La pelota está en el tejado del Gobierno de España. La sorpresiva irrupción del gigante saudí STC en Telefónica para hacerse con hasta el 9,9% deberá ser analizada por el Ejecutivo. La relación directa de la operadora con actividades vinculadas a la seguridad nacional le permite tener voz. Y por ahora lo deja abierto. La ministra Portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, promete que velarán por preservar la "autonomía estratégica" en la teleco española. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, confirma que fueron informados en el día de ayer y que ya están estudiando todos los factores de la operación.
La empresa saudí, controlada por el estado a través de uno de los fondos soberanos, ya dejó claro en su anuncio de ayer que ha adquirido el 4,9% de los títulos de la operadora -a través de compras en el "mercado abierto", aseguran fuentes oficiales de la empresa- y que el resto lo tiene comprometido con derivados financieros a expensas de las autorizaciones regulatorias. Están vinculadas al escudo antiopas. Éste, que fue renovado recientemente, obliga a pasar por el Consejo de Ministros a compras de acciones que supongan superar el umbral del 5% siempre que estén relacionados con la seguridad nacional y la Defensa. Y la portavoz ha sido clara en este sentido en declaraciones a RTVE: "El Gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía".
Rodríguez recuerda que existen "canales para preservar nuestra autonomía estratégica que el Gobierno pone en marcha". "Telefónica no es sólo una empresa emblemática en nuestro país, sino que es una compañía estratégica, un operador estratégico y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España", apunta. La clave es si llegar a rozar ese 10% implica romper la autonomía estratégica de España y de la propia Telefónica. Rodríguez insiste en sus primeras declaraciones que conviene "dar mensajes de tranquilidad y no inquietar".
Por su parte, Calviño recuerda que en el Gobierno se han reforzado todos los mecanismos "para proteger nuestros sectores e intereses estratégicos". En este escenario, ya se están analizando, según apunta, todos los elementos de la operación, que van desde el sector de actividad, la relación con la seguridad y la defensa de España, la participación en el capital social, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el consejo de administración. "Aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España", apunta.
En el pasado ya hubo una autorización del Consejo de Ministros de una compra de más del 5% de una empresa directamente relacionada con la seguridad nacional. Se trataba de la llegada al 9,9% en Indra del fundador de Amber y presidente de Prisa, Joseph Oghourlian. Hace ahora un año se dio luz verde a la transacción. Los ingredientes en este caso son bien diferentes, pues se trata de un operador controlado por el Estado de Arabia Saudí.
La operación se ha llevado con mucho sigilo por parte del grupo saudí. La propia Calviño ha admitido en una comparecencia hoy que STC se puso en contacto con el Gobierno en el día de ayer transmitiendo el "carácter amistoso". La propia Telefónica admitía también en su comunicación oficial a inversores que había sido informada formalmente este martes. Pese a ello, fuentes oficiales de STC explican a La Información que llevan "mucho tiempo analizando la oportunidad". Antes de esta transacción, la relación entre ambas era relativamente fluida: "Hemos interactuado con ellos, como es habitual entre las empresas relevantes del sector".
La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha asegurado en la red social X (antigua Twitter) que se debe preservar la autonomía estratégica, al ser "esencial". "España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles; es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPAs", apunta.
Tres meses
Ahora el Gobierno cuenta con un plazo de tres meses para analizar y dar su veredicto sobre la transacción. La última modificación de este 'escudo antiopas', que se llevó a cabo el pasado verano a través de un decreto ley, reducía el periodo de resolución de los seis meses anteriores a tres. Pero esto llega con el Ejecutivo en funciones y a la espera del arranque de la legislatura con los pactos de investidura.
El anuncio de ayer ha sido recibido por los accionistas con subidas significativas en la cotización. Los títulos han subido más de un 2,6%, después de que vivieran un particular golpe por la pérdida del cuarto operador 1&1 en su negocio mayorista en el mercado alemán. Las primeras conclusiones de los analistas hablan de que la entrada "podría marcar" un suelo en Bolsa.
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