En los corrillos de las altas esferas empresariales y políticas no ha pasado inadvertido el calendario que el Gobierno definió para la ronda de encuentros entre Teresa Ribera y los máximos responsables de las cinco grandes eléctricas del país, para suavizar in exremis el real decreto de medidas urgentes contra la escalada del precio de la luz. El primer 'cara a cara' de la ministra fue con el presidente de Endesa, José Bogas. Una semana más tarde y solo después de que los primeros ejecutivos de EDP, Acciona y Naturgy hayan desfilado por el despacho de la vicepresidenta tercera, le llegará el turno al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
La reunión entre Ribera y el 'primer espada' de la principal eléctrica española -la más afectada por el recorte a los beneficios extraordinarios que aprobó el Gobierno- tendrá lugar menos de 24 horas antes de que el Real Decreto-ley 17/2021 llegue al Congreso para su convalidación. El estrecho margen pone en duda la capacidad del ministerio para incluir las eventuales propuestas que Iberdrola pueda poner sobre la mesa de Transición Ecológica. "La estrategia de Ribera pasa por aplicar el 'divide y vencerás' en su intento de calmar la rebelión de los gigantes del sector", trasladan fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por La Información.
Ribera pretende cerrar las heridas que el hachazo ha abierto en Endesa antes de iniciar ninguna negociación con Iberdrola que, desde el principio, se ha posicionado como el mascarón de proa de la campaña de derribo contra la reforma eléctrica. Hay que tener en cuenta que el ministerio parte de un entendimiento de facto con Naturgy, una correspondencia que en buena medida se asienta en la histórica sintonía entre el Gobierno y CriteriaCaixa, el primer accionista de la compañía que preside Francisco Reynés, relación que se ha visto reforzada por la fervorosa defensa de la españolidad de la gasista que ha liderado el holding inversor en el marco de la opa de IFM.
La máxima responsable de política energética espera abordar su cita de este miércoles con Galán con todas las cartas sobre la mesa, una vez encauzada la relación entre el Ejecutivo y el resto de buques insignia del sector eléctrico español. Endesa se prodigó en buenas palabras tras su reunión del pasado jueves con la ministra. "Valoramos positivamente todo lo que sea hablar, como hemos hecho siempre, para buscar propuestas y medidas que solucionen el problema de la escalada del precio mayorista de la luz y que resuelva también el problema al que se ve abocado el sector eléctrico desde la aprobación del real decreto", fue el posicionamiento oficial del grupo que pilota Bogas. Todo hace indicar que la estrategia del ministerio está dando sus frutos.
La agresiva oposición de Sánchez Galán frente a las medidas del Gobierno para amortiguar la subida de la factura de la luz no es lo único que ha enfrentado a Ribera con el presidente de Iberdrola. La semana pasada, la gran industria electrointensiva metió presión a la ministra, a quien instó a tomar parte ante el empeño de la primera eléctrica española de renegociar sus contratos con grandes clientes. Fuentes del entorno de la ministra han confirmado a este medio que en la reunión se puso énfasis en la falta de diálogo que había mostrado Iberdrola en el 'tira y afloja' con los grupos industriales, a diferencia de la actitud conciliadora con la que tanto Endesa, como más tarde Naturgy, habían abordado la negociación. Ribera emplazó a la patronal a una segunda reunión en el transcurso de entre siete y diez días.
Ribera espera abordar su cita de este miércoles con Galán con todas las cartas sobre la mesa y una vez recuperada la sintonía con Endesa y Naturgy
El 'decreto Ribera', cuyo impacto en las grandes eléctricas podría rebasar los 4.500 millones (frente a los 2.600 previstos) por la evolución de los precios del pool, no solo causó conmoción en la órbita empresarial. El ajuste legal revolucionó también a los grandes fondos de capital riesgo y bancos de negocio con inversiones multimillonarias en el negocio energético español, según varias fuentes del mercado consultadas por este diario. "El temor no era tanto el recorte en sí mismo, sino el escenario de inseguridad jurídica al que aboca, según quedó publicado en el BOE, el real decreto", señalan desde el entorno financiero. El paso adelante de Ribera para consensuar una acción más coordinada con las eléctricas ha calmado a los dueños del capital que, en algunos casos, llegaron a plantearse una redistribución de sus inversiones.
La ronda de encuentros con las grandes eléctricas no garantiza que las propuestas que estas ofrezcan a Ribera tengan cabida en la estrategia del Gobierno para amortiguar los efectos del descontrol en el mercado mayorista de electricidad. Las opciones que le quedarían al Gobierno, en caso de descartar el hachazo a los grandes operadores, para rebajar el recibo de los consumidores se cuentan con los dedos de una mano... y ninguna de las alternativas está exenta de riesgos.
La extracción de los cargos de la factura por orden ministerial elimina la posibilidad de que, como hasta ahora, sean todos los consumidores los que asuman este coste regulado a través de su factura. El área económica del Gobierno ha rechazado que estos se repercutan en los Presupuestos Generales. A Ribera le queda la opción de aprobar una moratoria en el pago a los titulares de la deuda del déficit acumulado, en su mayoría fondos de deuda, lo que abocaría a otra ola de arbitrajes internacionales. Si el ministerio acaba eximiendo a los gigantes del sector del recorte prometido, al Ejecutivo solo le quedaría incurrir en más deuda fiscal con el propio sistema eléctrico, lo que situaría al país ante un nuevo episodio de déficit de tarifa, antes de haber pagado la deuda que arrastra nuestro país.
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