La investigación judicial de una fuga radioactiva en la central nuclear de Vadellós II en febrero de 2018, ha destapado un presunto conflicto de intereses en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El exdirector de Seguridad Nuclear del organismo regulador, Antonio Munuera, y la subdirectora de Instalaciones Nucleares, Cristina Les, declararon hace unas semanas ante el juez de Tarragona que investiga el incidente. Declararon a petición de la defensa de la empresa. La declaración ha generado un fuerte debate en el Comité Asesor del CSN. La organización Greenpeace, que forma parte de dicho comité, ha preguntado si el Consejo ha ordenado o autorizado la declaración de los directivos a petición de parte, algo que podría ser considerado como una connivencia entre el regulador y la parte regulada.
El debate está plagado de matices. Técnicos del CSN, pertenecientes a la asociación de técnicos del CSN ASTECSN, han declarado también en el caso, pero lo han hecho a petición de la acusación. En este caso no habría conflicto puesto que la parte denunciante no es parte regulada, lo que sí sucede en el caso de la empresa. Está en juego lo que se denomina "captura del regulador", la connivencia entre regulador y regulado, una anomalía que tuvo un papel destacado en el desastre de Fukushima de 2011, según la investigación que llevaron a cabo las autoridades japonesas.
En España, el juzgado de instrucción número dos de Reus mantiene abiertas diligencias penales contra la central nuclear Vandellós II a instancias de la asociación Sociedad Humana. El juzgado investiga una presunta actuación delictiva debido a una "imprudencia muy grave" en la gestión de una fuga en febrero de 2018. De acuerdo con la denuncia presentada contra los responsables de la central, esta habría estado funcionando 17 días en febrero de 2018 con una fuga en la barrera de presión, "la parte que controla la temperatura estable del núcleo".
Fugas no identificadas
La instalación siguió funcionando porque las fugas de refrigerante del reactor fueron clasificadas como "no identificadas". En la estricta escala de especificaciones del Consejo, esa clasificación permitió que la central siguiera operando. Si la clasificación hubiera sido de "fuga en la barrera de presión" hubiera sido obligatorio proceder a la parada inmediata y ordenada de la central, con las pérdidas que ello conlleva. De alguna forma llueve sobre mojado porque ya en el año 2000, la dirección de Seguridad Nuclear del Consejo advertía a los responsables de centrales que "las prácticas operativas seguidas con fugas que podrían constituir fugas en la barrera de presión "no siempre han permitido la aplicación correcta de las especificaciones técnicas".
Más allá de la cuestión técnica, el debate abierto en el Comité Asesor por el papel que han jugado dos de los altos cargos del CSN afecta al juego de equlibrios tras el cambio de presidente y de consejeros hace un año y medio. Ha habido renovación en lo alto, pero sigue prácticamente intacto el equipo de dirección de la etapa del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dos de los puestos clave, el de secretario general (Manuel Rodríguez) y el de directora de Protección Radiológica (Maria Fernanda Sánchez Ojanguren), se mantienen sin cambios, al igual que ocho de las nueve subdirecciones generales. Secretario general y directores técnicos deben ser nombrados por el Gobierno.
Para organizaciones como Greenpeace, la permanencia de altos cargos de la etapa de Fernando Marti como presidente del CSN explica que se mantengan prácticas discutibles como las que se registraron en Vandellós en el año 2018. Sólo el Gobierno, apuntan fuentes internas del CSN, puede tomar cartas en el asunto y proceder a la renovación de los cargos de secretario y director técnico. Es algo que no puede hacer ni el actual presidente Josep Maria Serena, ni el consejo del organismo. En 2013, cuando el Gobierno del PP nombró presidente a Fernando Marti, sí hubo relevo prácticamente inmediato del secretario, de los directores y de los subdirectores.
Más vida para las centrales
La investigación de Vandellós II coloca de nuevo en primer término al exdirector técnico de Seguridad del CSN Antonio Munuera. Este tuvo un papel destacado -y polémico- en el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Entre otras cosas, el director del CSN fue decisivo para que el consejo aprobara en febrero de 2017 la polémica renovación de la licencia de actividad de la central de Garoña. El Gobierno decidió el cierre de la instalación seis meses después.
Munuera se jubiló después de 35 años en el Consejo en noviembre de 2018. Apenas un mes después fue propuesto como director de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), propiedad de la SEPI (60%) y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (40%). El paso del directivo desde el organismo regulador a una empresa regulada fue recibido con recelo y la SEPI paralizó el nombramiento.
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