A dos días de celebrar la junta general de accionistas en la que se votará el traslado de sede social a Países Bajos, Ferrovial y el Gobierno siguen sin encontrar un punto de entendimiento. Tras la carta del Ejecutivo el lunes, presionando a la empresa presidida por Rafael Del Pino para que traslade a los accionistas que no existen limitaciones para que una empresa española cotice en Estados Unidos y abriendo la puerta a revisar la normativa para fomentar la doble cotización, la compañía ha respondido a Moncloa mediante otra misiva, señalando que no existe un modelo contrastado y siguiendo adelante con sus planes.
En medio de este intercambio de cartas, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, insistió de nuevo desde Washington en la defensa del Ejecutivo de que Ferrovial debería mantener su sede en España y subrayó que la constructora "no tiene desventajas ni obstáculos" como multinacional por cotizar en España y volvió a dejar la puerta abierta a revisar la normativa para facilitar la doble cotización, como presenta el modelo de Países Bajos.
Calviño, en rueda de prensa tras la reunión con el FMI, que había publicado este martes su actualización de previsiones económicas para España, insistió en varias ocasiones en que los estudios técnicos llevados a cabo tanto por la CNMV como por BME no encuentran ningún impedimento; insistiendo en que de alguna manera esto desmonta la argumentación de que el traslado se realiza por causas económicas. "Queremos seguir teniendo multinacionales fuertes que estén basadas en España. Es parte de nuestra fortaleza", dijo Calviño. Y en cualquier caso, añadió, el Gobierno está comprometido con los reguladores financieros y con la bolsa para asegurar que las empresas tienen el mejor acceso posible a los inversores y a financiación ventajosa.
Dos posiciones enfrentadas
El intercambio de misivas se produce a menos de 48 horas de que la compañía someta a votación de los accionistas esta polémica decisión de traslado, que ha provocado continuamente un tira y afloja entre el Ejecutivo y el Gobierno desde que fuera anunciada el pasado 28 de febrero. La compañía siempre ha defendido que una de las razones por las que da este salto es para estar más cerca de su mercado objetivo, que hoy por hoy sería el estadounidense, donde espera poner en marcha la mayor plan de su plan estratégico a futuro.
Ferrovial espera, además, mejorar su perfil de riesgo y reducir sus costes de financiación con esta operación, ligada a que el rating de Países Bajos es mejor que el español y, en principio, habría logrado el respaldo de los asesores de voto y de algunos minoritarios al traslado. Tanto ISS, como Glass Lewis, como de Corporance habrían recomendado votar a favor del cambio de sede.
No obstante, ya se conoce que algunos accionistas se opondrán. El fondo soberano noruego, por ejemplo, ha avanzado que votará en contra porque la operación limita algunos derechos de los accionistas minoristas; si bien no hace referencia a ninguna otra causa.
Su oposición, sin embargo, no será suficiente para frenar la operación. Para que la empresa no pudiera seguir adelante con ella, al menos un 50,001% del capital debería rechazarla en junta. La otra vía es que un porcentaje suficiente de capital inste el derecho a separación durante el mes siguiente a la aprobación. La compañía habría establecido como un requisito que la oposición no superara el coste de 500 millones de euros.
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