Suman una potencia de 480 MW

Forestalia estudia ir a la Audiencia tras perder el acceso para diez plantas 'verdes'

El grupo de renovables recurrió ante la CNMC, pero el regulador ha desestimado el conflicto. La caducidad del acceso y conexión se debe a no acreditar la DIA en plazo y afecta a ocho parques eólicos y dos solares en Aragón.

Recurso de Forestalia
Forestalia pierde el acceso para diez plantas 'verdes' y estudia ir a la Audiencia.
Forestalia

Forestalia ha perdido el acceso y conexión para una decena de proyectos renovables de una tacada, que entre todos suman una potencia de 480,2 megavatios (MW). Red Eléctrica de España (REE), en calidad de operador del sistema eléctrico, le ha retirado los permisos tras no cumplir la compañía con la presentación de la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) en plazo.

El promotor aragonés de energías ‘verdes’ ha recurrido ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero el regulador ha desestimado el conflicto y ya tan solo le queda presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Todas las plantas están proyectadas en Aragón y corresponden a ocho instalaciones eólicas y dos solares fotovoltaicas.

Fuentes de Forestalia aseguran a La Información que la compañía está estudiando la resolución para tomar la mejor decisión en el plazo fijado y no descarta acudir a la justicia. "Forestalia siempre ha defendido la oportunidad que suponen las inversiones en energías libres de carbono, tanto para los territorios productores como para los que acogen las energías limpias, y seguirá defendiendo el despliegue de las renovables como oportunidad laboral y de desarrollo socioeconómico", subrayan las mismas fuentes.

Decenas de filiales para la tramitación de proyectos

Las empresas a las que se les retira los permisos descuelgan de Fernando Sol SL, la patrimonial de Fernando Samper, dueño de Forestalia. El empresario ha creado varias filiales bajo el nombre de Energía Inagotable (Energía Inagotable de Ryu, Energía Inagotable de Saya, Energía Inagotable de Sabik, etc) cuya razón social es la producción, venta y comercialización de energía eléctrica y térmica de origen renovable (eólica, fotovoltaica y de cualquier otro tipo), y a través de las cuales planea seguir creciendo en el negocio de las energías 'verdes'.

Según la resolución de Competencia, consultada por este medio, Energía Inagotable disponía de permiso de acceso para sus instalaciones otorgado por REE el día 29 de marzo de 2021, por lo que se le aplica el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, que establece un límite de 31 meses para la obtención de la DIA favorable. En consecuencia, debía contar con ella a 29 de octubre de 2023.

Sin embargo, la empresa alega que el órgano ambiental competente no ha formulado declaración dentro del plazo establecido y que por ello no ha podido cumplir con el hito. De hecho, recibió el ‘aprobado ambiental’ para todas las instalaciones los días 17 y 24 de noviembre de 2023. A juicio de Energía Inagotable, la caducidad de los permisos de acceso es contraria a derecho.

Asimismo, considera que debe ser aplicada de forma restrictiva y también ve necesario que se dé un procedimiento previo y contradictorio ‘ad hoc’ para su declaración, así como que se reconozca la eficacia retroactiva a la DIA emitida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015. Por el contrario, Competencia argumenta que aunque en “un plano puramente hipotético es posible, pero remotamente probable”, no se justifica un escenario en el que se mantenga de manera indefinida el permiso de acceso y conexión caducado ‘ope legis’.

Por otro lado, el grupo energético sostiene que, al tratarse de una solicitud de acceso realizada con anterioridad a la entrada en vigor del RD 1183/2020, el ‘dies a quo’ del cómputo de los hitos administrativos debe coincidir con la aceptación de las condiciones técnico-económicas de conexión. En dicho supuesto aún no habría transcurrido el plazo de caducidad de los permisos. Esta situación no es nueva y, como ha publicado La Información, Aena también ha perdido los permisos para su planta fotovoltaica en el aeropuerto de Tenerife Sur por los mismos motivos.

La capacidad afectada

Forestalia también reclamó a Competenciala la suspensión del afloramiento de capacidad para el nudo Jundiz 220 kV. No obstante, debido a la rapidez con la que se ha resuelto el conflicto, el regulador no ha tomado ninguna medida al respecto, que en todo caso señala que habría sido de carácter provisional.

Una vez constatada la caducidad automática de todos los permisos, Red Eléctrica debe evaluar la capacidad existente y disponible en aquellos nudos en los que se hayan producido. Posteriormente, procederá a publicar en el mapa de capacidad -que temporalmente corresponda- la nueva capacidad disponible que haya podido aflorar. El nudo Jundiz 220 kV ya ha sido incluido por la Secretaría de Estado de Energía en su última resolución -de 25 de enero- para un acuerdo de celebración de concursos de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte.

Rechazo a las 'autopistas eléctricas'

Forestalia prevé exportar gran parte de la energía que produce o producirá en Aragón. El grupo en manos de Samper aspira a construir una red de evacuación de alta tensión (400 kV) conformada por al menos seis líneas, que atravesarían hasta una docena de provincias con más de 1.300 kilómetros de cable y centenares de torres. En concreto, además de atravesar Huesca, Zaragoza y Teruel -donde se ubican los parques de Forestalia-, pasarían por Álava, Bizkaia, La Rioja, Burgos, Navarra, Lleida, Tarragona, Barcelona y Valencia, afectando por tanto a seis comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La iniciativa cuenta con el rechazo de varias de las comunidades autónomas colindantes con Aragón y los municipios por los que pasarían los cables también se oponen. Las líneas han superado la declaración de impacto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, pero condicionadas en todos los casos a los informes de los órganos ambientales autonómicos. La Rioja y Navarra ya han presentado sendos recursos contra el ‘ok’ de la cartera que dirige Teresa Ribera.

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