Sábado, 04.04.2020 - 17:42 h
¿Proyecto industrial o toma de control?

Los casos de OHL y Gamesa sacan los colores a la CNMV por la ausencia de opa

Las últimas operaciones han puesto la lupa en el regulador. Consideran que no hay razones para dispensar al comprador de realizar una oferta pública.

Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Los casos de OHL y Gamesa sacan los colores a la CNMV por la ausencia de opa. / EP

Movimientos en el mercado empresarial nacional. En la última semana se han anunciado dos importantes operaciones de compañías cotizadas: la posibilidad de que la familia mexicana Amodio -a través de Caabsa- tome hasta el 35% de la histórica constructora de los Villar Mir, OHL, y por otra parte, la venta por parte de Iberdrola de su 8% en Gamesa a su accionista mayoritario, Siemens. Ambas operaciones, la segunda de ella ya está confirmada, la primera es una posibilidad, se harán sin ofertas públicas de adquisición de acciones (opa) pese a superar el margen del 30% a partir del que la ley obliga a hacerlo. Por ello, se pone en el foco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), institución que autoriza este tipo de operaciones, que ha sido señalada por minoritarios y otros inversores tras sentirse discriminados ante estas operaciones. 

La primera de ellas en salir a la luz fue la de la constructora. Tras varios meses con la idea de que la familia mexicana de Caabsa pudiesen comprar una parte del capital de los Villar Mir en OHL, esta semana la compañía comunicó a la CNMV que había recibido una carta de los Amodio en la que se les trasmitía la posibilidad de analizar una "integración del negocio de construcción de Caabsa Infraestructuras y de OHL mediante una potencial fusión mediante la absorción por OHL". 

La empresa convocó entonces a su consejo de administración para ese mismo día y tras su celebración informó de que ambas partes habían llegado a un acuerdo para que la constructora llevase a cabo un 'due diligence' y una valoración del negocio de Caabsa. La intención de los mexicanos es hacerse con entre un 31 y un 35% del capital de la española -por lo que su participación estaría por encima del 30% que marca la ley- pero sin lanzar una opa.

Para justificarlo se escudan en la cláusula de exención de opa que consta en el artículo 8 del Real Decreto sobre el régimen de opas y que elimina esta obligación en caso de fusión si se justifica que el objetivo de la misma es "industrial o empresarial" y no de toma de control de la compañía. La CNMV debe pronunciarse aún al respecto, pero según confirman fuentes conocedoras a este medio, parece que "no podrán mayores inconvenientes". 

Esta fue precisamente el resquicio legal al que se acogió la primera operación de Iberdrola y Siemens, por la que acordaron fusionar Gamesa con la compañía alemana, y que permitió que la segunda alcanzase el 59% del capital en la sociedad resultante, quedándose la eléctrica con poco más de un 8%. "En aquel momento se hizo una fusión entre dos empresas complementarias", señalan a La Información desde Aemec, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios, por lo que consideran que la exención se efectuó correctamente. "Se escudaron en que pese a tener el 59% del capital no tenían el control porque Iberdrola era una empresa muy potente", confirman. 

Pese a ello recalcan la forma en que se incorporó a la normativa este artículo, en los años 90, en un momento en que era necesario facilitar las operaciones de concentración por la crisis que se estaba viviendo. En cambio, las cosas ahora son bien diferentes. Hace apenas unos días se anunciaba -tras mucho tiempo de hostilidades entre ambas compañías- un acuerdo para que Iberdrola vendiese su 8% del capital de Gamesa a Siemens, el que había sido originalmente el apoyo para que la ahora compradora lanzase una opa.

"¿Ahora que Iberdrola se marcha, hay un cambio jurídico?", se preguntan los defensores de los minoritarios, "ya no existe el socio industrial en el que se escudó la anterior exención", por lo que consideran que ahora sí "hay una toma de control sobrevenida al haber solo un gran socio" -al contar con un 67% de la compañía-, ya que el resto del capital está en manos de accionistas minoritarios. Los números de la operación, unos 1.100 millones de euros por el conjunto del paquete, dan como resultado un precio de 20 euros por acción lo que supone una prima de más del 25% con respecto a la cotización del momento de anunciar la operación. 

"Las reglas del juego son las que son y todos deben seguirlas, más en una empresa cotizada", dicen fuentes de Aemec. Por ello, estudian los planteamientos jurídicos al rededor del caso para tomar una decisión al respecto. "Ese proyecto industrial de dos socios puede haberse convertido en una toma de control sobrevenida", confirman. La CNMV está así en el foco de la polémica y en la mente de los minoritarios y el resto de accionistas que no tienen acceso a las mismas y ventajosas condiciones que va a disfrutar el gran vendedor. 

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