La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado la liquidación de ingresos y gastos del sector gasista correspondiente a diciembre. La cuenta mantiene paralizados los pagos a Caixa, Banco Santander y Bankia por el almacén de gas Castor -en torno a siete millones mensuales- cuestionados en diciembre por el Tribunal Constitucional.
La decisión de la CNMC coincide con un periodo de tregua entre los bancos y el Ministerio de Energía, a la espera de que fructifique una solución para que la banca recupere los 1.350 millones que asumió como deuda a cobrar con intereses (4,3%), durante 30 años. La polémica de Castor, el proyecto fallido que desarrolló la compañía Escal (66,7% de ACS) volverá a la Comisión de Energía del Senado esta semana.
La CNMC publicará la liquidación del gas de diciembre en los próximos días. Lo hará con un cierto retraso porque la decisión del Constitucional de diciembre dilató el ajuste de ingresos y gastos del mes anterior. Para la banca no será ninguna sorpresa. Desde la sentencia de diciembre saben que tienen que armarse de paciencia -y de argumentos legales- para recuperar la deuda de 1.350 millones que les cedió Enagás (5% SEPI) por cuenta del Gobierno.
Tregua y acercamiento
De momento, hay tregua. Caixa, Santander y Bankia esperan que funcionen los canales de acercamiento al Gobierno y al Ministerio de Energía que han abierto en los últimos días. El Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos precisa que ninguno de esos canales pasa por sus inmediaciones, aunque otras fuentes lo dan por cierto.
La tregua existe de facto. La sentencia del Constitucional ha cuestionado las decisiones relacionadas con el almacén de gas Castor de dos Gobiernos -el socialista que autorizó la instalación y sus condiciones y el del PP que materializó la solución por decreto-. Pero han pasado prácticamente dos meses y las entidades no han tomado medida legal alguna.
Hay un paréntesis en el enfrentamiento, aunque las razones para el choque no han desaparecido. El ministro de Energía intentó esquivar la polémica en la comparecencia ante la Comisión de Energía del Congreso. Pero la polémica está completamente abierta. Los bancos, sostienen fuentes al tanto del caso, están obligados a reclamar los 1.350 millones que han adelantado. Pero prefieren apurar al máximo antes de declarar las hostilidades. "¿Alguien se imagina al Banco Santander demandando al Gobierno?", se preguntaba hace unos días un abogado de uno de los bufetes más activos en el Madrid de los negocios.
La respuesta más obvia es que no... mientras haya una solución posible. En caso contrario, sostienen fuentes de una de las entidades afectadas, se procederá. ¿Contra quién? Probablemente, señalan fuentes empresariales, contra todas las partes implicadas: El Gobierno que aprobó el decreto; la CNMC por paralizar los pagos; Enagás por haber colocado la deuda y ACS y sus socios canadienses por haberse embolsado 1.350 millones de un proyecto fallido por sus consecuencias sobre la población más próxima aterrorizada en 2013 por los continuos terremotos.
El peor escenario
El peor de los escenarios para la banca es el del enfrentamiento abierto. Por incierto y por complejo. Basta con un par de ejemplos. Si Bankia decidiera interponer acciones, en conjunto o en solitario, contra el Gobierno, contra la CNMC, contra Enagás, o contra todos ellos, sería una entidad pública -Estado al fin- reclamando al Estado. Y si Caixa interpusiera acciones contra ACS, lo que no es descartable, sería la acción de una entidad comprometida en una de las grandes operaciones del año -la OPA sobre Abertis- cargando contra uno de los posibles compradores de la concesionaria, ACS.
Fuentes de una de las sociedades inmersas en el caso resumía la situación de forma gráfica: "Un lío". De momento, sin solución. Las entidades disponen de un año para reclamar a partir de la paralización de los pagos, lo que sucedió en la liquidación de la CNMC de noviembre. Pero prefieren una solución en forma de norma negociada y pactada en el Parlamento.
No es una vía fácil. El ministro de Energía Nadal se encuentra, una vez más, solo en la polémica. Los socialistas han rechazado el paquete de enmiendas que el Gobierno pretendía introducir en la Ley contra la Sequía en el Senado y exigen una reforma integral del mercado energético.
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