpresa este mensaje el miércoles durante su viaje a Colombia. Hasta entonces, ni Sánchez ni ninguno de sus ministros habían aludido a la vía italiana. Al menos, no públicamente. Pero hace poco más de un mes, Enagás ya anunció una inversión de 1.500 millones de euros en este gaseoducto, una iniciativa que incluyó en su plan estratégico 2022-2030, el primero diseñado bajo la dirección del nuevo consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri, que la gasista presentó en julio.
La compañía que preside Antonio Llardén se adelantó al golpe de efecto de Sánchez, quien ha mostrado la disposición del Gobierno a echar el resto por la conexión España-Italia, solo después de que el Ejecutivo de Enmanuel Macron enfriase el creciente optimismo sobre el Midcat, el plan para activar un tercer gaseoducto entre España y Francia que no encaja en los planes del presidente francés. Sánchez aseguró que si no sale adelante el plan A "por dificultades de política doméstica", España buscará el plan B, en referencia a la conexión submarina con el país transalpino.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, se apresuraron a secundar a Sánchez. En Bruselas les respalda el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, férreo defensor de aumentar las interconexiones entre el sur y el norte del continente.
La llegada de Aizpiri a Enagás no solo ha supuesto un viraje en la estrategia del grupo, también ha llevado a un acercamiento de la compañía con el Gobierno. Un dato, Ribera va a mantener una ronda de contactos con el sector para abordar el plan de contingencia energético que presentará próximamente a Bruselas, después de lograr este jueves su convalidación en el Congreso. El primer convocado, este viernes, es Aizpiri.
Ribera va a iniciar una ronda de contactos con el sector para abordar el plan de contingencia energético. El primer convocado es Aizpiri.
La compañía, por su parte, está dispuesta a movilizar todos los recursos a su alcance -y los que lleguen de terceros- para culminar la interconexión con Italia. La empresa ha previsto un plan de inversión a ocho años. A razón de 365 millones de euros entre 2022 y 2026 y otros 1.135 millones entre 2027 y 2030. Un esfuerzo histórico para la compañía que gestiona la red nacional de gaseoductos y de almacenes de gas.
Según las proyecciones de la gasista, que lleva meses trabajando en un informe de evaluación del proyecto, el coste total de la infraestructura rondará los 3.000 millones. Aun con la aportación del país transalpino y el respaldo financiero de Bruselas -que se da por sentado-, la factura para España del gaseoducto entre Barcelona y Livorno supera, a priori, el coste previsto para poner en marcha el Midcat, que situaba la aportación de nuestro país en el entorno de los 400 millones de euros.
Mención aparte requiere el calendario previsto para la puesta en operación de la interconexión Italia-España. La vicepresidenta tercera ha deslizado en más de una ocasión que el plazo para tener listo el Midcat es excesivo. Ocho meses, según avanzó el propio Aizpiri. Ribera le tomó prestada la cifra poco después, para responder al canciller alemán, Olaf Scholz, en su reclamo por un gaseoducto que permita a Alemania sustituir el gas ruso por el argelino. La conexión hasta Livorno estaría lista en tres años, en el mejor de los casos.
La política energética de los Estados miembros es, hoy más que nunca, una partida de ajedrez que se juega en el plano geoestratégico. Hay cuatro actores principales. Berlín, con una fuerte dependencia de Rusia, se ha convertido, por necesidad, en el mayor aliado de Sánchez para explorar nuevas interconexiones entre el sur y el norte de Europa. París, empeñada en no ceder peso en el tablero energético europeo, ha apostado por poner en valor sus nucleares. Roma, que ha movido ficha en Argelia para garantizarse el trato más conveniente en la exportación de gas y convertir al estado transalpino en un aliado a tener en cuenta. Y Madrid.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha jugado a la contra de cara al Midcat, pero ha pasado a la ofensiva al poner sobre la mesa la vía italiana. España no se vería apenas afectada por un corte del suministro ruso, pero encara una situación igualmente delicada a causa de la crisis diplomática con Argelia, que ha tensado la negociación entre Naturgy y la estatal argelina Sonatrach para la revisión del contrato de gas. La interconexión italiana reforzaría al Gobierno en este frente, pues permitiría a España sacar partido del clima de entendimiento entre Roma y Argel.
La SEPI eleva su margen de actuación en Enagás
La SEPI es el primer accionista de Enagás, con un 5%. Esta es la máxima participación que puede aglutinar cualquier accionista del grupo energético distinto del propio Estado. El grupo energético modificó hace unas semanas el reglamento de su consejo de administración, limitando el control que su máximo órgano de gobierno puede ejercer sobre las operaciones vinculadas con aquellos accionistas que ostenten una participación de más del 10%. Antes, el límite era del 3%. En la práctica, esto supone eximir del filtro del consejo los acuerdos adoptados entre Enagás y el Estado pues, aunque la SEPI es la única que podría alcanzar ese 10%, por ahora se encuentra muy lejos de dicho porcentaje.
Este aumento de la autonomía del Estado en Enagás ha coincidido con el giro en el plan estratégico de la compañía impulsado por Aizpiri. La nueva hoja de ruta, como se ha explicado, centra el esfuerzo inversor de la compañía en el desarrollo de infraestructuras, un objetivo muy ligado a la seguridad de suministro nacional. El gaseoducto submarino hasta Italia se enmarca dentro de esta categoría. Por lo pronto, tanto Sánchez como Ribera han mostrado su buena disposición a ponerlo en marcha. Enagás será un actor de peso en todo el proceso.
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