No fue un veto explícito. Ni tampoco la inclusión de gigantes chinos en la lista de proveedores peligrosos. Lo que ha desatado una pugna en los tribunales es la orden de ayudas para desplegar las redes ultrarrápidas 5G en zonas remotas y rurales. Vodafone y Huawei ya han presentado sendos recursos contencioso-administrativos en la Audiencia Nacional. Ambos creen que la exclusión 'de facto' de Huawei (y ZTE) en ese documento contraviene la ley. Ninguno de los dos ha optado por reclamar la suspensión cautelar por lo que todo sigue adelante sin más cambio. Todo apunta a que la resolución definitiva no llegará hasta el final del despliegue de esas infraestructuras subvencionadas.
Una suspensión cautelar acarrearía todo un frenazo a este proyecto y, sobre todo, podría poner en riesgo su ejecución por el incumplimiento de plazos de este dinero procedente de los fondos de recuperación 'Next Generation'. Fuentes de ambas compañías recurrentes confirman a La Información que, hasta el momento, no se ha presentado un recurso para suspender cautelarmente la medida ni hay previsión de hacerlo. Para Vodafone implicaría un freno a unas ayudas que, pese a ser más reducidas por las restricciones, permitirán abordar parte de la inversión. Y para Huawei supondría un golpe aún mayor ante el Gobierno y ante las propias operadoras, que a la postre también son sus clientes.
No hay un plazo establecido para la resolución de este conflicto. Se trata de un recurso contencioso-administrativo directamente ante la Audiencia Nacional. Varias fuentes jurídicas consultadas señalan que no habría sentencia de la Sala de lo Contencioso al menos hasta el año 2025, habida cuenta de la experiencia en recursos similares sobre órdenes ministeriales o decretos ley en sectores regulados. A esto habría que sumar un potencial recurso ante el Tribunal Supremo por la parte perjudicada con el primer pronunciamiento.
Hay que tener en cuenta que las ayudas que se ponen sobre la mesa por parte del Gobierno tienen una 'vida útil' de dos años. Es decir, la convocatoria arranca este mes de octubre y debería haber una resolución a finales de este ejercicio o principios del que viene con la lista de todos los beneficiarios. La fecha de finalización de los proyectos financiados sería el 31 de diciembre de 2025, cuando debería estar terminada la inversión vinculada. Esto hace que una sentencia definitiva sobre la orden ministerial pueda llegar en la recta final de la ejecución.
En el Gobierno continúan adelante con la convocatoria, que acaba el próximo 31 de octubre. Las operadoras tienen hasta esa fecha para presentar sus credenciales y sus proyectos para financiar despliegues en estas zonas. Una potencial sentencia en contra de ese veto 'de facto' a Huawei podría obligar a modificar esa condición y esto implicaría daños y perjuicios para las operadoras que no hayan podido acceder a las ayudas ante el temor de una devolución del dinero a posteriori.
El origen de la discordia
Pero, ¿cómo se llega hasta aquí? El pasado mes de junio se desató la polémica en el sector de las telecomunicaciones. El Ministerio de Asuntos Económicos aprobaba una orden por la que se establecían las bases reguladoras para las ayudas al despliegue de equipamiento activo de redes 5G en zonas rurales donde no hay 4G con al menos 50 'megas' de velocidad de transferencia. El problema: el artículo 10. En él se contemplan las obligaciones de los beneficiarios. Y entre ellas se encuentra lo referido a suministradores de red como Huawei o ZTE. Se señala que si una vez ejecutado el proyecto de inversión el proveedor es declarado de alto riesgo por el Gobierno español o por la UE, la teleco tendrá que sustituir ese equipamiento por otro que no se encuentre en dicha situación, asumiendo el coste y en un plazo máximo de dos años.
Hay que tener en cuenta que tanto Orange como Vodafone cuentan con muchos elementos de su red de 4G y partes de la 'radio' de 5G con tecnología de Huawei que es uno de los candidatos a ser incluido en esa 'lista negra' (el área más sensible, conocida como 'core', está excluida). Ante las duras críticas de varias de las operadoras, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones introdujo varias modificaciones pero manteniendo ese veto. Eso sí, los cambios permitían reducir parcialmente el efecto de concentración de las ayudas en Telefónica ante el riesgo regulatorio de sus dos principales rivales, apuntan fuentes del sector. Lo hace con un bloqueo que tiene varias excepciones pero por el que un operador solo puede quedar como máximo en 30 provincias como primero y principal beneficiario. Ese primero se quedaría con el 75% del presupuesto asignado al territorio y un segundo podría lograr hasta el 25% del dinero público.
Pese a ese 'cap', Vodafone ha presentado su recurso para tratar de tumbar esa cláusula de veto. También lo ha hecho Huawei, que ha pasado a un 'modo ofensivo' en varios de los mercados europeos (en Portugal ha hecho lo mismo por su exclusión de este país y en Alemania también seguirá los pasos). Considera que la cláusula de la polémica "es contraria a Derecho y desproporcionada", pues "interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor". "Busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios", apunta. Por su parte, Orange mantiene silencio y descarta hacer comentarios. La compañía sigue estudiando la convocatoria.
La Comisión como excusa
El Gobierno se agarra a la posición de la Comisión Europea y los avisos lanzados de los organismos supranacionales. El 15 de junio hubo una comunicación desde Bruselas para reclamar que se tomen decisiones para limitar lo que ellos entienden como proveedores de riesgo. "La Comisión considera que las decisiones adoptadas por los Estados miembros para restringir o excluir a Huawei y ZTE de las redes 5G están justificadas y son conformes con la 5G Toolbox", apuntaban. Un par de meses más tarde, en agosto, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, confirmó que Bruselas restringirá el acceso de los proveedores chinos a los programas e instrumentos de financiación de la Unión Europea porque representan "riesgos materialmente mayores que otros proveedores de 5G".
Ahora, queda año y medio o incluso dos años de tramitación de los dos recursos en los tribunales. Y así es como se lanza el primer gran frente relevante del sector de las telecomunicaciones contra el Gobierno de España en el último lustro, donde las operadoras han vivido un cierto 'idilio' con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La propia Vodafone fue especialmente cercana con el Ejecutivo, al que alabó en varias ocasiones, incluso en las conferencias con analistas, por las mejoras fiscales y los guiños ejecutados. Sin que aún haya una lista de proveedores peligrosos en el 5G, la batalla ya ha comenzado.
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