Repsol llevará a su junta general de accionistas -el 10 de mayo en segunda convocatoria- una votación consultiva sobre su estrategia de transición energética. La compañía asumió el compromiso de someter a escrutinio su hoja de ruta cada vez que realice una actualización de la misma o en caso de cualquier cambio significativo o de sus objetivos relacionados. De este modo, en esta ocasión se debe a la actualización del plan estratégico para el periodo 2024-2027 que presentó a finales de febrero.
Este punto en el orden del día coincide justo con la guerra que ha desatado Iberdrola con una demanda por competencia desleal y 'greenwashing', y las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en un principio cargó contra la compañía que dirige Josu Jon Imaz y después ha suavizado. En concreto, en la demanda, adelantada por El Confidencial, la eléctrica acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, "cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales".
"La estrategia de Repsol y su propuesta de valor a los clientes son únicas en la Península Ibérica y han generado nerviosismo en Iberdrola, una empresa que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado eminentemente regulado. Prueba de ese nerviosismo es la presentación de esta demanda, carente de fundamento", ha respondido la petrolera.
"Repsol seguirá creciendo en clientes de electricidad y continuará ofreciendo a la sociedad soluciones energéticas de presente y de futuro, como los combustibles renovables, que son vistos por parte de algunos, entre ellos Iberdrola, como una amenaza al discurso, falso, de que la electrificación es la solución única para reducir las emisiones de CO2 en el transporte", sostiene la compañía.
La compañía que preside Antonio Brufau se ha fijado como objetivo alcanzar una capacidad de producción de combustibles renovables de entre 1,5 y 1,7 millones de toneladas en 2027, incluyendo hidrógeno renovable y biometano, y hasta 2,7 millones en 2030 en la península ibérica y en Estados Unidos. Según su plan estratégico 2024-2027, los proyectos bajos en carbono supondrán más del 35% de las inversiones totales en el periodo. La multinacional española planea inversiones de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en los próximos tres años, de las que un 25% se proyecta en Estados Unidos.
Además, dentro del orden del día remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores también consta la distribución de un dividendo complementario de 0,5 euros brutos por acción a cuenta del resultado de 2023, que se pagará el próximo 8 de julio, así como un segundo reparto, de 0,45 euros brutos por acción, con cargo a reservas libres, con una distribución prevista en enero de 2025.
Los accionistas también examinarán una propuesta para reducir el capital social mediante la amortización de 40 millones de acciones propias, y se propondrá delegar en el consejo de administración la facultad de ejecutar total o parcialmente, o bien no ejecutar, una segunda reducción de capital mediante la amortización de un máximo de 121,7 millones de acciones propias, equivalente al 10 % del capital social.
