España eleva a 15 el número de laudos impagados, en comparación con los ocho con los que cerró el año pasado, y se sitúa como el tercer país del mundo con más obligaciones ligadas a estas indemnizaciones, con 1.300 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros). De este modo, en tan solo un ejercicio se ha duplicado la cantidad pendiente de abonar por el Estado.
Solo Rusia y Venezuela superan a España en cuanto a indemnizaciones con 60.100 millones de dólares (54.690 millones de euros) y 7.100 millones de dólares (6.460 millones de euros), respectivamente. Así se desprende de la última edición del Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, elaborado por NL Investment Consulting. Al frente de la firma está el jurista y académico holandés Nikos Lavranos.
En lo referido específicamente al Tratado de la carta de la Energía (TCE), el número de casos abiertos contra España es el más alto del mundo (51), muy por delante de Italia (14) y Rumanía (8), donde el grueso de los laudos sí se han resuelto. La Unión Europea ha certificado su salida del TCE, pero la cláusula de salida de dicho acuerdo mantiene su vigencia durante un periodo de 20 años. Por lo tanto, todas las inversiones materializadas con el TCE en vigor y todas las que se realicen en las dos décadas posteriores a la salida del acuerdo siguen siendo vinculantes.
25 casos para los que aún no se ha emitido laudo
De hecho, aún hay 25 casos para los que todavía no se ha emitido un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (entre 1.820 y 2.280 millones de euros) el monto final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. En total invirtió 935 millones de euros en tres plantas en 2007, año en el que se aprobó el Real Decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despliegue de las energías 'verdes'. No obstante, el sector fue sometido recortes retributivos posteriormente. El primero de ellos se produjo a finales de 2010, con el PSOE, y luego en 2013 con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Partido Popular.
Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país cerca de 10.000 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.
Con el Real Decreto 661/2007 se establecía un sistema que garantizaba a los inversores de energías renovables el cobro de una retribución durante toda la vida útil de la planta, ya fuera eólica, termosolar o fotovoltaica. Es lo que se conoce como las primas a las renovables, unas ayudas con cargo a la factura de la luz que garantizaban la rentabilidad de este tipo de energías. Con la promesa de elevadísimas tasas de rentabilidad, inversores nacionales y extranjeros con intereses en el sector acudieron a la llamada.
En 2013 se introdujo el impuesto a la generación del 7%
En este sentido, y gracias a la financiación de grandes bancos se produjo un ‘boom’ de la fotovoltaica en pocos meses. No obstante, en 2010, el Ejecutivo comenzó a aplicar los primeros recortes. El déficit del sector eléctrico le llevó a reducir las ventajas que presentaban las energías 'limpias' con el fin de recaudar más y compensar las pérdidas. En 2013 llegó otro golpe: se incluyó un impuesto a la generación de electricidad y el anuncio de la no retribución de todas las nuevas instalaciones de energía renovables posteriores a 2012. La reforma del sector eléctrico llevó a recortar en un 40% las primas que sí seguían vigentes.
Todo lo relacionado con la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisas para la defensa de los intereses del país en los arbitrajes de las renovables está en manos de la Abogacía del Estado. MLL Legal, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP y Simmons & Simmons son algunos de los bufetes a los que ha acudido el Estado para intentar anular los arbitrajes.
El último episodio que se ha conocido es el del embargo provisional 800.000 euros de cuatro cuentas bancarias Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales que tiene España en Reino Unido en relación con el caso Infrared y que son administradas por el Banco Santander, según fuentes conocedoras del proceso. Los hechos se remiten al año 2013 y la resolución judicial fue dictada el pasado 9 de noviembre, en atención a una petición del grupo inversor Blasket Renewable Investments.
En concreto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, reconoció el derecho del grupo a recibir 28,2 millones de euros de compensación por la reforma eléctrica en España llevada a cabo en dicho año 2013. RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz y Eurus son algunos de los afectados por los arbitrajes. Fuentes del Gobierno señalan que España se resiste a realizar los pagos porque "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal”.
En paralelo, Estados Unidos ha emitido un informe alertando de los riesgos que enfrentan las inversiones energéticas en España, mientras que la Cámara de Comercio del país norteamericano se ha personado ante la justicia para respaldar las demandas de las compañías afectadas y advertir de las consecuencias que tienen los impagos para la seguridad jurídica de las inversiones internacionales. No obstante, pese a que el sector privado ha venido denunciando inestabilidad regulatoria, el último informe Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai), elaboradO por la consultora EY, mantiene a España como el octavo país del mundo más atractivo para invertir en renovables, por detrás de Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Francia, India y Australia.
Arbitrajes por todo el mundo: 1.257 procesos
Según el Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales 2023, el número total de arbitrajes internacionales celebrados alcanza ya los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado a su conclusión (70%), mientras que otros 343 expedientes (27%) siguen su curso. Se desconoce el estado de otros 24 procedimientos (el 3%). De entre los casos para los que ya se ha emitido un lado, un 37% se ha saldado a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% ha concluido en un victoria de los inversores. El 19% de los expedientes se han zanjado con un acuerdo entre las partes, el 14% fue discontinuado y un 3% concluyó en tablas, es decir, con una decisión neutral para ambas partes.
