El acuerdo de Gobierno cambia el recibo de la luz para ajustarlo al consumo real

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos contiene varias cargas de profundidad para las grandes compañías eléctricas: desde la promesa de cambios en el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad, que fija un 35% del recibo regulado de la luz, a la revisión de las ayudas para mantener abiertas determinadas instalaciones. Pero para el usuario de a pie hay una propuesta de especial interés y es revisar la composición de la parte fija y variable de la factura para “reducir el porcentaje que representa el término fijo de potencia” y que pese más la energía consumida.

La idea que está detrás de la propuesta es acabar con el esquema que ha venido funcionando hasta ahora: pocos cargos para los clientes con alta tensión (grandes empresas e industrias); cargos más altos para los clientes en media tensión y muy altos -en comparación- para los clientes de baja tensión. Estos son, en su inmensa mayoría, hogares y pymes.

La propuesta llega un mes después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) haya aprobado la circular de peajes eléctricos que debe entrar en vigor el 1 de enero. La norma de Competencia reparte entre los consumidores los costes del sistema eléctrico, unos 7.000 millones de euros e intenta asegurar su cobro. Tras un intenso debate interno, Competencia ha decidido modificar la estructura del recibo de la luz de los consumidores domésticos, con menos de 15 Kw de potencia contratada, de forma que los costes no recaigan por completo sobre el término fijo -potencia- del recibo sino que dependan en un 25% del consumo del usuario para estimular el ahorro.

El acuerdo político apunta más allá. El cambio en la estructura del recibo de la luz es un asunto polémico. España tiene el término fijo de la factura eléctrica más caro de Europa. Todo por la reforma que aprobó el Gobierno del PP en el año 2013, que prácticamente duplicó el coste del peaje de potencia y potenció la parte fija del recibo (la potencia contratada) frente a la energía consumida, la parte variable. Los críticos, entre los que se encuentra la Unión Española Fotovoltaica (Unef), han sostenido que la parte fija del recibo ha pasado de representar el 20% en 2012 al 40% en 2019, lo que es una excepción, aseguran, a nivel internacional.

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Ese reparto entre lo que "pesa" en la factura final la potencia contratada y lo que pondera el consumo real puede tener un efecto negativo ya que traslada al consumidor la idea de que paga lo mismo independientemente de su consumo. El grueso de los costes se carga sobre la parte fija del recibo, que es independiente del consumo. Expertos como Jorge Morales de Labra sostienen que en la práctica es un avance hacia una especie de tarifa plana para el consumidor doméstico, poco eficiente desde el punto de vista de la demanda y el medio ambiente.

También la Fundación Renovables ha cuestionado la estructura del recibo que PSOE y Unidas Podemos promete modificar. Según la Fundación que preside Fernando Ferrando, la estructura tarifaria, tal y como está diseñada, desincentiva la inversión en la mejora de las viviendas para ahorrar consumo y también la apuesta por el autoconsumo. Es un sistema regresivo, coinciden fuentes de Unef, porque con esta tarifa, un consumidor en situación de pobreza energética destina una mayor proporción de su factura a sufragar los costes del sistema.

En la CNMC, la sensibilidad es distinta. En los últimos meses, han defendido que las redes eléctricas -como las de gas- hay que pagarlas y ningún sector puede eludir su parte de la factura. Las fuentes consultadas en el organismo que preside José María Marín Quemada destacan que un cambio en la estructura tarifaria, como defienden algunas asociaciones y expertos, para cargar los peajes sobre la parte variable del recibo podría afectar de forma muy negativa a la industria.

En España, la estructura del recibo de la luz y el reparto entre los términos fijo y variable es la consecuencia de la subidas en la potencia contratada registrada entre 2012 y 2015. Las subidas tenían como fin cubrir el gran agujero del déficit tarifario, que llegó a alcanzar los 25.000 millones de euros. El sector fotovoltaico añade otra intención a las subidas: frenar el desarrollo del autoconsumo eléctrico. Dos órdenes ministeriales de 2013 aumentaron el término de potencia en un 37% con la intención, declarada por el Gobierno, de recaudar 885 millones de euros. No se logró. El aumento de recaudación no llegó a los 150 millones porque muchos usuarios redujeron la potencia contratada.