El Gobierno ha aprobado prorrogar el escudo 'antiopas' hasta el próximo 31 de diciembre. Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, cuando ha indicado que el blindaje a empresas estratégicas contra la ofensiva de inversores de otros países de la Unión Europea, activada en el marco de la crisis del coronavirus, se extenderá hasta finales de año a propuesta del Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto.
Con la llegada de la Covid-19, el Ejecutivo activó una medida de protección temporal a fin de proteger a las empresas de sectores estratégicos del asalto de inversores de fuera de la Unión Europea que pudieran tomar el control de dichas compañías a precio de saldo aprovechando la coyuntura de la crisis sanitaria. Así, desde el año pasado es el Ejecutivo quien debe dar vía libre a la compra de más de un 10% del capital de una sociedad considerada esencial. Inicialmente, la medida iba a extenderse hasta el próximo 30 de junio.
El caso más sonado que ha tenido que encarar el Ejecutivo en el contexto de dicha medida ha sido la oferta pública de adquisición (OPA) que el fondo australiano IFM lanzó en febrero por un máximo del 22,7% de la energética catalana. IFM estableció la condición de hacerse con un mínimo del 17% de la compañía para seguir adelante con su oferta de compra. La operación sigue a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la entrada del inversor australiano en el grupo que dirige Francisco Reynés.
Tal y como ha indicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves, la extensión de esta medida defensiva ha tenido lugar a propuesta de la propia Reyes Maroto. El Gobierno ha ido un paso más allá y ha extendido el blindaje a los inversores procedentes del territorio comunitario.
Luz verde a la bajada del IVA de la luz
La prórroga del blindaje 'antiopas' ha quedado en un segundo plano si se compara con la expectación que había generado la intención del Gobierno de sacar adelante varias actuaciones fiscales destinadas a amortiguar el encarecimiento del recibo de la electricidad. Se trata de la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10%. La medida se limitará a los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre y cuando el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad (pool eléctrico, en la jerga del sector) rebase los 45 euros por MW/h.
En la misma línea, el Ejecutivo de coalición ha acordado aplicar un IVA del 10% a todos los consumidores considerados como "vulnerables severos" hasta 2022, quienes se beneficiarán de la rebaja fiscal con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado. El Consejo de Ministros también ha decidido congelar el del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% a lo largo del tercer trimestre de este año, esto es, hasta que termine el verano.
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