Apenas tres meses antes de que se firmara la fusión de 19.600 millones de euros a través de una ‘joint venture’ al 50%. Másmóvil pactó pagar una penalización de algo más de 188 millones a Orange tras la renegociación del acuerdo mayorista para el alquiler de sus redes fijas y móviles en España. Esas conversaciones se produjeron precisamente para incorporar a Euskaltel, después de que el cuarto operador dirigido por Meinrad Spenger la comprara a principios de año. El trato entre ambas partes sí que permitió a estos últimos diferir el pago en el tiempo.
En el tercer trimestre del pasado año los equipos de ambas compañías se pusieron a negociar el ‘megacontrato’ de alquiler de redes. Másmóvil buscaba rebajar al máximo su factura después de haber adquirido Euskaltel. Orange trataba de sostener un negocio, el de la cesión de sus infraestructuras a terceros, que supone un volumen de facturación anual superior a los 800 millones de euros. El 24 de noviembre, unos meses después de iniciar las conversaciones, se firmó el acuerdo definitivo tal y como queda reflejado en la memoria anual de las cuentas que Másmóvil acaba de presentar al mercado.
El acuerdo buscaba reducir la factura por parte de Másmóvil, al incluir a Euskaltel en el paquete. No modificaba para nada los derechos de uso de la red que ya Másmóvil tenía registrados. Pero la rescisión de los contratos entre el operador vasco y Orange sí que implicaba una penalización millonaria. Y fue ahí donde se concentraron los esfuerzos para tratar de recortarlo lo máximo posible teniendo en cuenta que la ruptura era para seguir estando en las redes de los franceses. Ahora se desvela que se consiguió reducir esos pagos hasta los casi 189 millones de euros.
No sólo se consiguió reducir la cantidad de penalizaciones a abonar, sino también se pactó una mejor forma de pagarlas. Según explica Másmóvil en el informe, la liquidación se difiere en el tiempo, dando más aire. No precisa la fecha concreta. Y también se flexibiliza para que ciertos pagos se afronten en función del desempeño comercial. Para tener en cuenta este dinero en el balance del grupo se registró una provisión específica de algo más de 125 millones de euros en el capítulo de lo que se conoce formalmente como ‘contratos onerosos’.
Esta relación comercial por el contrato mayorista -y por los pactos para algunos despliegues- ha sido esgrimida por los primeros ejecutivos de ambas partes en las últimas semanas como un argumento más para facilitar la fusión que se anunció formalmente el pasado 8 de marzo tras una última fase de negociación intensa. A partir de ese día se iniciaba un periodo de conversaciones en exclusiva para combinar los negocios de ambas compañías en España a través de una ‘joint venture’ al 50% cada uno valorada en casi 20.000 millones de euros.
Orange confirma que se quedará con la mayoría de la entidad fusionada después de los tres primeros años de joint venture
Hoy se cumple exactamente un mes de ese anuncio formal. Y aún queda mucho hasta que se cierre definitivamente la transacción. El consejero delegado de Orange en España, Jean François Fallacher, confirmó este mismo jueves que no habrá una firma definitiva de la operación hasta el verano y que la intención de los galos es ejercer la opción de compra en tres años para tener el control definitivo del grupo resultante. El ‘trazo grueso’ de la operación ya se ha pactado con un reparto de valoraciones y la entrega de un ‘megadividiendo’ de varios miles de millones de euros a ambas partes. Pero ahora queda mucho trabajo de afinar todas las integraciones y los números finales.
Ahora que Másmóvil ha presentado cuentas sobre sus números en el año 2021 se puede hacer una comparación clara sobre las tendencias de ambas partes y cómo esto también ha podido influir en las valoraciones de ambos activos (7,5 veces el Ebitda previsto para 2022 en Orange y 9,9 veces la de Másmóvil). El cuarto operador cerró el año pasado con un resultado bruto de explotación de 1.117 millones si se incluye Euskaltel desde el 1 de enero (realmente entró en el perímetro formalmente tras el cierre en agosto) con un incremento del 10%. Los franceses lo recortaron un 12,5% hasta los 1.251 millones de euros -en 2020 cayó un 13%-.
Uno de los aspectos que más preocupan a ambas partes son las potenciales restricciones que imponga Bruselas al acuerdo de fusión. Desde ambas partes ya presionan para hacer que sean abordables. Spenger aseguró esta misma semana ante los analistas en la presentación de resultados de 2021 que no creen que sea una transacción que requiera esas medidas correctoras importantes para compensar. “En España hay un escenario altamente competitivo asegurado con o sin esta transacción, por lo que somos bastante optimistas”, aseguró. Y se refería a Digi y otras operadoras pequeñas que siguen presionando a la baja los precios.
En España, el regulador ya se ha pronunciado sobre los efectos de esta operación, aunque lo lógico es que la decisión final esté en la Comisión Europea. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró hace un par de semanas en una comparecencia pública que revisará la regulación de Telefónica si surge algún otro operador mayoritario tras una fusión. “Estamos vigilando que no se generen posiciones de abuso y dominio de mercado”, apuntó. En esta ocasión, aún no ha movido ficha formalmente. En su momento, en la compra de Jazztel por parte de Orange el organismo pidió permiso formalmente por carta para encargarse del caso, aunque fue declinada.
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