El estallido de la crisis por la Covid-19 en marzo provocó que el Gobierno aprobara de forma urgente medidas sociales para suavizar el primer gran golpe sobre los colectivos más vulnerables. El lema "no dejar a nadie atrás" se completó en dos tandas con otra máxima: no dejar a nadie a oscuras. El parón de la actividad económica, con cierre de empresas y desplome del empleo, ha disparado los riesgos de caer en la pobreza energética, una situación que ya antes de la crisis afectaba a más de 3,5 millones de personas en España, según datos oficiales.
Para evitar la nueva ola, el Ejecutivo ha aprobado ampliar el bono social a los autónomos, facilitar el aplazamiento del pago de los recibos -avalando a las empresas comercializadoras-y favorecer los cambios de contrato de suministro sin coste para que pequeños comercios y pymes rebajen la factura energética hasta que puedan volver a la normalidad.
José Villacañas (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), con 50 años y un contrato de trabajo de tres meses que finalizaba en abril -el primero después de tres años en paro-, cree que esa normalidad tardará en llegar. Con ingresos familiares de 1.200 euros y un piso de 85 metros de alquiler subvencionado, Villacañas ya ha rebajado la potencia eléctrica contratada para reducir una factura que "va a aumentar con el confinamiento porque somos cuatro en casa".
Dificultades con el recibo
Como muchas otras familias, Villacañas cree que va a tener dificultades para pagar el recibo de la luz y considera que "las grandes empresas, que ganan miles de millones, deberían ser más solidarias y, en una situación como esta, ofrecer gratis un servicio que es esencial a quien no pueda pagarlo".
Las medidas son fáciles de enunciar, pero difíciles de aplicar en el complejo sistema eléctrico, con los usuarios divididos en dos mercados, el regulado por el Gobierno -más barato, con 11 millones de usuarios - y el liberalizado -imperfecto- y en el que cinco grandes compañías comercializadoras y una pléyade de pequeñas sociedades compiten por 18 millones de clientes. Ese es el escenario en el que ha caído como una bomba el parón de actividad.
El Gobierno afrontó el frente de la pesadilla a tientas, sobre la marcha, algo que forzó rectificaciones. Un ejemplo: el borrador del decreto que amplió el derecho al bono social eléctrico para los autónomos tuvo una redacción previa que incluía (artículo 28) "a los trabajadores por cuenta ajena afectados por ERES". Este punto desapareció en el último momento en la redacción final, según fuentes al tanto del proceso. El campo de posibles beneficiarios hubiera sido millonario. Un granero añadido al colectivo de 1,2 millones que disfrutaba de los descuentos de hasta el 25% del bono social en septiembre de 2019 (Ver gráfico).
Nuevos acogidos
A día de hoy, el número de nuevos acogidos al bono social no está claro. Los primeros cálculos del Ejecutivo apuntaban a un posible aumento de hasta 500.000 nuevos usuarios "vulnerables". Las grandes compañías todavía no tienen cálculos precisos. Sólo Naturgy e Iberdrola han adelantado cifras de las últimas semanas. Iberdrola recoge 100.000 peticiones de ayuda de hogares, pymes y autónomos: 44.000 bonos sociales, 11.000 peticiones para fraccionar pagos en 12 meses y 12.000 rebajas de potencia contratada. Naturgy, por su parte, detalla que las peticiones de aplazamiento de pago recibidas son 29.000, de las cuales 20.000 corresponden a hogares.
Hay ofertas de las empresas, peticiones de usuarios y picaresca por frentes diversos. Hay empresas con contratos de suministro que diferencian distintos tramos de consumo y que solicitan rebajas de potencia a conveniencia; eléctricas que ofrecen aplazamientos de pago, pero sólo si el cliente cambia del mercado regulado al libre, y grandes comercializadoras que se frotan las manos porque los autónomos que tenían contrato con pequeñas compañías tienen que contratar con las comercializadoras de los grandes grupos (las denominadas COR, de referencia) si quieren beneficiarse de las ayudas del bono social.
Jorge Morales de Labra, empresario y vocal de la Fundación Renovables, cuestiona el esquema de ayudas diseñado por el Gobierno"que ha primado el statu quo al permitir que algunas compañías exijan el trasvase del mercado regulado al libre para aplazar las facturas, algo escandaloso" y que pone de manifiesto, en su opinión, las carencias de la liberalización y el funcionamiento de un mercado en el que los grandes grupos mantienen ofertas poco claras, con precios muy por encima de los regulados.
Alianza contra la pobreza
En ese contexto, los colectivos más afectados estiman que el Ejecutivo debería haber ido más allá con las ayudas ."Lo aprobado no es suficiente" explica la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), María Campuzano. En su opinión, las medidas no resuelven los problemas de quienes ya estaban en mala situación, más teniendo en cuenta que el confinamiento provocará un mayor consumo en hogares con poca renta. APE cuestiona además que sea el Estado el que avale los aplazamientos de pago por parte de las grandes eléctricas.
Malos tiempos para un sistema como el eléctrico, de competencia imperfecta. Los impagos van a aumentar y pueden poner contra las cuerdas a las pequeñas empresas comercializadoras, que no pueden cortar el suministro mientras dura la crisis y que, a menudo, trabajan con márgenes de beneficio muy pequeños para arañar clientes a las grandes compañías. La situación es delicada porque si se mantiene, puede ser un paso atrás para la competencia, admiten fuentes de la CNMC.
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