El acelerón de Pedro Sánchez para topar los beneficios de las eléctricas ha metido a Teresa Ribera en el atolladero. En las horas previas al Consejo de Ministros del 14 de septiembre, donde se aprobó el real decreto de medidas urgentes para aplacar la subida de la luz, el presidente del Gobierno elevó la presión sobre la ministra de Transición Ecológica, que accedió a colar en el texto de la reforma eléctrica un hachazo de 2.600 millones a los gigantes del sector, recorte que no estaba previsto incluir. Desde entonces, a Ribera le han llovido los informes alertando de que el decreto sería 'carne de cañón' para la artillería jurídica de las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona- en una eventual (y más que previsible) batalla en los tribunales.
El ministerio de Ribera se enfrenta a unos días clave. La opción de dejar morir el real decreto está sobre la mesa, según fuentes del entorno de la ministra consultadas por La Información. Por un lado, tanto los servicios jurídicos internos del ministerio, como los equipos legales de consultoras y empresas del sector han alertado al más alto nivel de la debilidad jurídica de un texto legal que saltó al BOE sin pulir, o lo que es lo mismo, han sugerido que si la pugna con las eléctricas llega a los tribunales, el Gobierno sufrirá una derrota de consecuencias políticas y económicas (indemnizaciones milmillonarias a las empresas demandantes) muy difíciles de asumir. Por otro, en Transición Ecológica crece la sospecha de que el 'decreto Ribera' no sumará apoyos suficientes para pasar su primera y única prueba de fuego en el Congreso.
En las 48 horas siguientes a la aprobación del real decreto en Consejo de Ministros, las eléctricas del Ibex 35 perdieron más de 7.600 millones de capitalización en bolsa, de los que más de 4.800 millones corresponden a Iberdrola. La espiral a la baja de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha sido determinante para que el PNV, uno de los socios clave de la amalgama de signos políticos que sustentan el Gobierno de coalición, se posicionase en contra del 'decretazo', según fuentes cercanas al ministerio.
El presumible 'no' de la formación que encabeza Iñigo Urkullu podría tumbar definitivamente el 'decreto Ribera', que el próximo jueves se somete al Pleno del Congreso en una votación que se decide a todo o nada. Hay que tener en cuenta que la medida ya cuenta con la oposición, de facto, de Vox y el Partido Popular. En el entorno de la ministra tampoco descartan que alguna de las formaciones catalanas se sumen a la resistencia y voten en contra del real decreto, debido al golpe que la medida asesta también a Naturgy, buque insignia de la economía regional.
La amenaza de un batacazo en sede parlamentaria sobrevuela más allá de Transición Ecológica. El Gobierno teme que el eventual fracaso de la reforma eléctrica afecte también a la reputación política de Sánchez y su capacidad de diálogo para atraer el número suficiente de apoyos parlamentarios. Una situación tanto más significativa si se tiene en cuenta el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que es vital para la garantía de futuro del inquilino de La Moncloa. Para tratar de paliar las tensiones derivadas de la medida, la ministra ha convocado una ronda de contactos con los primeros ejecutivos de los colosos del sector.
Los técnicos que asesoran a la máxima responsable de política energética llevan días insistiendo en la idoneidad de que ministerio y compañías acerquen posturas para evitar el frente judicial. A principios de esta semana, Ribera convocó a todas las grandes eléctricas del país y el mismo jueves se reunió con Endesa. La siguiente cita en la agenda de la ministra es la de este viernes con EDP. La próxima semana le llegará el turno a Acciona, el lunes, mientras que Ribera se ha reservado el miércoles para Naturgy e Iberdrola. Al día siguiente el Pleno del Congreso someterá a votación el citado paquete de medidas urgentes.
Al Ejecutivo no le queda margen para modificar el texto del real decreto, por lo que, si Ribera quiere suavizar el hachazo a las eléctricas tendrá que dejar sin efecto la reforma actual
Uno de los mayores focos de presión para Ribera lo tiene en casa. La idea de que la vicepresidenta dé marcha atrás ante el frente empresarial ha levantado ampollas dentro de Unidas Podemos. Los socios de Gobierno de Sánchez no ven con buenos ojos que el ministerio pueda hacer concesiones con los beneficios caídos del cielo (windfall profits en la jerga) de las eléctricas. Fuentes del partido 'morado' critican el proceder de Ribera con "negociaciones paralelas de las que más de una vez nos hemos enterado por la prensa", en conversaciones con este diario.
El reloj corre en contra de la ministra energética. Fuentes parlamentarias trasladan a este diario que el Ejecutivo se ha quedado sin margen para efectuar modificaciones al real decreto que permitan suavizar el golpe a las eléctricas, ya que está previsto que la reforma desembarque en el Congreso en menos de una semana. En definitiva, tanto si las negociaciones con el 'Ibex eléctrico' llegan a buen puerto como si las conversaciones encallan, la ministra podría verse obligada a retirar, 'in extremis', el real decreto.
En cualquier caso, la duda ahora es quién va a asumir los llamados 'cargos' del sistema eléctrico que Ribera sacó de la factura de los consumidores por orden ministerial. Lo hizo en previsión a que estos costes los asumirían los grandes operadores, a través de los 2.600 millones de beneficios requisados en virtud, precisamente, del real decreto ley cuya viabilidad ahora está en el aire. Los cargos comprenden una parte de los costes fijos del sistema que incluyen, grosso modo, las primas a las primeras renovables, cogeneración y residuos (Recore), así como el déficit de tarifa multimillonario (la deuda del sistema) que arrastra nuestro país.
Existen cinco opciones. La extracción de los cargos de la factura por orden ministerial elimina la posibilidad de que, como hasta ahora, sean todos los consumidores los que asuman los cargos a través de su factura. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado que estos se repercutan en los PGE. A Ribera le queda la opción de aprobar una moratoria en el pago a los titulares de la deuda del déficit acumulado, en su mayoría fondos de deuda, lo que abocaría a otra ola de arbitrajes internacionales. Si el ministerio acaba eximiendo a los gigantes del sector del recorte prometido, al Gobierno solo le queda incurrir en más deuda fiscal con el propio sistema eléctrico, lo que situaría al país ante un nuevo episodio de déficit de tarifa, antes de haber pagado la deuda anterior.
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