Sábado, 23.03.2019 - 20:41 h
La Audiencia Nacional no ha decidido aún la admisión

La querella contra cinco exministros por el Castor encalla en el juzgado de Lamela

La juez pidió el 3 de abril a la Fiscalía un nuevo informe antes de asumir el caso y empezar a practicar diligencias

Instalaciones del almacén de gas Castor.
Instalaciones del almacén de gas Castor. / EFE

La querella interpuesta el 27 de febrero por varias asociaciones contra cinco exministros; cargos de la Comunitat Valenciana y empresarios como Florentino Pérez (ACS) por el caso Castor, no tiene el camino despejado. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en quien ha recaído el caso, aún no ha decidido sobre la admisión a trámite de la querella. La Fiscalía se ha manifestado a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para asumirla, pero la juez quiere curarse en salud. El 3 de abril, según fuentes de la Audiencia, solicitó un nuevo informe para conocer la opinión de la Fiscalía más a fondo, así como el tipo de diligencias a practicar.

Desde la presentación de la querella, que afecta a cuatro exministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de Mariano Rajoy han pasado casi dos meses. Según fuentes de la Audiencia Nacional es un plazo relativamente ajustado en el proceso de admisión o de rechazo de querellas. Largo, pero no excepcional. En eso coinciden las asociaciones querellantes -Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)-, así como las fuentes jurídicas consultadas.

Un juzgado atareado

La lentitud para decidir si se admite o no la querella está relacionada con la carga de trabajo del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional y con la complejidad del asunto. La juez Carmen Lamela se ha hecho cargo en los últimos meses de temas relacionadas con el proceso de secesión en Cataluña y esa carga se nota en el juzgado.

Lamela es la magistrada que interrogó al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras el referéndum del 1-O y al que ha procesado por sedición. Es también la juez que decidió el ingreso en prisión de los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

El Caso del almacén de gas Castor, está vivo en varios frentes, no sólo en la Audiencia Nacional. Hay tres bancos -Santander, Bankia y Caixabank- que reclaman al Estado los 1.350 millones que adelantaron para indemnizar a las constructoras y hay un Ministerio, el de Energía, que no ha decidido todavía qué hacer tras la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el decreto de indemnización.

Todas las partes implicadas en el caso se miran de reojo. El Ministerio de Energía remite a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC); esta, por su parte, ha paralizado los pagos a la banca mientras espera una solución por arriba y la empresa que gestionó la deuda del almacén Castor, Enagás, defiende que su papel en la operación fue muy limitado.

Para los querellantes, lo fundamental es que lo que denominan "acción ciudadana" consiga frenar el pago de los 1.350 millones de deuda suscritos por la banca y endosados a los usuarios.  Con los intereses (4,3% pactado) y en los 30 años de plazo previstos, la carga para los ciudadanos ronda los 2.500 millones de euros.

Cruce de demandas

En el caso -probable dada la posición de la Fiscalía- de que Lamela admita la querella de las asociaciones, puede haber cruce de demandas. Al menos uno de los querellados, que solicita anonimato, ha confirmado a La información que demandará a los querellantes por acusar con datos falsos sobre su papel en el fallido proyecto de almacenamiento.

Entre los acusados en la querella figura Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre el 15 de septiembre del 2006 y el 17 de abril de 2008. Se acusa al exalto cargo  de compartir sociedad con otro de los querellados, Recaredo del Potro, presidente de Escal-UGS, la sociedad de ACS y de sus socios canadienses, encargada de desarrollar el fallido proyecto Castor.

Según la querella, Nieto y Recaredo del Potro fueron socios en la empresa IREM Energy entre los años 2012 y 2014, cuando el propio Del Potro liquidó la sociedad. Según Nieto, tras su salida del Ministerio de Industria en 2008, dirigió empresas públicas de Defensa y de Fomento (Ineco) hasta el año 2012. Ese año, asegura, montó un proyecto de ingeniería-IREM Energy- en el que dio entrada a Recaredo del Potro, al que había conocido en su etapa en la Administración. Según Nieto, la sociedad no fue bien, apenas facturó y Del Potro no tuvo un gran papel más allá de ayudar a liquidar la compañía.

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