El Gobierno sigue sin desatascar del real decreto de Inversiones Extranjeras. El texto, de hecho, no ha salido de las cocinas del Ministerio de Industria, más de cuatro meses después de finalizar el trámite de audiencia pública de la citada norma. Se trata de la 'ley escoba' que pretende armonizar los ajustes regulatorios que el Gobierno fue aprobando a lo largo de 2020, en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus, para poner coto al apetito de inversores foráneos por los activos estratégicos españoles.
El departamento que dirige Reyes Maroto todavía no ha elevado el real decreto al Consejo de Estado, según confirman fuentes oficiales de ambas instituciones a La Información. Se trata de un paso clave para avanzar en la tramitación de la norma que, después, deberá ser aprobada en Consejo de Ministros. El objetivo inicial, según fuentes cercanas al proceso, es sacar adelante el nuevo marco jurídico antes del parón estival.
La actividad parlamentaria frena durante el verano. El año pasado, Moncloa concedió a los ministros unas breves vacaciones y suspendió las reuniones del Consejos de Ministros del 3 al 24 de agosto, dando por cerrado el curso político después de avanzar durante el mes de julio en la tramitación de un paquete de leyes progresistas. En principio, la intención del Ejecutivo es que el real decreto para controlar las inversiones extranjeras se apruebe antes de que acabe el verano.
El hecho de que la ley impulsada por Maroto aún no haya llegado a manos de la institución que preside María Teresa Fernández de la Vega deja constancia de la lentitud con la que avanza su tramitación. El ministerio sacó a consulta pública el borrador del proyecto de ley el pasado 17 de noviembre. El plazo para presentar alegaciones concluyó el 25 de dicho mes. En una semana, el texto recibió multitud de puntualizaciones que están siendo analizadas por los técnicos del ministerio.
Una vez que el Consejo de Estado reciba el borrador y realice las aportaciones pertinentes, el texto volverá al ministerio para su redacción definitiva, valorando en la medida que consideren oportuno las apreciaciones del órgano consultivo. Una vez superado este trámite, la norma podría llegar al Consejo de Ministros para su aprobación en apenas uno o dos meses.
La situación ahora es confusa. La citada norma deberá aunar criterios y desarrollar de forma sólida distintos aspectos de la Ley 19/2003, que regula los movimientos de capitales y las transacciones económicas con el exterior. El Gobierno modificó esta ley tras el estallido de la pandemia a través de varios giros normativos incluidos en los RDL 8/2020, 11/2020 y 34/2020. El resultado fue una amalgama de normas que han difuminado el régimen jurídico y han elevado la confusión en el mercado.
"La nueva disposición normativa, que agrupa todas las regulaciones dispersas sobre la materia, aún no ha sido enviada al Consejo de Estado"
Uno de los sectores que más se está viendo afectado por la incertidumbre sobre el nuevo marco regulatorio es el de las renovables, que ha acaparado el apetito del mercado en el último año. Con decenas de transacciones en curso, los inversores miran de reojo la agenda política pues, en buena parte de los casos, quienes están protagonizando estas operaciones multimillonarias son fondos extranjeros que han anunciado planes de inversión muy ambiciosos en nuestro país. Con el nuevo 'cerco' del Gobierno no está claro si podrán llevarlos a cabo.
El negocio verde es ahora un sector altamente estratégico, dada la relevancia que han tomado las energías limpias en un contexto de creciente tensión con Rusia, uno de los principales exportadores de gas y petróleo para toda Europa. El nuevo marco geopolítico ha elevado el interés del Gobierno por blindar los activos verdes en territorio nacional, pero también ha disparado la voracidad de los grandes fondos internacionales por este negocio.
"El ruido que genera la norma de Industria ha despertado cierta inquietud entre los inversores verdes... y esto contamina a las transacciones en curso", señala una fuente del sector. Por lo que ha trascendido, el nuevo real decreto incluirá un coto a los inversores foráneos, que no podrán sobrepasar cierta cuota de mercado, previsiblemente el 10%. El problema es que desde el Gobierno aún no han especificado si este umbral se refiere al conjunto de la energía generada o, por el contrario, se ponderará por tecnologías (solar, eólica...). La diferencia es sustancial y dispara la urgencia por contar con un marco legal estable para minimizar el impacto negativo del 'divorcio' ruso.
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