Teresa Ribera no quiere oír hablar de cortes de gas en España. Esta ha sido la máxima que la ministra para la Transición Ecológica ha defendido en la ronda de contactos que ha mantenido con CEOE, sindicatos y otros agentes del sector energético en las últimas semanas, en el marco de la preparación del plan de contingencia energético que el Gobierno deberá elevar a Bruselas, como tarde, en septiembre. La Comisión Europea ha sido tajante y ya ha marcado un criterio -en el paquete 'Save gas for a safe winter' publicado este martes- sobre un eventual racionamiento de gas el próximo invierno. La gran industria lleva años reclamando al ministerio que actualice el protocolo de cortes de gas a los grandes consumidores industriales, desactualizado desde 2019.
Se trata del Plan de Emergencia del Sistema Gasista que entró en vigor hace tres años y que 'caduca' el próximo 2023. Esta hoja de ruta no cuenta como factor de riesgo a Rusia, como adelantó La Información, ni especifica qué sectores habría que priorizar frente a posibles crisis de abastecimiento. La ministra energética criticó este miércoles el paquete de propuestas del Ejecutivo comunitario, que obliga a los Estados miembros a recortar su consumo de gas un 15% entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023. Ribera declaró que el Gobierno va a dar la batalla en Bruselas para sortear un plan de acción que, a su entender, no es "ni justo ni eficiente" para España.
El conjunto del sector coincide con Ribera en que nuestro país cuenta con una posición de fortaleza frente al "chantaje ruso", según convienen varios portavoces que se han reunido con la ministra en los últimos días en conversaciones con La Información. Estos aseguran que España no tendrá problemas para alcanzar el 80% de reservas mínimas de gas que ha impuesto la Unión Europea a los Veintisiete para el próximo invierno. Tampoco la dependencia del gas ruso es un escollo para el país, que desde hace años ha aplicado una potente política de diversificación de proveedores de gas.
Estas certezas, sin embargo, no han impedido a la gran industria intensiva en consumo de gas, insistir en su reclamo al Gobierno. "El ministerio debería llegar a septiembre con los deberes hechos, esto es, con un marco normativo que garantice la continuidad de suministro a los sectores críticos", insisten desde una de las patronales convocadas por la vicepresidenta tercera. Las mismas voces inciden en que las carencias del protocolo del Gobierno afloraron con la crisis de la pandemia. "Se hizo evidente que sectores que hasta entonces habían permanecido en un segundo plano debían contar con un blindaje que garantizase su actividad en situaciones críticas", asevera otra fuente.
Ribera ha asegurado que el Gobierno defenderá los intereses de la industria española en la reunión del Consejo Europeo del próximo martes 26 de julio. En sus encuentros con la CEOE y otras patronales sectoriales, por ejemplo, la máxima responsable de política energética ha asegurado que el Gobierno no va a priorizar ni a clasificar de cara a un eventual 'triaje' energético, según fuentes internas a estas conversaciones, que aseguran que la ministra les ha solicitado propuestas sobre eficiencia y ahorro energético. Pero la Comisión Europea sí ha movido ficha en esta dirección.
El documento con sello de Bruselas que vio la luz este miércoles marca cuatro líneas maestras para "ayudar a los Estados miembros a identificar y priorizar, dentro de sus grupos de consumidores no protegidos", o lo que es lo mismo, los grandes consumidores industriales que en el caso de España acaparan el 60% de la demanda de gas. La hoja de ruta europea señala que se debe tener en cuenta la importancia social (sanidad, educación, seguridad, defensa...), la importancia para las cadenas de suministro transfronterizas, la ponderación del daño que un corte puntual de suministro pueda provocar en sus instalaciones, así como priorizar aquellos grupos que puedan satisfacer su demanda de productos y componentes con importaciones.
El último plan de acción sobre cortes de gas en situaciones de emergencia respaldaba al Gobierno para cerrar el grifo a grandes clientes industriales con apenas 25 minutos de preaviso
La Unión Europea apela al artículo 122 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea: "El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía". Aunque Ribera se ha declarado en rebelión contra un "menú cerrado" que no ha contado con la opinión de España, la gran industria española prefiere no dejar nada al azar.
Entre las medidas a las que ha abierto la puerta la Comisión Europea es la puesta en marcha sistemas de subasta o licitación para incentivar la reducción de la energía por parte de la industria. España ya contaba con un modelo similar, basado en compensar a las industrias que suscribieran un contrato de interrumpibilidad. Bruselas forzó al Gobierno a modificar este sistema bajo el riesgo de que esta compensación se considerase como una ayuda de estado ilegal.
El último protocolo que diseñó Enagás, como gestor técnico del sistema (GTS), a este respecto data de 2019. El plan de acción respaldaba al Gobierno para cortar el gas a ciertos clientes industriales, acogidos a los contratos de interrumpibilidad, con tan solo 25 minutos de preaviso. Está por ver si, al margen de su cruzada contra la imposición de la Comisión Europea, Ribera acaba por fijarse en dicho protocolo de cara al 'examen' al que se someterá su propuesta el próximo septiembre en Bruselas.
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