Hace dos semanas uno de los aviones Falcon al servicio del Gobierno aterrizó en el aeropuerto militar de Argel. Dentro de la aeronave viajaba un comité técnico español de expertos en temas energéticos, según ha podido saber La Información de fuentes políticas conocedoras del traslado. La expedición es especialmente relevante dado que se produce en plena escalada de tensión entre el Gobierno de España y las autoridades argelinas y en medio de la negociación sobre los precios del gran contrato de suministro de gas que la empresa argelina Sonatrach mantiene con Naturgy y otras compañías energéticas españolas.
La ruptura del Tratado de Amistad suscrito entre Argelia y España ha dejado varios frentes abiertos en el país magrebí que, por sí solos, justificarían la nueva toma de contactos técnicos con el país. No en vano, el gas argelino es clave para garantizar el suministro a España y la Unión Europea, amenazado por la invasión rusa de Ucrania.
El que más preocupa en estos momentos es el proceso de revisión de precios que está desarrollando Sonatrach respecto al acuerdo de envío de gas a España a través del Medgaz, el gaseoducto que une el país norteafricano con Almería propiedad de Naturgy (49%) y Sonatrach (51%). Representantes de la primera gasista española del más alto nivel están pilotando estas conversaciones a las puertas del invierno. El Gobierno ha respaldado al grupo energético en este frente en más de una ocasión.
A finales del pasado septiembre, tras el estallido de la crisis diplomática, el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Argelia acompañado por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y un equipo de técnicos en representación del ministerio de Transición Ecológica. El presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el director de Estrategia de Naturgy, Antoni Bassolas, completaban una expedición cuyo principal objetivo fue arrancar al Gobierno argelino el compromiso de mantener el suministro de gas a España. La máxima responsable de política energética, Teresa Ribera, realizó el mismo viaje un mes después de la citada expedición.
Pero es ahora, un año tras la ruptura del tratado diplomático, cuando la negociación del contrato de suministro ha ocupado una posición destacada en la agenda gubernamental y en la de la alta dirección de Naturgy. La crisis energética internacional ha dado a Argelia un argumento convincente -y conveniente- para revisar al alza la tarifa del gas que importa España.
La propia Naturgy admitía en sus últimas cuentas semestrales haber revisado al alza contratos bilaterales con sus clientes para aliviar las presiones en los márgenes provocadas por la sostenida escalada de precios en el mercado energético. Todo hace indicar que Sonatrach aplicará esta misma dinámica en su acuerdo con la gasista española. Distintos portavoces del Gobierno han marcado distancias sobre este punto y han asegurado que la negociación de estos contratos es un asunto en manos de las energéticas, pasando la pelota al tejado empresarial.
La revisión de precios del contrato de suministro de gas, la ampliación del Medgaz y el bloqueo bancario son tres de los frentes abiertos en Argelia
Entre los asuntos que han precisado la atención del Ejecutivo en el territorio argelino se incluye la ampliación del gaseoducto Medgaz firmada hace más de un año y en la que las dos copropietarias de la infraestructura invirtieron alrededor de 75 millones de euros en 2021. El objetivo de la obra es incrementar la capacidad de bombeo del gaseoducto de 8 bcm (mil millones de metros cúbicos) a 10 bcm de gas anuales.
La idea inicial era que dicha ampliación empezase a operar en el cuarto trimestre de 2021. Fuentes sobre el terreno informaron a este diario de que, tras el viraje de Moncloa en la cuestión del Sáhara Occidental, Argel empezó a plantear inconvenientes en la fase final del proyecto que habrían ralentizado la puesta en marcha de esta ampliación, como publicó La Información el pasado marzo.
No menos importante es el caos generado por la decisión de Argelia de suspender desde 9 de junio las domiciliaciones bancarias para el comercio exterior con nuestro país, bloqueando las transacciones entre ambos estados. Esta restricción ha impedido operar con normalidad a empresas y proveedores españoles. El pasado 28 de julio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABEF) argelina anunció el levantamiento de esta medida, unas declaración que Argel desmintió poco después, confirmando la gravedad de una crisis a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa quitando hierro tras un año de tensiones.
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