Másmóvil gana tiempo en un nuevo pleito fiscal. La Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente dos 'facturas' giradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la llamada tasa general de operadores, que tiene como objetivo sufragar los gastos de la administración para la supervisión y vigilancia del sector. La compañía ha justificado ante los magistrados la petición de freno mientras se dilucidan sendos recursos alegando la crisis energética, que ha implicado una "caída de los ingresos y una subida de precios", y la escasez de componentes electrónicos.
Una de esas liquidaciones corresponden al ejercicio fiscal 2018 y supone un desembolso de algo más de 800.000 euros. La otra se refiere al año 2017 y se eleva a casi 750.000 euros, según queda reflejado en ambos autos emitidos por la Audiencia Nacional fechados a finales del pasado mes de julio. Esta tasa no podrá exceder nunca el dos por mil de los ingresos brutos de explotación, según queda reflejado en la ley general que se renovó hace más de un año. El tipo concreto se establece en cada uno de los Presupuestos Generales.
La CNMC, encargada de la gestión de esta tasa que principalmente financia su actividad de vigilancia y gestión, es la que lleva a cabo una primera liquidación. Másmóvil recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda, pero éste le cerró también la puerta obligándole a arrancar el proceso contencioso en los tribunales. Recurrió a la Audiencia. Y entretanto se resuelve el fondo de la cuestión, se solicita la suspensión cautelar para evitar el pago ahora de esos 1,5 millones.
La teleco justifica en uno de los casos que el pago ya quedó suspendido durante la tramitación de sus recursos en vía administrativa ante la propia CNMC gracias a un aval bancario, cuyos efectos se extienden hasta ahora. A esta razón se suman otras vinculadas a la situación del sector: señala una "época de crisis energética, que está suponiendo una caída de ingresos y subida de precios". Añade la "escasez de determinados componentes esenciales" para el negocio de la teleco, lo que lleva a "un incremento de la cantidad de productos almacenados en su nombre". Pese a que para la Abogacía del Estado no es suficiente, dan luz verde. En el otro auto, que corresponde a la liquidación del ejercicio 2017, no se entra en las razones concretas y se autoriza por la vía rápida.
Además de Másmóvil, otros también han pedido la suspensión cautelar del pago de esta tasa en los tribunales con resultados muy diferentes. Los casos más recientes tienen que ver con Evolutio Cloud Enabler, la compañía que se construyó con la venta de una parte del negocio de British Telecom (BT) en España al fondo de capital riesgo Portobello. Logró dos paralizaciones temporales en la Audiencia Nacional. En cambio, Vodafone hizo lo propio hace ahora algo más de dos años para una liquidación de 2,5 millones de euros y le fue denegada por los jueces.
No hay datos actualizados, pues Hacienda no ofrece cifras de recaudación concretos por figura. Pero desde la patronal del sector, DigitalES, se aportaron cifras hasta el año 2019 en un estudio sobre fiscalidad de estas compañías. En concreto, en los siete años que van desde 2013 a 2019 se recaudaron más de 160 millones de euros por esta tasa especial, con fortísimo crecimiento en ese último ejercicio.
La batalla fiscal
La batalla contra esta tasa general está relacionada con la que se mantiene por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El TJUE dio la razón a las telecos y confirmó que el IAE incumplía la Directiva Europea de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas por varias razones, entre las que destacaba que el hecho imponible ya se cubre con la tasa. A partir de la sentencia definitiva del Supremo, llegó un goteo de pronunciamientos favorables y devoluciones millonarias. Másmóvil no fue excepción y, como avanzó La Información, logró recientemente la primera victoria.
Este último del IAE es el pleito más relevante hasta la fecha de Másmóvil. Hoy tiene abiertos dos frentes, según refleja en sus cuentas anuales del ejercicio fiscal 2022. Uno procede de una inspección de 2015 a la filial Xtra Telecom -adquirida por Másmóvil un año antes-. No se preveía impacto en las cuentas pues, según el contrato firmado, las responsabilidades derivadas de casos como este debían ser asumidas por el anterior propietario. El otro tiene su origen en otra investigación en febrero de 2018 que implicó el pago de 367.000 euros. Este ha sido recurrido a la Audiencia Nacional sin que haya habido aún sentencia.
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