Teresa Ribera prepara su tercer real decreto para rebajar la factura de la luz, una norma que el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros. El decreto que están ultimando en el Ministerio para la Transición Ecológica aspira a cerrar definitivamente la batalla eléctrica. El carácter estratégico de la cuestión ha hecho que la propia Ribera se haya reunido con las asociaciones de renovables y cogeneración, cuyas instalaciones se verán afectadas por el próximo ajuste. El consenso se ha palpado en todos los 'cara a cara', pero una mano levantada al final de la sala impide hablar de acuerdo unánime. Se trata de Acciona, que ha aflorado como el último 'cabo suelto' de Ribera para dar carpetazo a la tormenta eléctrica.
Las reticencias de la compañía que preside José Manuel Entrecanales frente al real decreto que está limando el ministerio energético se explican por el impacto que tendría la medida en la compañía, según fuentes conocedoras consultadas por La Información. El próximo ajuste legal obligará a las instalaciones que operan en régimen primado (el llamado Recore) a subastar una parte de la energía producida para cubrir, a un precio inferior al que obtendrían con la venta en el mercado mayorista (pool en la jerga), la demanda de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, conocida como PVPC, así como la de los grandes clientes industriales.
El ministerio que dirige Ribera lleva más de un mes proyectando su "jugada maestra", como se han referido a esta última estrategia distintas fuentes del entorno empresarial. El nuevo real decreto no tocará la rentabilidad prometida a estas instalaciones, marcada en un 7,3% para el final de la vida útil de aquellas plantas de generación anteriores a 2013. Esta promesa ha sido determinante para lograr una buena acogida del real decreto por parte de los grandes grupos energéticos del panorama nacional, entre ellos Iberdrola y Endesa, que hasta ahora habían liderado la oposición a la reforma energética desde el frente empresarial.
La situación de Acciona es diferente. Una parte sustancial de la capacidad que el grupo que preside José Manuel Entrecanales tiene instalada en España es anterior a 2013 y está próxima a alcanzar la rentabilidad tope para salir del Recore y volver a operar a mercado. De salir adelante el nuevo ajuste normativo del Gobierno, Acciona podría ver afectadas sus cuentas en mayor grado que el resto de renovables primadas.
Acciona remitió este jueves un comunicado al mercado en el que hizo alusión al impacto de los vaivenes de la política energética del Ejecutivo en sus números. "La compañía considera que la situación de inestabilidad regulatoria en la que está inmerso en la actualidad el sector eléctrico español podría tener implicaciones en cuanto al cierre del ejercicio en curso y del siguiente, en lo que respecta a los resultados financieros y la generación de flujos de efectivo", reza el documento. Preguntada por este diario sobre el impacto en la compañía del nuevo real decreto que prevé aprobar el Gobierno, la empresa se remitió a este comunicado.
Esto ha convertido a la compañía en el foco principal de las negociaciones de Ribera, según las fuentes consultadas que aseguran que todo hace indicar que Acciona acabará por sumarse al consenso en un movimiento de responsabilidad corporativa. Si no fuera así, el decreto sería igualmente efectivo, pues de los 90 TWh (teravatios hora) que se generan dentro del Recore, Ribera necesita 27 TWh para cubrir a los consumidores acogidos a la PVPC y otros 30 TWh para garantizar la demanda de clientes industriales. Más que una cuestión de números, el empeño de Ribera en lograr un acuerdo unánime atiende al interés del ministerio en aprobar el decreto sin fisuras.
Ribera se ha puesto al frente de la negociación con las renovables afectadas por el nuevo decreto. La última reunión se agendó para este mismo viernes.
Antes de la escalada del mercado mayorista, las renovables en régimen primado -que reciben una retribución de alrededor de 7.000 millones de euros anuales, que los consumidores pagan en concepto de cargos a través de sus factura- preveían recibir un precio del entorno de 50 euros/MWh por su energía. El nuevo real decreto establece una retribución de entre 57 y 60 euros/MWh, por lo que las compañías saldrían beneficiadas con la medida. Además, la norma servirá para rebajar los cargos del sistema, uno de los problemas más agudos a los que se enfrentaba el ministerio energético.
El Gobierno acometió una fuerte rebaja de los cargos para aliviar el coste regulado de la factura, en previsión de que este desfase lo asumirían las grandes eléctricas por la minoración de sus ingresos que ordenaba el primer real decreto de la discordia, en vigor desde el 15 de septiembre. Pero el paso atrás del Gobierno invalidó esta posibilidad, dejando un agujero contable de cerca de 2.600 millones en las previsiones del Ejecutivo. Con el tercer real decreto, el ministerio prevé 'matar dos pájaros de un tiro', al hallar un pagador para los citados cargos que, además, permitirá ofrecer a los clientes acogidos al PVPC un precio fijo inferior al que pagarían si esta tarifa siguiese indexada al pool en el actual escenario de precios.
Transición Ecológica lleva semanas puliendo la medida para evitar lagunas jurídicas y descuadres en los números, pero la labor diplomática del ministerio no comenzó hasta hace una semana. El pasado lunes 25 de octubre, las mayores asociaciones de renovables (APPA, UNEF, Anpier, AEE y Protermosolar) y cogeneración (Acogen y Cogen) recibieron la llamada del ministerio energético. La ministra Teresa Ribera en persona convocó a sus portavoces a una reunión de urgencia para ese mismo martes. Fue entonces cuando la vicepresidenta tercera presentó la medida al sector, abierta a recibir las puntualizaciones necesarias.
El martes 2 de noviembre tuvo lugar el segundo encuentro donde, como en la primera cita, las posiciones de consenso fueron la tónica general de una reunión en la que la ministra se encargó de dejar muy claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había dado su beneplácito a la propuesta. A la espera del texto definitivo, los portavoces de las renovables y la cogeneración han asumido el real decreto como una medida "razonable", tanto económica como legalmente, que podría rebajar sustancialmente la factura de los pequeños consumidores y resolver la exposición de los industriales al descontrol del pool. Ribera programó una nueva reunión para este mismo viernes y todo apunta a que la cuestión se expondrá en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Pese a la celeridad y la sintonía de todos los agentes implicados, la medida no tendrá efecto hasta 2022.
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