Los 11 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada de la luz, la que supervisan y aprueban a dos manos el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), han empezado el año como finalizó 2019: sin cambios; ni para bien ni para mal. Las modificaciones en las metodologías de cálculo de los costes fijos del sistema para los próximos años y la ausencia de un Ejecutivo con competencias plenas ha obligado a parchear con prórrogas las órdenes de peajes del año 2019. La situación se prolongará durante meses, a la espera de que se aprueben definitivamente los cambios en la estructura del recibo propuestos por la CNMC.
Lo que está por llegar ampliará las posibilidades de ahorrar en la factura de los usuarios acogidos a la tarifa regulada. Los hogares con contrato en el mercado libre pagarán las tarifas acordadas con su distribuidor. Pero para 11 millones de clientes, si se cumplen las previsiones, habrá cambios favorables. Su factura contará con tres tramos horarios, y con la posibilidad de contratar dos potencias diferentes, una para el día y otra para la noche y fines de semana.
Habrá también peajes más baratos desde la medianoche hasta las 8 de la mañana de lunes a viernes y lo mismo los fines de semana y festivos nacionales durante todo el día. Eso sí, a costa de pagar un poco más de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche los días laborables. Se pagará un 5,6% menos en los peajes.
Dictámenes pendientes
Pero eso sucederá en los próximos meses. En estos momentos, hay circulares aprobadas por la CNMC que están pendientes de dictamen en el Consejo de Estado y hay también anuncios de cambios profundos en el funcionamiento del mercado eléctrico que requerirán meses de elaboración y de negociaciones tras la formación del Gobierno de coalición. Mientras todo lo anunciado se concreta, el sistema está "parcheado" con la prórroga de la orden de peajes del año 2019, que contemplaba un roto en la cuentas del sistema -déficit- de 450 millones, compensable con superávits de años anteriores.
Empresas y usuarios están muy pendientes de los anuncios de reformas adelantados en las últimas semanas en el acuerdo del PSOE con Unidas Podemos para el sector energético. En el recibo eléctrico, hay una propuesta que afecta al corazón del negocio de las compañías distribuidoras: revisar la composición de la parte fija y variable de la factura para “reducir el porcentaje que representa el término fijo de potencia” y que pese más la energía consumida.
La idea que está detrás de la propuesta es acabar con el esquema que ha venido funcionando hasta ahora: pocos cargos para los clientes con alta tensión (grandes empresas e industrias); cargos más altos para los clientes en media tensión y muy altos -en comparación- para los clientes de baja tensión. Estos son, en su gran mayoría, hogares y pymes.
Reparto de costes
La propuesta fue lanzada apenas un mes después de que la CNMC aprobara la circular de peajes eléctricos que reparte entre los consumidores los costes del sistema, unos 7.000 millones de euros e intenta asegurar su cobro. Tras un intenso debate interno, Competencia ha decidido modificar la estructura del recibo de la luz de los consumidores domésticos, con menos de 15 Kw de potencia contratada, de forma que los costes no recaigan por completo sobre el término fijo -potencia- del recibo sino que dependan en un 25% del consumo.
El cambio en la estructura del recibo de la luz es un asunto polémico. España tiene el término fijo de la factura eléctrica más caro de Europa. Todo por la reforma que aprobó el Gobierno del PP en el año 2013, que prácticamente duplicó el coste del peaje de potencia y potenció la parte fija del recibo (la potencia contratada) frente a la energía consumida, la parte variable. Los críticos, entre los que se encuentra la Unión Española Fotovoltaica (Unef), han sostenido que la parte fija del recibo ha pasado de representar el 20% en 2012 al 40% en 2019, lo que es una excepción, aseguran, a nivel internacional.
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