Habemus acuerdo para prohibir el corte de suministros básicos durante los próximos cuatro meses. El Gobierno prevé alumbrar en un próximo Consejo de Ministros una disposición adicional de "garantía de suministro de energía eléctrica a consumidores vulnerables", según ha podido saber La Información. La disposición adicional, que podría ser incluida en el inminente decreto antidesahucios, llega tras un choque de trenes entre la Vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera, que será la encargada de elevar al cónclave gubernamental la medida, y la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias, que venía presionando con insistencia para que se aprobase.
En la futura norma se contempla que "durante los cuatros meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre". Es decir, se pone veto a toros los cortes de suministros en caso de acreditarse que el consumidor se encuentra en esa situación crítica.
Asimismo, el Gobierno prevé establecer que durante el periodo durante el que esté en vigor esta medida, los próximos cuatro meses, no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente. Se contempla, por tanto, una moratoria en los procedimientos para suspender el agua, la luz o el gas.
La disposición adicional también contempla que los servicios sociales puedan acreditar durante los próximos cuatro meses la situación de vulnerabilidad para aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro de electricidad, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo. Esta era una de las medidas que reclamaba Unidas Podemos en la futura norma.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explican a La Información que, además de este veto a los desahucios, el Gobierno trabaja en un esquema de derechos solvente y sostenible que incluya un "Bono Energético" y el desarrollo de la figura del mediador de suministros en el marco de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética.
Estas fuentes el ministerio de Teresa Ribera lamentan que Unidas Podemos "no haya querido participar en las reuniones que hemos tenido con asociaciones frente a la pobreza energética". En concreto, se refieren a los últimos encuentros para lanzar esta disposición adicional. "Los consumidores vulnerables pueden estar tranquilos porque trabajamos para fortalecer los mecanismos que existen, la cobertura durante la pandemia y los siguientes pasos de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética", añaden desde el departamento de Transición Ecológica.
En octubre y noviembre dos meses se han procedido a ejecutar unos 30.000 cortes de luz, agua y gas por impagos de los clientes. Una cifra sensiblemente inferior a la que se registraba antes de la pandemia, cuando se producían una media de unas 40.000 interrupciones cada mes. Las amenazas de cortes de suministros, por tanto, siguen llegando a los consumidores que no pueden pagar los recibos y las interrupciones son diarias. En las últimas horas, por ejemplo, un vecino de Leganés sufrió el corte de gas en su domicilio al no poder hacer frente al pago de la factura. La intermediación de los colectivos sociales ha conseguido que la compañía vuelva a reconectar el suministro.
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