Fondo de 1.000 millones

EY y Horwath se postulan como 'gurús' de Industria para rescatar a las pymes

La empresa pública Cofides recibe las peticiones para colaborar en el estudio de líneas de liquidez a pequeñas y medianas empresas afectadas por el coronavirus.

Reyes Maroto
Reyes Maroto
Agencia EFE

El Gobierno volverá a necesitar de asesores para decidir qué empresas rescata tras la crisis del coronavirus. Más allá de la SEPI, donde el Ejecutivo se ha rodeado de un pool de 40 expertos, la empresa pública Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) ultima una línea de crédito de 1.000 millones de euros que deberá repartir entre pequeñas y medianas empresas. Se espera que el importe medio de cada ayuda oscile entre los 5 y los 25 millones de euros. Y las grandes consultoras y otras firmas especializadas ya han lanzado sus ofertas al Ejecutivo.

El plazo para hacerlo terminó el pasado viernes 21 de mayo. Aunque todavía es pronto para saber cómo quedará el pool de gurús de Industria, las fuentes consultadas explican que, entre los candidatos aparece el nombre de la big four EY y el de Horwath, empresa especializada en la industria turística, precisamente uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

La previsión de la entidad dependiente de Industria es dedicar a honorarios aproximadamente 25 millones de euros al total de los elegidos. Este importe se dedicará principalmente a las retribuciones. Las fuentes consultadas matizan que, pese a que la oferta iba dirigida a captar 15 firmas distintas, finalmente serán entre 10 y 12 el número de seleccionados.

El Gobierno ha dividido su contrato en dos bloques. De un lado, contratará a perfiles financieros; por otro, se hará con los servicios de especialistas en materia legal, principalmente bufete de abogados. El primer grupo ayudará a analizar la situación de insolvencia de cada empresa y el segundo acometerá labores como due dilligence. Sin embargo, las empresas pueden optar individualmente a uno u otro bloque e incluso podrían aliarse entre  varias de ellas a través de una UTE para pujar por los dos paquetes.

Por parte de los solicitantes, de nuevo volverán a ser claves dos condiciones:  demostrar que no acogerse a este tipo de ayuda sería definitivo para seguir poder prestando servicio y demostrar que la empresa era viable en 2019, es decir, antes de la pandemia. De hecho, los gurús analizarán el impacto de la crisis sanitaria en aspectos como la necesidad de caja, las medidas operativas adoptadas para paliar los efectos (ERTE, ERE, negociación de contratos…) y las fuentes financiación captadas.

Mecanismo similar al de la SEPI

El papel de Cofides guarda muchas similitudes con las ayudas de la SEPI. La sociedad que responde al nombre de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y que depende del Ministerio de Hacienda ha recibido ya peticiones por más de 30.000 millones, aunque en su caso se ha tratado de compañías de mayor envergadura.

Pero el revuelo formado por las ayudas asignadas a la aerolínea Plus Ultra (55 millones) el pasado mes de marzo ha provocado que la entidad haya paralizado la asignación de nuevos créditos. En juego está la supervivencia de empresas como la siderúrgica Celsa, grupos constructores, como OHL, de Villar Mir, y de comunicación, como Mediapro.

No obstante, si hay algún sector afectado por la parálisis de estas ayudas es el turístico. Si bien Air Europa y las agencias de Ávoris y Globalia han recibido un balón de oxígeno vital (casi 800 millones entre los créditos ordinarios y participativas captados entre ambas), la mayoría de firmas del sector sigue esperando resolver su petición. La lista de hoteleras, por ejemplo, la componen Hesperia (55 millones), Room Mate (52 millones), Hotusa, Senator (50 millones) y Selenta (50 millones). Pero también hay agencias de viajes como Pangea y otras aerolíneas como Wamos, dentro de Nautalia, y Air Nostrum.

Ahora, SEPI y Cofides deberán coordinarse. La empresa dependiente de Hacienda dará traslado a la que cuelga de Industria de los expedientes de aquellas empresas que iniciaron el trámite para acogerse al macrofondo de 10.000 millones, pero no alcanzaron los umbrales mínimos de inversión exigidos (25 millones de euros por beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente justificados).

Mostrar comentarios