Hace dos años, tras una tensa negociación, la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera y las compañías eléctricas propietarias de las cinco centrales nucleares que operan en España, llegaron a un acuerdo para cerrar todas las instalaciones entre 2027 y 2035. Aparentemente, era el punto final de un debate entre partidarios y detractores de la energía nuclear. Aparentemente. El director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael M. Grossi, reclama un lugar para la industria del átomo en el debate medioambiental y sostiene que el apagón nuclear pactado en España "como toda decisión política, puede estar sujeta a variaciones y a cambios".
Grossi, diplomático argentino, dirige desde hace un año el organismo internacional con sede en Viena y al que pertenecen 171 estados. El exembajador, que ha participado en un acto organizado por Foro Nuclear -la asociación de la industria del sector en España- defiende un lugar en el debate medioambiental. "Tratamos de impulsar un debate realista, sin timideces infundadas" afirma. Su respaldo es el peso que la generación eléctrica de origen nuclear tiene en elmundo. Las centrales generan más del 10% de la eléctricidad y representan un tercio de las energías que no generan emisiones contaminantes.
"La actividad nuclear vive un momento interesante y con muchas posibilidades. También con problemas, también con cuestionamientos y también con legítimas decisiones nacionales, incluida la de España, de avanzar hacia una gradual desaparición de la actividad que también, como toda decisión política, puede estar sujeta a variaciones y a cambios" asegura Grossi. "En cualquier modelo de transición energética" remacha " el aporte nuclear es necesario”. En este sentido, explica que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, “predice en todos sus modelos que sin la energía nuclear sería imposible reducir las emisiones contaminantes y cumplir los acuerdos internacionales en esta materia”.
Endesa y los impuestos
El debate nuclear en España no está cerrado. No se trata sólo de la OIEA. Endesa, una de las grandes compañías propietarias de centrales, considera que más que plantear el cierre del parque nuclear "hay que pelear" con el Gobierno para bajar algunos de los impuestos que gravan las centrales, para que su rentabilidad sea "razonable". Así lo ha explicado recientemente el consejero delegado de la empresa, José Bogas. La compañía, que finalmente aceptó firmar el plan de cierre de centrales a partir de 2027 y hasta 2035, se resistió durante meses a aceptar cualquier documento que consolidara un calendario. Abogó siempre por aprobar un documento "orientativo", flexible, de mínimos, y con el menor peso legal específico posible.
Endesa nunca ha compartido los mismos intereses que Iberdrola y Naturgy en el sector nuclear. En su contabilidad amortizaba todas las centrales nucleares a 50 años. Sus rivales lo hacen a 40 y a Endesa le interesa que las centrales funcionen el mayor tiempo posible, más allá de los 40 años de la vida de diseño. Esas diferencias ya hicieron saltar chispas con Iberdrola en la central compartida de Almaraz (Cáceres) hasta el punto de amenazar el plan de cierres.
Las declaraciones de Grossi y de Bogas animan un debate que está por cerrar y que tiene flecos pendientes. Uno de ellos, fundamental para el plan de cierres, es decidir dónde se van a ubicar los residuos. Los generados y los que produzcan los desmantelamientos. La empresa pública Enresa, la encargada de gestionar los desechos, ha elaborado un plan de almacenamiento -pendiente de aprobación- para sustituir al vigentede 2006.
Se apruebe cuando se apruebe el plan, la pieza clave es el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Enresa lo defiende. Pero no se pronuncia sobre su posible ubicación. Tampoco lo ha hecho el Gobierno. Ha paralizado el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) pero sin descartarlo por completo y barajando la posibilidad de acometer un proyecto alternativo en alguno de los municipios nucleares ya existentes. El ATC de Cuenca sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo de Seguridad Nuclear -son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental.
Futuro incierto
El futuro del proyecto es incierto, pero no lo es el esfuerzo que ya ha supuesto. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros. La mayor parte, el 58%, ha ido a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola. La inquietud por lo que supone el apagón nuclear se extiende a las comarcas que han vivido en las últimas décadas de las subvenciones relacionadas con las centrales. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Los municipios quieren asegurarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno.
La inquietud municipal se centra en la posible modificación por la Ley del Clima de otra norma, la Ley 25/1964 de 29 de abril de Energía Nuclear, para que las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en el marco del Plan General de Residuos del Gobierno, sean consideradas obras de interés general que "no están sometidas a ningún acto de control municipal" de los que figuran en la ley reguladora de las bases del régimen local.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios