Las grandes inmobiliarias han expresado su temor por un 'efecto llamada' a la ocupación de viviendas que pueda generar la protección del decreto antidesahucios a las familias sin contrato, aunque han calificado como "positiva" la posibilidad de recibir una compensación por el perjuicio que les ocasione la suspensión de los desahucios.
Así lo ha señalado a la vista del último borrador del decreto Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties (la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes, y que preside el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos.
A la espera de cómo quede finalmente el decreto, Toribio ha explicado a Efe que la preocupación de los grandes propietarios se centra en estos momentos en la "ocupación", porque "puede suponer un efecto llamada que no le interesa al mercado en sí ni a España como sociedad". Tras defender que los propietarios, tanto profesionales como particulares, han llevado a cabo durante la pandemia medidas de ayuda a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, ha sostenido que "no es lo mismo adoptar medidas para familias que lo están pasando mal por la Covid que para los okupas ilegales".
La última propuesta de decreto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) permite a los jueces suspender desahucios de familias sin contrato de arrendamiento, durante tres meses o mientras dure el estado de alarma. Toribio cree que esa "expropiación" temporal de las viviendas puede provocar una "oleada de demandas que genera mucha ligitiosidad e inseguridad, lo que va en contra de las necesidades del mercado". Sobre las compensaciones a los propietarios, la directora de Asval recuerda que quedan flecos por cerrar y que no es lo mismo que estas se calculen en función del índice de precios de alquiler que de la renta pactada.
El borrador de real decreto-ley al que ha tenido acceso La Información establece que la compensación consistiría en "el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda" de acuerdo a su entorno y los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda que pudiera asumir el propietario. Si la solución habitacional se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, el propietario no tendrá derecho a solicitar la compensación.
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