Dos meses después del estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, las consecuencias para quienes operen en el país invasor o mantengan lazos comerciales siguen centralizando los temores de las compañías españolas. El Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, ha recibido hasta el pasado 20 de abril 634 consultas sobre la crisis generada por el conflicto bélico, en las que más de la mitad (63%) de estas peticiones de ayuda han girado en torno a los miedos a las sanciones sectoriales sobre las compañías. El Ejecutivo sigue monitorizando estas inquietudes y atendiendo a las empresas que soliciten asesoramiento.
En total, la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones ha atendido 401 solicitudes, un ritmo de casi seis peticiones diarias desde el estallido del conflicto, por dudas sobre este tipo de penalizaciones, según los datos consultados por La Información tras una solicitud a través del Portal de Transparencia. Estas consultas "proceden en su mayoría de empresas interesadas en conocer si los productos que fabrican o exportan están o no sancionados para su exportación a Rusia o Bielorrusia y si dichos productos pueden ser considerados de doble uso (civil o militar) y estar sometidos a restricciones", afirma el Gobierno en la misma resolución.
Entre el resto de preocupaciones, Industria cita consultas sobre requerimientos aduaneros, logísticos o de transporte (132), problemas para realizar pagos o cobros (31), posibles compensaciones a empresas (11), problemas contractuales (12), sanciones a personas o entidades rusas (28) u otras de diversa índole (19). "La Secretaría de Estado de Comercio está en contacto permanente con las empresas y asociaciones sectoriales, con las que mantiene reuniones periódicas en las que se les informa sobre la evolución de la situación", añaden.
Las sanciones sobre compañías privadas por colaborar con Rusia han acaparado los focos en el mundo empresarial desde el pasado 24 de febrero. La expectación fue máxima en casos individuales como el de Inditex o tras las palabras del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados, cuando no dudó en dar nombres concretos. El mandatario apuntó a Porcelanosa, Maxam y Secorbe por, supuestamente, mantener lazos con el país presidido por Vladímir Putin. Su acusación fue respondida individualmente por cada una de ellas, aunque con diferentes matices a la hora de desmentir las palabras de Zelenski.
Hasta el momento, la Comisión Europea ha impuesto a Rusia seis paquetes de sanciones distintos para ahogar su economía e intentar así impedir que siga financiando su ofensiva sobre Ucrania. Esta batería de medidas gira en torno a todo tipo de sectores económicos, como el financiero o el energético. Por ejemplo, se ha prohibido la venta de material para el refinado de petróleo y se han bloqueado las reservas internacionales de divisas del Banco Central Ruso. También se ha restringido la exportación de armas y tecnología de doble uso.
Rusia ha contraatacado y respondido a estas decisiones. El presidente Vladímir Putin firmó el martes un decreto por el que prohíbe realizar todo tipo de operaciones con compañías y personas sancionadas por Rusia como respuesta a las "acciones inamistosas" de determinados países ante la "operación militar especial" de Moscú en Ucrania. No es la primera medida. Ya a mediados de marzo, el país amenazó con expropiar a las empresas que repatriasen a sus directivos.
La identidad de las empresas, una incógnita
Pese a cuantificar las consultas y clasificarlas, la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones no ha procedido a revelar la identidad de las compañías españolas que han dirigido sus consultas al buzón habilitado por el Gobierno. Este canal de comunicación recibió la primera consulta el 2 de marzo y su finalidad, según Industria, es "únicamente la de orientar a las empresas españolas en el cumplimiento de las sanciones impuestas a Rusia y Bielorrusia, y asesorarles en otras cuestiones comerciales derivadas del conflicto".
Sobre el motivo para denegar el nombre de las empresas que han consultado al ministerio, el departamento de Comercio se excusa en que recopilar esa información "exigiría dedicar mucho tiempo y recursos para elaborar el listado a medida de la persona solicitante". También "implicaría tener que desatender la contestación a las consultas, que es el objeto para el que se creó el buzón". Este supuesto está recogido en los límites de acceso a la información establecidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 18.1c).
El conflicto bélico se ha traducido hasta ahora en una reducción del número de empresas españolas establecidas en el país, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Si al inicio del estallido el número de filiales constituidas en el país eran 149, a mediados de marzo la entidad pública empresarial recogía un descenso de más del 12% en el número de mercantiles. Los últimos datos de este directorio fueron consultados por este medio, pero aparecieron como "temporalmente no disponibles" al cierre de esta información.
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